Los controladores militares no podían haberse hecho cargo de la situación

07 DIC 2010

Los profesionales de las Fuerzas Armadas no disponen de la licencia europea. Habrían necesitado por ley hasta un mes para adaptarse a sus nuevos destinos.

José María Olmo. Madrid

El Gobierno amenazó a los controladores civiles con despedirlos, encarcelarlos y embargarles sus bienes y sus cuentas. Les sustituirían teóricamente sus colegas militares. El modelo que inspiró al Ejecutivo fue la huelga salvaje de controladores que Ronald Reagan afrontó en 1981 y que solucionó reemplazando a los huelguistas por militares. Pero esta ecuación nunca hubiera podido cumplirse en España y el Gobierno era consciente de ello.

De hecho, el pasado fin de semana, en plena crisis y con los servicios de control del tráfico aéreo ya militarizados, sólo fueron requeridos aisladamente alguno de los 240 controladores aéreos de las Fuerzas Armadas que hay en activo, según la Sociedad Española de Control de Tránsito Aéreo (Sodecta), la asociación que agrupa al 85% de los controladores militares.

En primer lugar, la sustitución de civiles por militares tiene –sigue estando en los planes del Ejecutivo– importantes impedimentos legales. Los controladores civiles consiguieron el pasado 15 de octubre, un día antes de que expirara el plazo legal, la licencia europea obligatoria para poder controlar el tráfico aéreo en todos los países de la UE. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no hizo las gestiones necesarias para que sus homólogos militares dispongan de la licencia europea.

En Sodecta sospechan que el motivo de este retraso es evitar que los controladores militares puedan dejar las Fuerzas Armadas, una vez que el Gobierno comience a privatizar los servicios de tráfico aéreo que en la actualidad presta AENA. Las mejoras para el personal militar serían sustanciosas. Mientras que un controlador uniformado cobra de media 20.000 euros al año, en el sector civil el sueldo medio ronda los 200.000 euros anuales.

Así, en estos momentos, los controladores militares sólo cuentan con un certificado de aptitud expedido por el Segundo Jefe del Estado del Aire (Sejema), un permiso que no tiene equiparación en ningún otro país del Viejo Continente, según explican en Sodecta. Con la legislación actual, los controladores de las Fuerzas Armadas españolas no pueden regular el tráfico civil.

El segundo impedimento legal que habría paralizado el cielo español durante semanas es el requisito de la habilitación, el certificado que acredita a un controlador –civil o militar– para un destino en concreto. La habilitación se conoce como “ojt”, siglas de la expresión en inglés “on the job training”, en castellano, “entrenamiento en el puesto de trabajo”.

Al ser movilizados para una función distinta a la que realizan habitualmente, los controladores militares habrían requerido de un periodo de adaptación. Desde Sodecta apuntan que este periodo de formación “puede llegar a durar hasta un mes, dependiendo de la dificultad del aeropuerto de destino”. La legislación estipula, además, que sea un controlador civil ya en servicio el que acredite que el recién llegado ha obtenido la pericia requerida para el puesto.

Si los controladores civiles se hubieran negado a estampar su firma para ser sustituidos, se habría puesto en marcha un procedimiento abreviado por el que los militares se habrían formado en simuladores, pero esta fórmula también habría exigido varios días de plazo. En todo ese tiempo, el espacio aéreo habría quedado cerrado casi por completo, con el coste político que ello habría acarreado para el Gobierno.

El otro gran inconveniente es de tipo numérico. Sumando a los controladores militares en activo los que se encuentran en otros destinos –que hayan hecho el curso de especialización pero no estén ejerciendo– la cifra total ronda los 700, pero algunos de ellos, señalan desde Sodecta, “no han visto nunca una torre ni un centro de control”. “Muchos hicieron el curso en la Escuela de Tránsito Aéreo de Salamanca, pero han ocupado otros destinos que no tenían nada que ver con la navegación aérea”, aseguran. Además, se trata de militares que están repartidos por toda la geografía nacional, alistados en los dos Ejércitos y la Armada. Los controladores militares no forman parte de un cuerpo común, como lleva tiempo reclamando su asociación profesional.

En todo caso, aunque se hubiera contado con todos los controladores militares disponibles, seguiría tratándose de un número insuficiente para hacerse cargo de todas las torres de control españolas. Habría sido necesario que cada uno de los 700 controladores militares realizara jornadas de 15 horas los 365 días del año para cubrir la carga de trabajo actual de sus colegas civiles (cada uno de los 2.400 controladores civiles debe realizar por ley 1.670 horas de trabajo efectivo al año). “El tráfico aéreo habría tenido que restringirse como mínimo un 70% durante semanas por la falta de personal”.

El Gobierno doblegó finalmente a los controladores civiles, pero hay numerosos motivos para pensar que jugó la partida con faroles.