"Hay indicios suficientes para abrir juicio oral a Garzón"

25 ENE 2010

Guillermo García-Panasco, fiscal jefe de Las Palmas, afirma a LA GACETA que es "muy triste que un magistrado esté imputado".

Las Palmas.La imputación del juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por un presunto delito de prevaricación no deja a nadie indiferente. Guillermo García-Panasco, fiscal jefe de Las Palmas, vocal electivo del Consejo Fiscal y ex portavoz de la Asociación de Fiscales ha manifestado a LA GACETA que “en el caso de la Memoria Histórica existen indicios más que suficientes para que el instructor Luciano Varela pueda justificar la apertura de juicio oral”. “Esto se desprende de la simple lectura del auto de admisión a trámite de la querella”, que presentó el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias. Esta argumentación también está reforzada por el informe de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que en el procedimiento de origen ya se pusieron de manifiesto toda una serie de vulneraciones normativas, que son a la postre las que esa querella se admitiera a trámite por el Alto Tribunal, explica el fiscal García-Panasco. 

    Y es que “la imputación de un delito a un magistrado es muy triste para la Administración de Justicia”. Pero, esta situación, que indudablemente perjudica la imagen de la carrera judicial, también tiene un punto positivo. “Es muy sano que se transmita la idea de que nadie, ni siquiera los jueces y magistrados, están por encima de la ley”, subraya este miembro de electivo del Consejo Fiscal. 

    Respecto a las dos querellas que tiene el juez Garzón pendientes de su admisión o rechazo por el Tribunal Supremo (asunto Botín y Gürtel), García-Panasco guarda silencio. En el caso de las supuestas escuchas entre el abogado y su cliente en prisión “habría que estudiar si efectivamente existió un exceso en el ejercicio del derecho de defensa que justificara o no la intervención de unas comunicaciones”, subraya. 

¿Limitar los plazos?

El fiscal jefe de Las Palmas también ha valorado la propuesta del líder de la oposición, Mariano Rajoy, que quiere limitar el tiempo de las diligencias de investigación a un mes. “Claramente no soy partidario de esta medida por el plazo que se fija. Ahora bien, si limitamos los plazos lo tenemos que hacer para todos, esto es, también para la instrucción sumarial judicial”. Es más, “el plazo de un mes es sencillamente imposible, salvo que la propuesta complementaria sea duplicar la plantilla de fiscales”. Hay asuntos que por su propia complejidad es imposible tramitarlos en un mes, prorrogable por otro mes, asegura el fiscal. Por ejemplo, en materia como medio ambiente y urbanismo el plazo de seis meses que da la ley es muy pequeño porque para solicitar documentos a la Administración Pública pueden pasar dos meses, apunta. Para García-Panasco, “la propuesta de Rajoy denota un alarmante desconocimiento de lo que es nuestra estructura funcional y los asuntos que llevamos”. 

    Otro asunto importante que ha valorado el fiscal es la trama del caso Faisán. En su opinión, “es un asunto extremadamente grave y necesita una investigación en profundidad”. 

    En cuanto a las amenazas vertidas por un grupo de Facebook contra Intereconomía que desean “una muerte lenta y dolorosa” para los contertulios de Intereconomía TV, cadena que califican de “la puta televisión fascista y xenófoba”, García-Panasco explica que “la fiscalía actuará indudablemente. Es más, si se ha presentado la correspondiente denuncia, el fiscal estará personado”. Además, en todas las fiscalías existe un servicio de delincuencia informática. En cualquier caso, “se trata de un delito que lleva aparejada la pena de prisión porque estaríamos hablando de un tipo de inducción a la comisión de delito por razones ideológicas, aparte de las amenazas concretas”, subraya el fiscal. 

Transparencia 

Una cuestión de enorme interés y preocupación para la carrera fiscal es la definición del modelo fiscal y la función que se le quiere asignar en el futuro. “Para ello es clave la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para saber qué papel se concede al Ministerio Fiscal”. También se necesita urgentemente el desarrollo reglamentario del Estatuto Orgánico. Y ello “debe hacerse con transparencia y participación de la gente de la carrera y no con oscurantismo ni secretismo”, enfatiza. “Nos preocupa mucho que se quiera separar la carrera judicial y fiscal en el tema retributivo, una cuestión a la que nos oponemos radicalmente”. 

    Este fiscal jefe de Las Palmas, que lleva más de 15 años de ejercicio profesional, considera que se ha generado una alarma innecesaria con respecto a la utilización del Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel). Aclara que “se trata de un instrumento donde lo más importante es cómo se utiliza, y el Tribunal Supremo lo ha avalado en varias sentencias”. Respecto a si es suficiente el actual marco normativo para garantizar su uso, el fiscal responde que “es manifiestamente insuficiente y a día de hoy estamos funcionando con jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”. 

    “Esta jurisprudencia ha permitido salvar la cara al Estado español frente a condenas reiteradas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reitera la obligatoriedad de regular Sitel”, señala. En este sentido, el experto apunta que “el marco regulatorio debe realizarse por una ley orgánica, porque afecta a la salvaguarda de los derechos fundamentales, que regula y protege la Constitución española”.