La vicepresidenta presenta en el Congreso las medidas que aprobará el gobierno antes de abril

Vuelco total al Estado socialista

25 ENE 2012 | Segundo Sanz. Madrid

"Ya no caben más aplazamientos", zanja Sáenz de Santamaría. Promete un acuerdo urgente para reformar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y RTVE. El Ejecutivo ya ha ahorrado 4,4 millones en gastos de personal.

Las líneas generales de actuación que trazó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su debate de investidura fueron ayer concretadas y ampliadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la primera de la legislatura en la Comisión Constitucional, que pasará a la historia parlamentaria por suponer el fin del socialismo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ninguna intervención desde el 20-N por parte de un miembro del Ejecutivo (incluyendo la posterior al Consejo de Ministros del ajuste fiscal) había albergado tal cantidad de anuncios sobre medidas a corto plazo.

En lo referente a las más altas instituciones del Estado, la ministra de la Presidencia confirmó que el Gobierno cambiará el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Una revisión que también fue deslizada por el Ejecutivo para ser aplicada al organigrama del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual era elegido por los propios jueces antes de 1985. En este sentido, Sáenz de Santamaría señaló que se han retomado las conversaciones con la oposición para agilizar el proceso de renovación del TC, pero avanzó que el Gobierno trabajará para establecer “nuevas fórmulas para el nombramiento de sus miembros, que aporten a la institución una mayor estabilidad y menor dependencia de las coyunturas parlamentarias de cada momento”. El objetivo, precisó, es la búsqueda de “menor dependencia parlamentaria”. Igualmente, en relación al máximo intérprete de la Carta Magna, aseguró que se suprimirá el recurso previo de inconstitucionalidad y se redefinirá el recurso de amparo para evitar que dicho tribunal se convierta en una instancia jurisdiccional más. En nexo con esto último, adelantó que el Gobierno presentará una Ley Orgánica con el propósito de garantizar que las funciones del TC se ajustan a las recogidas en la Carta Magna.

Otro de los ejes de la intervención fue el apartado dedicado a la transparencia. Si bien Santamaría recalcó que se reformará el Código Penal para exigir responsabilidades jurídicas a los políticos que despilfarren, puso como fecha límite para remitir el articulado a la Cámara Baja antes de julio. En esta línea, apuntó que habrá cambios como el diseño de un Boletín Oficial del Estado (BOE) “más personalizado” y de un Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) más nítido y accesible y que incorpore estudios de otros institutos. Además, dijo que se creará un Portal Digital de la Transparencia al que los ciudadanos podrán dirigir sus solicitudes, así como una “verdadera ventanilla de Información en Internet”. Todo ello, lo enmarcó, en la Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto, impulsada en julio de 2010 por Barack Obama y Dilma Rousseff.

En materia de contención del gasto, tampoco faltaron alusiones a los planes que se van a llevar a cabo. Tras exponer que la reducción de un 20% de altos cargos del Gobierno ha supuesto un ahorro de 4,4 millones de euros, la vicepresidenta manifestó que el Ejecutivo controlará “estrictamente” el uso de los aviones oficiales para los viajes de los ministros, reduciéndose las delegaciones al personal indispensable, y que establecerá una reducción del pago por alquileres para sedes del Estado, recuperando otras ahora inutilizadas. Respecto a la concesión de ayudas públicas, se comprometió a poner en marcha una reforma de la Ley de Subvenciones.

Organismos claveAl haber pasado ya a su competencia, la ministra de Presidencia aseguró la elaboración de un nuevo Estatuto de Personal para el CNI, que aprobará en febrero su Directiva Anual, modernizando sus objetivos. Además, Santamaría anunció una auditoría sobre RTVE, la renovación urgente de su cúpula y mostró la disposición del Gobierno a permitir la entrada de las radios en los estadios de fútbol. Preguntada por el PSOE sobre si el Ejecutivo va a paralizar la Ley de Memoria Histórica, zanjó que hay quienes guardan silencio ante actuales dictaduras.