La hípica de Bono en Toledo invade ilegalmente una vía pecuaria

09 JUL 2010 | Eugenia Viñes. Madrid

Tres construcciones del centro no respetan el ancho legal de la vereda alrededor de la que se levantó Almenara. Es una falta “muy grave” multada hasta con 150.000 euros.

El PSOE de Orihuela conocía de antemano las intenciones de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y de la Policía judicial, “y trató de forzar su desenlace”, tal y como relatan fuentes de la máxima solvencia a LA GACETA, al tanto de los pormenores del caso. Asimismo, días antes del espectacular viraje de la operación Brugal con las más que controvertidas detenciones del pasado martes, entre ellas la del presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll, el Partido Popular también sabía que iba a desencadenarse una espectacular maniobra policial como la que finalmente se radio y televisó en directo.

“El PSOE en Orihuela llevaba tiempo amenazando con que, o se ponía en marcha inmediatamente la operación, o denunciarían públicamente los hechos”, informan. “Los socialistas de Orihuela y la Fiscalía tenían conocimiento pleno de lo que se preparaba”, inciden las mismas fuentes. Por su parte, en el PP se enteraron del operativo “desde fuera”, mediante contactos que “avisaron de que en cualquier momento iba a saltar mierda en Orihuela con las basuras”.
El lunes por la mañana Mariano Rajoy, horas antes de su conversación ni confirmada ni desmentida con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya estaba sobreaviso. El vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, a la sazón ex director general de la Policía, comunicó al presidente de los populares tras la reunión de su Junta Directiva Nacional que “se venía rumoreando que iba a saltar ya un lío en Orihuela”.
De hecho, el siguiente paso que esperan en el PP es “la filtración, convenientemente dirigida y seleccionada, de fragmentos de conversaciones telefónicas” de los imputados de su formación. “Están haciendo lo de siempre”, resumen los populares, quienes destacan el papel del Fiscal Anticorrupción de Alicante –Felipe Briones, “muy escorado hacia el comunismo”–, y que estas grabaciones, por los datos que manejan, proceden de horas y horas de conversaciones desde que se judicializó el caso tras la actuación del “atípico” empresario Ángel Fenoll hace más de dos años.
Bajo sospecha desde 2007, cuando se inició el caso Brugal al conocerse presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, otra adjudicación, la del multimillonario Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, que finalmente se adjudicó a la UTE Cespa-Ortiz –éste, empresario implicado en la rama valenciana del caso Gürtel–. Aquel mismo año fue detenido y puesto en libertad el empresario Ángel Fenoll. Desde entonces, según explican las fuentes cercanas al caso, “se inició la intervención de comunicaciones” hasta el pasado martes, cuando la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales –UDEF– de la Policía Nacional detuvo a 11 personas –Ripoll, tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios–.
Las contradicciones entre la Policía y el juez instructor del caso que han salpicado la operación de la que el ministerio del Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba es responsable, han sido constantes. Los dos comunicados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana son su mejor ejemplo.
El juez ni ordenó aquel día la detención, ni la imputación, ni la citación de Ripoll, quien el jueves compareció voluntariamente en los juzgados de Orihuela y salió imputado y en libertad sin fianza –pese que el fiscal Briones pedía prisión eludible con fianza de 500.000 euros–. De momento, tan sólo se conocen extraoficialmente los cargos que se le imputan al presidente de la Diputación (al menos cohecho, prevaricación y revelación de secretos), pero se desconoce su base, ya que el caso continúa bajo secreto de sumario.
Entre los populares de la zona se comentan “las relaciones de los empresarios imputados con socialistas, que son muchas”. Se preguntan “hasta dónde habrán llegado con más de dos años de conversaciones”. Por supuesto, dan por hecho que no trascenderá “ni una sola conversación entre alguien del PSOE y alguno de los empresarios”. Asimismo, recuerdan que el consorcio responsable del Plan Zonal aprobó por unanimidad la adjudicación.