Las víctimas de ETA exigen cambios en el reglamento penitenciario

06 AGO 2010 | Roberto R. Ballesteros.

Solicitarán al Ejecutivo y a la oposición la reforma del artículo 100.2. Quieren evitar una excesiva flexibilidad en la concesión de beneficios a los presos de la banda.

Si en Nanclares de Oca (Álava) se está cumpliendo la ley, como defendió el ministro del Interior para justificar los beneficios penitenciarios concedidos a etarras, entonces habrá que modificarla. Así argumenta la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que propondrá en septiembre una reforma del reglamento penitenciario para evitar casos como el de Idoia López Riaño, La Tigresa, trasladada desde Granada hasta Nanclares para premiar su supuesta salida de la banda terrorista. El objetivo de la AVT será evitar que los terroristas se aprovechen del sistema y consigan permisos de estudios, salidas, días libres o acercamientos con facilidad.

Para lograrlo, las víctimas han creado una comisión de seguimiento de presos etarras, que comenzará a funcionar el 1 de septiembre y que también tendrá el objetivo de analizar la legislación y proponer una reforma del reglamento, sobre todo del artículo 100.2, que permite a la Administración flexibilizar el cumplimiento de la pena.

“El equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados”, reza el citado punto.

La dirección de la AVT está ultimando como será el grupo de personas que trabajará en la citada comisión de estudio y seguimiento, que estará formada por entre cuatro y seis miembros: habrá al menos una víctima del terrorismo y el resto serán técnicos y especialistas en Derecho.

La asociación considera esencial que el Ministerio del Interior haga llegar ese supuesto perdón confesado por el terrorista hasta sus víctimas. Hasta el momento se desconoce si lo firmado por el preso es un documento proforma, una carta manuscrita o cualquier otra cosa. Tampoco se sabe si el contenido se refiere al mero arrepentimiento, a la mera desvinculación de la organización armada, al perdón a las víctimas, a las tres cosas o a dos de ellas. No ha querido aclararlo ni el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que en todo momento ha negado la posibilidad de dar a conocer los documentos.

Desde hace más de dos años, Rubalcaba viene insistiendo en una política penitenciaria que premia a los presos que se alejan de la banda y castiga a los que siguen apoyándola. Hace algo más de un mes Interior trasladó a La Tigresa desde la prisión de Albolote (Granada) hasta Nanclares. Una arriesgada decisión teniendo en cuenta que es una de las terroristas más sanguinarias de la organización. Nada menos que 23 asesinatos en su haber y una condena de miles de años de cárcel hacen que no se trate de una decisión cualquiera.

Interior aseguró que La Tigresa había comunicado de forma expresa su “renuncia de militancia” en ETA, había pedido perdón a las víctimas y condenado la violencia. En Nanclares de Oca, afirmó el ministro, “todos los que están no están en ETA, han pedido perdón a las víctimas, han condenado la violencia, están pagando la responsabilidad civil y por lo tanto están pagando lo que deben a las víctimas”.

Sin embargo, como publicó LA GACETA el pasado domingo, las víctimas insisten en que a ellas nadie les ha pedido nunca perdón. Además, oficialmente, López Riaño sigue apareciendo en las listas de reclusos de ETA (Colectivo de Presos Políticos Vascos, EPPK), con lo que en teoría continúa perteneciendo a la banda terrorista.

Junto a López Riaño fue trasladado a la prisión de Badajoz Joseba Arizmendi Oiartzabal, condenado por el asesinato de Raúl Suárez en 1991.