La Justicia tumba la querella criminal que De la Vega promovió contra Dávila y Alfageme

21 ENE 2011

Nuevo varapalo judicial contra la ex vicepresidenta del Gobierno y su empadronamiento irregular. El juez decreta el archivo y el sobreseimiento de la causa que su Gabinete inició utilizando la Abogacía del Estado.

Miguel Gil. Corresponsal político

Nuevo varapalo judicial contra la ex vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid hizo público ayer el auto en el que se acuerda el “sobreseimiento” y el “archivo” de la causa que la hoy miembro del Consejo de Estado promovió desde su Gabinete a través de la Abogacía del Estado, por la vía penal, contra el director y la directora adjunta de este diario, Carlos Dávila y Maite Alfageme, tras publicar en la revista ÉPOCA una información sobre su empadronamiento irregular en Beneixida (Comunidad Valenciana), donde fue cabeza de la lista del PSOE derrotada por el PP en las pasadas elecciones generales.

El magistrado Pedro Antonio Domínguez ha establecido que ni se dio un delito de calumnias ni de injurias graves, ya que, de acuerdo con el criterio del fiscal de este juzgado, “no aparece debidamente justificada la perpetración” de los delitos que se les imputaban. De esta forma, la Justicia desacredita los argumentos que en su día se incoaron, utilizando la Abogacía del Estado, para abrir el procedimiento judicial que se han visto obligados a padecer Dávila y Alfageme.

De la Vega nunca dio la cara ante la querella. Administración interpuesta, se valió de los servicios jurídicos del Estado para que se iniciara el proceso contra los periodistas, instando a la Fiscalía a que investigara los posible indicios de delito. Todo, pese a que la información se refería a unos hechos derivados de su condición de ciudadana con derecho a voto –para la que, felizmente, su condición de vicepresidenta no afectaba en modo alguno–. El informe de la Abogacía del Estado no deja lugar a dudas: “Desde el Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno se solicitó (el 20 de marzo de 2009)...”.

La ex mano derecha de Zapatero en el Palacio de La Moncloa, duramente criticada en amplios sectores del PSOE y del propio Gobierno meses antes de abandonar el Ejecutivo, aún podría, tal y como establece el auto, interponer un recurso “en el plazo de tres días”.

ÉPOCA relató los pormenores del doblemente irregular empadronamiento de De la Vega (Beneixida no es su residencia habitual y lo hizo fuera de plazo para poder votar en Valencia). Ella se registró en aquella localidad valenciana el 27 de noviembre de 2007, cuando la fecha conocida y pública para actualizar los datos del padrón ya había concluido el 1 de noviembre y quedaba definitivamente cerrado el 1 de diciembre.

ÉPOCA publicó un avance informativo en su edición digital y, acto seguido, desde el Gabinete de la entonces vicepresidenta trasladaban que De la Vega había cumplido la Ley. Eso sí, sin aportar documento alguno. Se limitaban a apelar a una resolución de 31 de enero de 2008 que, sin embargo, no aparecía por ninguna parte (desde el Gobierno tampoco remitieron su contenido): el PP ni la conocía y no estaba ni en las webs de la Administración ni en medio público alguno.

El contenido de aquella resolución fantasma que modificaba los requisitos del censo apareció, por fin, el 20 de marzo de 2008, precisamente el día en el que ÉPOCA llegaba a los kioscos.
Aún hay más. Tanto el Gobierno como el PSOE reconocieron posteriormente que actuaciones como la de la ex vicepresidenta eran irregulares. Por un lado, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, manifestó en enero de 2009 que el anteproyecto de la reforma de la Ley del Gobierno Local preveía que “tanto si una persona que no vive en un municipio pretende empadronarse en el mismo por motivos electorales o para tener acceso más fácil” cometería fraude de ley. Por este motivo y desde las páginas de LA GACETA, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons –que ya ha ganado dos juicios ante De la Vega por el mismo motivo–, recordaba desde estas páginas que la ex vicepresidenta “está empadronada en una casa deshabitada en un municipio en el que no vive, y, de ese modo, deslegitima cualquier iniciativa del Gobierno al que pertenece”.

Pese a todo, la causa judicial proseguía su curso. Aun cuando el Congreso de los Diputados aprobó el año pasado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral –consensuada entre el dirigente y diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro y el histórico socialista José María Txiki Benegas–, que tacha en su exposición de motivos como irregulares los votos y empadronamiento como el que ella emprendió en 2008.

Tras aquella reforma, LA GACETA tuvo la oportunidad de realizar la última pregunta a María Teresa Fernández de la Vega en la que fue su última comparecencia pública ante los medios, desde el Palacio de La Moncloa, en calidad de vicepresidenta. Inasequible al desaliento, De la Vega contestó a las preguntas de cómo le afectaba la reforma de la Loreg y si seguiría contando con la Abogacía del Estado con un “discrepo de su planteamiento” a la primera y por la tangente a la segunda, aseverando que la Abogacía del Estado actuó contra ÉPOCA “en representación y en defensa de los funcionarios públicos” cuando, como se ha citado, el informe de esta institución que motivó la actuación de la Fiscalía y la posterior querella se solicitó “desde el Gabinete de la Vicepresidencia Primera”, pese a que se trataba de un hecho que le afectaba en calidad de ciudadana. Una más.