González Pons: "De la Vega deslegitima cualquier iniciativa sobre el padrón"

28 ENE 2010 | Miguel Gil

Chaves aborda empadronamientos "irregulares" como el de su colega de partido. Proyecta que se califiquen como "fraude de ley" en la norma.

Madrid-. Miguel Gil. Madrid“De la Vega está empadronada en una casa deshabitada en un municipio en el que no vive, y de ese modo deslegitima cualquier iniciativa sobre el padrón del Gobierno al que pertenece”, declara a LA GACETA el responsable de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, deberá modificar su empadronamiento “irregular” en Beneixida (Valencia) cuanto antes si no quiere incurrir en un “fraude de ley”. No se trata de una advertencia de González Pons, sino de un colega de su Gabinete: el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
El anteproyecto de la reforma de la Ley de Gobierno Local que impulsa el vicepresidente tercero es tajante. Tal y como él mismo ha anunciado, “tanto si una persona que no vive en un municipio pretende empadronarse en el mismo por motivos electorales o para tener acceso más fácil a un colegio” cometerá un fraude de ley.
Así, el responsable de comunicación del PP pide a la vicepresidenta “que se dé de baja ya del padrón de Beneixida para no acabar avergonzando a sus compañeros de Gobierno. No me imagino cómo será el viernes en el que, tras el Consejo de Ministros, De la Vega comparezca en rueda de prensa para anunciar que el Gobierno ha aprobado una ley que prohíbe empadronamientos irregulares como el suyo”.
Según se desprende de las palabras de Manuel Chaves, se trata de endurecer la actual normativa Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril). Esta ley establece en su artículo 15 que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios, deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.
“Que haga caso”
Esteban González Pons lo tiene muy claro. Recomienda a Fernández “que haga caso a Manolo Chaves y vuelva a empadronarse en Madrid o en Segovia, que es donde tiene sus casas”.
Las contradicciones internas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la legislación española sobre inmigración ,avivadas tras la iniciativa del Ayuntamiento de Vic, han llevado al Ejecutivo socialista a anunciar una reforma de la Ley de Gobierno Local restringiendo el empadronamiento. El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial explicó el anteproyecto que prepara su Gabinete apuntando que “se trata de evitar el empadronamiento de aquellas personas que no viven en el domicilio que dicen vivir”, caso de la vicepresidenta Fernández.
Pese a que el mismo Gobierno reconoce implícitamente el “irregular” registro de la vicepresidenta primera y señala que en un futuro próximo esta situación puede convertirse en “fraude de ley”, Fernández mantiene la causa abierta contra el director y la directora adjunta de LA GACETA, Carlos Dávila y Maite Alfageme, precisamente por denunciar desde las páginas de la revista ÉPOCA su actuación irregular.
En primer lugar, por empadronarse donde no reside habitualmente y, en segundo lugar, por hacerlo a finales de 2007, fuera del entonces plazo previsto por la legislación, tal y como informó el semanario. Todo, con el afán de poder votar en Valencia, comunidad por la que se presentó encabezando la lista del PSOE que fue derrotada por la del PP. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, como relató ÉPOCA, se empadronó en Beneixida el 27 de noviembre de 2007, cuando el plazo para actualizar datos del padrón ya había concluido el 1 de noviembre y quedaba definitivamente cerrado el 1 de diciembre.
Sin documentos
El mismo día en que ÉPOCA publicaba un avance informativo del reportaje en el diario Lanacion.es, desde Moncloa trasladaban a la revista que Fernández había actuado siempre de acuerdo a la ley. Eso sí, sin aportar documentos que lo acreditaran.
Desde Vicepresidencia del Gobierno remitían a una resolución de 31 de enero de 2008 por la que Fernández se habría empadronado cumpliendo todos los requisitos legales. Sin embargo, la resolución no aparecía por ningún lado. Ni en ninguna web de la Administración ni en medio público alguno, y con el desconocimiento, por ejemplo, del principal partido de la oposición.
Finalmente apareció la resolución fantasma, que modificó los requisitos de actualización del censo. Casualmente se hizo pública el 20 de marzo de 2008, el mismo viernes en que la revista ÉPOCA llegaba a los kioscos. Posteriormente vino la querella por un supuesto delito de injurias y calumnias después de que la Abogacía del Estado instara a la Fiscalía a investigar los hechos... Fernández no se querelló, lo hizo mediante Administración interpuesta, pese a que se trata de una información que afecta a un hecho en su condición de ciudadana y no de vicepresidenta del Gobierno. Eso sí, cuando se trata de periodistas de la Cadena SER, Fernández es la primera que enarbola la bandera del derecho a “libertad de expresión”, como ha hecho recientemente.
Persecución
“Este Gobierno persigue a los periodistas y los ampara según el medio para el que trabajan; si yo fuera Dávila o Alfageme llamaría a Chaves de testigo para que le explique a De la Vega que decir que su empadronamiento es irregular es lo más natural del mundo. Empiezo a contar los minutos que faltan para que el abogado del Estado presente una querella contra Chaves por decir lo mismo que Dávila o Alfageme sobre empadronamientos como el de De la Vega”, concluye González Pons.
El dirigente popular tiene mucha experiencia al respecto. Ya ha ganado en los tribunales a la vicepresidenta en dos ocasiones. Y la Justicia reconoce “el carácter irregular del reiterado empadronamiento -con una particular interpretación de residencia habitual con la que tuvo lugar-”. Nada de “intromisión ilegítima” en su derecho al honor, como argumenta Fernández.