'Lobbies' con luz y taquígrafos

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La ciencia política aporta pocas palabras nuevas a nuestro vocabulario, pero sin duda alguna, lobby es el término de moda. No por estar en boca de todos, sin embargo, ha conocido mayor suerte: todavía hoy, después de haber dado el salto desde los parlamentos a la calle, la palabra lobby parece tener resonancias oscuras y remitirnos a la zona en sombra del poder, a la acepción de mayor turbiedad de la política, ese ámbito no regulado donde pueden florecer los brotes malsanos de la componenda y los tejemanejes, el trato de favor y los chantajes o -como mínimo- la falta de transparencia y la fontanería más sospechosa. Por si fuera poco, la traducción de lobby como grupo de presión no ayuda a mejorar la percepción popular de unos lobbies que, en realidad, distan de ser tan feroces como los pintan. Con todo, la aludida percepción popular acierta en un punto importante: los lobbies tienen cada vez más presencia e influencia.

Y es que, si el término lobby está de moda, es porque su actividad está en plena ebullición, y no sólo en los pasillos del Capitolio, sino aquí mismo, en el Congreso de los Diputados, así como en Bruselas, una de las capitales internacionales del lobby precisamente por el alcance de su legislación. En sentido estricto, por lobby cabe entender cualquier grupo que representa ante los actores políticos sus intereses particulares o los intereses de terceros. Así, las grandes empresas, con suficiente capacidad económica, hacen esa presión con sus propios departamentos de asesoría jurídica y comunicación. También, con frecuencia, empresas de un mismo sector constituyen un lobby unitario en defensa de sus intereses comunes, de igual modo que otras empresas encargan servicios de lobby a intermediarios, sean firmas de relaciones institucionales, consultoras políticas o despachos de abogados. Finalmente, otras plataformas -quizá hazteoir.org sea la más significativa- llegan a tener un calado social que les posibilita una interlocución natural con los parlamentarios. Lobby, por tanto, es un término único que da cobijo a realidades tan distintas como el lobby pro vida, el lobby hotelero o el lobby gay.

La actual boga del lobby acaba de conocer unos hitos que han aupado a los titulares la labor de los grupos de presión. A modo de ejemplo, en días recientes y a propósito de una cuestión aparentemente tan alejada de la preocupación diaria de los ciudadanos como la eliminación de las limitaciones de voto de los accionistas de las grandes empresas, los periódicos han subrayado la labor de lobby que estaría ejerciendo José María Aznar en la actual directiva del Partido Popular para aprobar dicha reforma -apenas un punto del tenor del texto- en la Ley de Sociedades Anónimas. Molesta por lo que considera una “imprudencia” de Aznar en el ejercicio de su influencia, la cúpula de Génova filtró a los medios la especie de que el ex presidente actuaba de lobbista de Florentino Pérez, interesado en el cambio de la legislación vigente. Y fuentes parlamentarias consultadas por ÉPOCA señalan cómo la visibilidad de los lobbies en el Congreso y alrededores -restaurantes, reservados- ha sido mayor que nunca a raíz de este cambio, en apariencia mínimo, en la legislación.

Según Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y uno de los primeros estudiosos del lobby en España, esa labor de mediación de Aznar sería característica de la manera española de hacer lobby. “En un país en el que la Constitución se redactó en los bares” -recuerda el profesor Rubio- “la manera más habitual de influir en la legislación ha sido mediante procedimientos informales”, dado que “uno de los propósitos del lobbista es la generación de confianza con los legisladores. Ese trato humano intrínseco a toda labor de lobby, es lo que lleva a este experto a considerar que “la única manera de regular los lobbies en España sería meter a los diputados en una urna”. Rubio alude aquí a un entendimiento del lobby como elemento necesario para poner en contacto a particulares o empresas con sus representantes políticos. Y es que, “en las democracias modernas, la libertad de expresión se ejerce no sólo a través de los individuos, sino, también, a través de las organizaciones de la sociedad civil, y el lobby es una forma más de canalizar esa libertad de expresión”. En la misma línea, la Eurocámara constata que “los grupos de interés privados, públicos o no gubernamentales son un modo de proporcionar conocimientos expertos específicos en sectores económicos, sociales, y de toda índole” a la hora de legislar.

Con todo, la comprensión del lobby como una red de contactos e influencias para unos pocos privilegiados es una cuestión que siempre cerca a los grupos de presión, precisamente por los casos de prácticas corruptas que se han dado. No hace falta irse muy lejos: este mismo mes, en Reino Unido -cuna de la democracia parlamentaria actual-, cuatro diputados han sido grabados por The Sunday Times vendiendo sus servicios de intermediación. Los reporteros británicos, haciéndose pasar por miembros de una consultora de asuntos públicos -uno de los nombres formales de los lobbies-, recogieron con cámara oculta a la antigua titular de Sanidad, Patricia Hewitt, ofreciendo “apañar alguna legislación” a cambio de 3.390 euros al día. Por su parte, Geoff Hoon, que llegó a estar a cargo del Ministerio de Defensa, afirmó que quería aprovechar sus contactos políticos “en algo que dé dinero, francamente”.
En España, pese a la informalidad referida, no ha habido grandes escándalos. Pero, según confiesa a ÉPOCA un diputado nacionalista, las reuniones con grupos de intereses son constantes, “desde los joyeros que buscan mayor seguridad para sus negocios hasta grupos de médicos de cabecera enfrentados a podólogos por ver quién puede dar una receta, o un ciudadano español con intereses en Venezuela que pide una moción para instar a Chávez a resolver el tema de las expropiaciones”. Este mismo diputado admite que, en España, “los lobbies no están regulados por una mezcla de corrupción e hipocresía”. Y señala como normal que éstos hagan llegar regalos en especie a los diputados, con frecuencia caros -entre seiscientos y ochocientos euros-, especialmente en Navidad, aunque no sólo en esas fechas. Con frecuencia, los diputados reciben regalos de lobbies con intereses contrapuestos y dan sus direcciones particulares para que estas atenciones les sean enviadas a sus domicilios. Consta el caso de un diputado, encargado de asuntos económicos, que años atrás enseñaba a las visitas sendos armarios llenos de regalos, uno del lobby A y otro del lobby B. Aun así, los lobbies en España, al no dedicarse a la captación de fondos para las campañas electorales de los partidos -cuestión en la que son muy activos en EE UU-, se alejan de su identificación con prácticas opacas o directamente corruptas.

Ciertamente, en España ha habido intentos de regular esta actividad de influencia en la legislación ya desde antiguo: en 1990, 1993 y 2008 se registraron en el Congreso proposiciones en este sentido, a cargo de diputados de corte ideológico muy distinto, a saber, de CDS, PP e IU, siendo este último grupo el que actualmente más insiste en la necesidad de regulación. Hoy son los propios lobbistas profesionales los que buscan un marco regulatorio que normalice su actividad e imponga mayor transparencia. Según Daniel Ureña, directivo de MAS Consulting y asesor político con experiencia internacional, “ha de haber unas reglas del juego, para que la opinión pública no mire con sospecha esta actividad y así los lobbies dejen de ser “los malos de la película”. La transparencia y la normalización mencionadas, según Ureña, serían además un impulso a la propia labor del lobby, opinión coincidente con la expresada por la asociación sectorial APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), que engloba a cerca de 40 empresas españolas dedicadas a la mediación política. ¿Nombres notables de empresas de lobby en España? Además de Mas Consulting, están Reti Online, Government Solutions, Political Intelligence, entre otras, si bien, apunta Ureña, la mayor parte de los servicios de lobby se siguen encargando a bufetes y a empresas de relaciones públicas en general.
Ureña comenta que la cultura del lobby como relación entre el mundo político y el mundo empresarial tiene una importancia cada vez mayor en nuestro país, como demuestra el hecho de que destacados personajes de la vida pública -Zaplana o Matas serían ejemplos recientes- fichan por grandes empresas a su retirada de la política, precisamente por su agenda y su experiencia institucional. Del arraigo de la comentada cultura del lobby también da buena muestra, en opinión de Ureña, la multiplicación de oferta académica -másters, cursos de posgrado, etcétera- referente al mundo de las relaciones institucionales.
 
Como factores de alteración de este panorama, los expertos consultados por ÉPOCA señalan la reticencia expresada por los bufetes de abogados a hacer pública su actividad como grupos de presión, en tanto que la consideran atentatoria contra la confidencialidad entre juristas y clientes. Asimismo, los think tanks o laboratorios de ideas también desechan por lo general su inclusión en los registros voluntarios de lobbies que, desde el año 2008, puso en marcha la Comisión Europea para su propio ámbito institucional, y que ya acoge a más de 2.600 grupos de presión, de los cuales cerca de 130 son españoles. Entre ellos, predominan las asociaciones empresariales (sector pesquero, agrícola) o de corte social (lobbies pro familia) frente a las consultoras formalmente constituidas o los ya citados bufetes y think tanks.

En España “el momento es histórico”, pues “por primera vez se ha logrado, en un reciente seminario, que sean los propios diputados los que se sienten a hablar sobre los lobbies”, afirma el profesor Rubio, en referencia a una jornada habida en fechas recientes, con la participación de diputados de tres grupos distintos. Esta nueva actitud no es algo inmotivado, pues “el lobby informal va perdiendo presencia, ya no es cuestión de llamar a puertas o descolgar el teléfono”. Y es que, como afirma Ureña, “cada vez más, de lo que se trata es de que el lobby sea un lobby de trabajo, es decir, que atienda fundamentalmente a aspectos técnicos de la legislación, que se especialice y que haga un seguimiento de las leyes”. En parecido sentido, Rubio aclara que “el lobby se hace más en los partidos que en el Parlamento, y también es creciente su influencia en las distintas asambleas autonómicas”. Por eso mismo, España, a no tardar, seguirá la actual corriente de EE UU, Reino Unido, Alemania o Japón, y establecerá un marco básico de actuación de los lobbies, aunque esta es de las cuestiones que van a quedar pendientes para la próxima legislatura.