Las víctimas exigen al unísono que los etarras pidan perdón públicamente

25 NOV 2010 | Roberto R. Ballesteros. Madrid

No admiten el arrepentimiento privado ni las medidas de gracia, como pretende Rubalcaba. Establecen las líneas rojas para el fin de ETA.

Todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo presentaron ayer un documento conjunto que trata de marcar las líneas rojas que no puede atravesar un Gobierno a la hora de gestionar el fin de la banda terrorista ETA. Pidieron que no haya concesiones de ningún tipo, ni antes ni después de la supuesta desaparición de la organización armada.

La presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundúa, actuó de portavoz de todos los colectivos y destacó la importancia de que ningún terrorista reciba nada a cambio de abandonar la banda, ni a cambio de condenarla, ni de pedir perdón. Puso el ejemplo de cuando Juan Pablo II perdonó a Ali Agca, que le había intentado asesinar. “El preso siguió cumpliendo condena” a pesar del perdón, destacó Pagaza mientras leía el documento conjunto. No se puede, reza el texto, utilizar el perdón “como excusa para saltarse el derecho a la justicia”.

Las víctimas ven necesario que, si los etarras piden perdón, lo hagan públicamente, dada la dimensión social y política que tiene el terrorismo. Asimismo entienden que debe existir “un cauce de información sobre la situación procesal de los delitos terroristas” entre el Ministerio del Interior y el colectivo, algo que en este momento no existe, ya que Instituciones Penitenciarias no ha dado ninguna explicación a las víctimas sobre los últimos movimientos de reclusos de ETA, muchos de ellos trasladados a los denominados laboratorios de la banda, las prisiones de Nanclares de Oca, Villabona y Zuera.

El documento incluye un decálogo que pretende ser una declaración de principios titulada No a la impunidad. Destaca el referido a la importancia de no negociar con los terroristas: “Es imprescindible resistir a la tentación de impunidad judicial o histórica para blindarnos contra cualquier táctica engañosa promocionada por el mundo de Batasuna o ETA”.

Otro de los puntos es incluso más explícito: “La política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia, porque no lo indica la ley y porque una aplicación laxa de la progresión de grados supondría una forma de impunidad”. Pagaza aseguró desconocer cuál será la posición del Gobierno, pero afirmó que “este documento servirá para ver” si cumple de aquí en adelante. “No pretendemos forzar a nadie, sino mostrar nuestra postura”, dijo la portavoz de las víctimas, que anunció que trasladará el texto al Gobierno y a los diputados.