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Este lunes comienza un proceso complejo, plagado de recovecos y cuyo punto de inflexión fue la construcción del velódromo Palma Arena por el doble de lo presupuestado.
Más de dos años después de que estallase el caso Palma Arena, el ex presidente balear Jaume Matas se sienta este lunes por primera vez en el banquillo y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y medio de cárcel, acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración. Su defensa reclama la absolución, segura de la debilidad de las acusaciones.
En concreto, su cita con la Justicia tiene lugar ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, en una vista fijada, a lo largo de 13 jornadas, hasta el próximo 31 de enero.
“Afrontamos el envite con optimismo porque ya por fin Matas se puede defender”. Así expresaba ayer su abogado, Antonio Alberca, a este periódico las sensaciones iniciales, consciente, en todo caso, de que queda mucho camino por delante, pero con la plena seguridad de que no hay nada que esconder. “Vamos a decir la verdad aunque nunca es agradable afrontar un juicio de estas características”.
Un proceso complejo, plagado de recovecos y cuyo punto de inflexión fue la construcción del velódromo Palma Arena por el doble de lo presupuestado, y por el que, además, se encuentra imputado Iñaki Urdangarín. Jaume Matas ya aseguró en 2010 que el responsable de las obras fue el ex director general de Deportes y medallista olímpico José Luis Pepote Ballester.
En todo caso, la primera de las 26 piezas separadas de las que consta el Sumario –lo que da cuenta del enrevesado entramado de casos abiertos en Baleares–, y por la que se abre hoy la puerta del juzgado, gira en torno a los supuestos pagos fraudulentos con fondos públicos, por valor de 483.186 euros, que el Govern balear hizo al periodista Antonio Alemany por escribirle sus discursos.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau también piden para el ex presidente balear 15 años de inhabilitación absoluta por los cuatro primeros delitos y 8 años de inhabilitación para cargo público por el quinto de ellos.
En esta pieza se investiga el pago supuestamente encubierto del Govern balear al periodista Antonio Alemany de unos 4.500 euros mensuales por escribir los discursos de Matas, así como una subvención de 450.000 euros que recibió del Ejecutivo para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de 11.500 euros por elaborar unos reportajes deportivos que supuestamente no hizo.
Para ocultar el pago del Govern a Alemany, Matas pidió a Romero que su agencia de comunicación sirviera de "tapadera", a lo que el empresario accedió "ante las expectativas de obtener mayor contratación pública".
Los fiscales acusan a Matas, Alemany -para quien pide 5 años y medio de cárcel- y a las otras cuatro personas de concertarse para beneficiar al periodista con fondos públicos por un valor total de 483.186 euros.
Otros cinco acusados
Junto al ex presidente balear serán juzgados dicho periodista, Antonio Alemany; la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; la ex directora general de la televisión autonómica IB3, María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el ex director general de Comunicación del Govern balear Joan Martorell.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los acusados se concertaron para malversar este dinero en favor de Alemany "con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas" y con documentos oficiales de contenido "absolutamente inveraz".
El escrito sostiene que en 2003 Matas y Alemany llegaron a un acuerdo para que el Govern pagara al periodista por escribir sus discursos ocultando que era él quien lo hacía, dado que ello supondría "una interferencia en su trabajo como articulista en determinados medios" de comunicación.
"Esta conducta -afirman los fiscales- la mantuvo durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los discursos e intervenciones públicas del presidente del Govern con la crítica periodística favorable de los mismos".
El juicio que comienza el lunes en la Sección Primera de la Audiencia proseguirá los días 10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 30 y 31. En la vista hay citados 49 testigos y peritos, según el Tribunal Superior de Justicia.
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1 Comentario
El gobierno del Sr. Rajoy además de salvar la economía de nuestro país, aún subiendo los impuestos, tiene la obligación de hacer cumplir la Ley con todos aquéllos políticos corrupctos que hay en este país, que son muchos. No puede permitir que se vayan "de rositas". Los ciudadanos nos merecemos un respeto y que nos demuestren que relamente podemos creer en ellos, la única manera es hacer cumplir la Ley y que el poder judicial vuelva a ser independiente!
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