Inminente suspensión del juez Garzón por el 'caso de las fosas'

03 FEB 2010 | Redacción.

Fuentes jurídicas aseguran que el instructor Luciano Varela tiene redactada la imputación formal. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Madrid.- Fuentes judiciales solventes han asegurado a LA GACETA la inminente apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el presunto delito grave de prevaricación en el caso de la Memoria Histórica. Esto significa que el instructor de la querella, el magistrado Luciano Varela, decretará la imputación formal de Garzón y lo sentará en el banquillo de los acusados. De esta manera, Varela dará traslado del auto de transformación en procedimiento abreviado a las partes, sobre todo, a la acusación popular para que formule el correspondiente escrito de acusación.

La primera consecuencia práctica de esta medida es que el Consejo General del Poder Judicial suspenderá cautelarmente a Garzón de empleo y sueldo hasta que se conozca la sentencia porque así lo establece el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La acusación popular, representada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, pedirá para Garzón la pena máxima del delito de prevaricación, es decir, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años. A juicio de Manos Limpias, “concurren una serie de agravantes como mala fe procesal, abuso del Derecho, inseguridad jurídica y fraude de ley”. 

Así las cosas, otro efecto importante que se producirá tras la imputación formal a Garzón es que dejará de prestar servicio en su juzgado de la Audiencia Nacional, por lo que habrá que buscarle un sustituto, que se hará cargo de la instrucción de los asuntos que actualmente investiga. Sin duda alguna, ello retrasaría el ritmo de las instrucciones, pues el juez sustituto deberá estudiarse los asuntos. Esta decisión se producirá tras solicitar la defensa y el Ministerio Fiscal, en reiteradas ocasiones el archivo de la querella. Y es que la presunta acusación es por atribuirse competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, a sabiendas de que carecía de ella. Un duro varapalo a un magistrado de prestigio nacional e internacional.