De 'papeles para todos' a un millón de ilegales por la crisis

Ley de Extranjería

02 ENE 2011

Uno de cada tres inmigrantes está en paro en España.

E. M. / R. R. B.

El ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera regularizó hace cuatro años a unos 700.000 inmigrantes ilegales. Como los extranjeros no cumplían con la ley, el Gobierno los incluyó de golpe y porrazo –papeles para todos– en sus registros legales. Negaba entonces el Ejecutivo que se produjera lo que la oposición anunciaba: el efecto llamada. Pero se equivocó. A finales de 2010 se alcanzó el récord absoluto de inmigrantes irregulares, cálculo que se realiza comparando los extranjeros empadronados con los que no tienen trabajo (no están en la EPA). Nada menos que un millón de personas estaba en esta situación. Antes de alcanzar esta cifra histórica, en el año 2009 llegó la reforma de la Ley de Extranjería, una modificación que, pese a todos los antecedentes, sigue dejando la puerta abierta a regularizaciones masivas como la narrada o a nuevos efectos llamada, como se ha demostrado.

La llegada de inmigrantes no la ha frenado ni la crisis. Aunque lo cierto es que todos los que entran en España, tanto de forma legal como ilegal, se tropiezan irremediablemente con el drama del paro. El Gobierno no ha sido capaz de establecer el más mínimo freno a esta situación. Ni siquiera la premisa de adaptar los flujos migratorios a las necesidades de empleo para este imán que tiene España para los extranjeros. Sin embargo, la escasez de un modelo claro de inmigración condena a la mayoría de inmigrantes a pasarlo peor en España –en el sentido económico– que en su país. Los no comunitarios son los que sufren con más crueldad el desempleo, con una tasa de paro superior al 30%, frente al 20% de media.

El Gobierno ha barajado incluso la posibilidad de proporcionar papeles a aquellos extranjeros cuyo cónyuge puede demostrar un trabajo en el país. Esta iniciativa, según los expertos, nuevamente deja la puerta abierta a los matrimonios de conveniencia, ya que un inmigrante tan sólo tendría que casarse con alguien conocido con empleo para regularizar su situación. 

La opinión de Rafael Hernando, diputado

Resulta necesario adaptar los flujos migratorios al empleo

España, con un 12% de inmigrantes, es el país europeo con mayor índice de inmigración. Hoy conviven con nosotros 4,8 millones de personas con residencia legal. El 65% lo ha hecho en los últimos seis años producto del efecto llamada, las regularizaciones masivas y continuas, y la falta de control de nuestras fronteras. España se ha convertido en estos últimos años en el paraíso de las mafias que trafican con seres humanos y el Gobierno ha insistido siempre en los derechos de los que llegaban, pero nunca en las obligaciones. La primera debería ser llegar de forma legal. 

El Gobierno nunca ha tenido en cuenta nuestra capacidad de acogida y hoy hay más de 1,1 millones de inmigrantes en paro, el 31% del total de los activos, y cada día miles vuelven a la ilegalidad al no poder renovar sus papeles. Del papeles para todos al problemas para todos. El Gobierno aprobó una reforma en 2009 que sólo ha supuesto un parche y sigue perpetuando un modelo que a día de hoy está fracasado. De hecho, ni tan siquiera han sido capaces de sacar adelante el Reglamento de la ley, que debían haber aprobado en junio, lo que esta provocando un caos en la gestión aún mayor, y una arbitrariedad e inseguridad administrativa sin precedentes.

Por ello resulta imprescindible un cambio normativo que permita adaptar y ordenar los flujos migratorios a la situación económica y al empleo, apostando y favoreciendo la entrada cuando se dispone de un trabajo, así como el retorno cuando el mismo se pierde y no hay posibilidades de encontrar otro: la inmigración circular vinculada al empleo.