Según fuentes policiales próximas a la investigación

En la hípica de Bono hay contratados trabajadores ilegales

23 JUN 2010 | Juan E. Pflüger. Madrid. Nacho Bosque. Toledo

Son entre dos y cuatro empleados de mantenimiento y de cuadras. El encargado, Ramón Navas Barchino, fue detenido para prestar declaración.

La pasada semana el encargado de Hípica Almenara, Ramón Navas Barchino, fue detenido para responder sobre la situación legal de varios trabajadores de la sociedad. En un primer momento, tal y como publicó el diario ABC, todo apuntaba a que el responsable de la hípica acudió de forma voluntaria para negar que un trabajador detenido por tener documentación falsa era empleado de la empresa del presidente del Congreso. Era un mozo que cuidaba del caballo de uno de los clientes de la sociedad sin vinculación laboral con la empresa.

Según la información a la que ha tenido acceso LA GACETA de fuentes policiales próximas a la investigación, las actuaciones concluyeron que entre dos y cuatro trabajadores se encontraban empleados en las instalaciones de Bono sin tener los preceptivos permisos de trabajo en regla.
Este periódico ha podido saber que los trabajadores de la hípica tienen en su mayoría nacionalidad rumana. La ocupación de éstos es la de mantenimiento y cuidado de los caballos que los clientes mantienen en la hípica.

Según las mismas fuentes policiales, el encargado de la hípica se habría hecho responsable de la contratación de los trabajadores irregulares. Navas Barchino fue durante varios años chófer de Bono en su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y es una persona de su confianza. En la actualidad es el administrador único de la empresa de los Bono.

Queda, de esta manera, desmentida la versión oficial del entorno del presidente de la Cámara baja, aportada por ABC, en la que se apuntaba que era un único trabajador el que se encontraba en situación irregular.

LA GACETA se ha puesto en contacto con Navas Barchino quien insiste en que el mozo de cuadra era empleado del propietario del caballo. Este diario ha podido comprobar cómo en la hípica hay un cartel que requiere a sus clientes que los cuidadores privados que acompañan a sus caballos deben presentar todos sus papeles en regla.

El expediente de la investigación realizada por el Cuerpo Nacional de Policía se encuentra ahora a disposición de la Delegación del Gobierno en Toledo ya que éste es el organismo competente para proponer las posibles sanciones por las infracciones contra la Ley de Extranjería.

El delegado del Gobierno es Máximo Díaz-Cano del Rey. Un miembro del PSOE de Castilla La-Mancha que ha desarrollado toda su actividad política en el entorno de José Bono. Fue senador por designación de la Junta de Comunidades entre 1998 y 1999. También formó parte de los ejecutivos de Bono en diversos cargos. Primero como director general de Cultura y después ocupó las consejerías de Administraciones Públicas y de Portavoz.

La contratación de personal en situación irregular se considera en la Ley de Extranjería como una infracción muy grave y establece una sanción que oscila entre 6.000 y 60.000 euros por cada empleado.