No ha parado de crecer

El número de funcionarios se dispara: 200.000 más en tan sólo dos años

17 JUL 2010 | E. M

El freno en las contrataciones hubiera ahorrado 4.800 millones anuales a las Administraciones. En el sector privado se han destruido dos millones de puestos. El sector público sólo pierde peso en Asturias, Galicia y Navarra.

Durante los dos últimos años, probablemente los más duros de la peor crisis económica y laboral desde 1929, la plantilla de las Administraciones públicas no ha parado de crecer, obviando así una de las reglas básicas de toda política de austeridad: evitar gastos como el de personal, consolidables año tras año.

Solamente entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2010, el Estado, las comunidades, los ayuntamientos y las empresas públicas contrataron a casi 200.000 empleados y ya gestionan una plantilla récord de más de tres millones de trabajadores.

Mientras, durante el mismo periodo, en el sector privado se destruyeron más de dos millones de empleos.

Sin control regional

Los datos, que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian que sólo en tres comunidades –Galicia, Asturias y Navarra–, el peso del empleo público –menos productivo y más caro– ha disminuido frente al del privado.

Uno de cada cinco trabajadores españoles ya está empleado por una Administración o una empresa pública, un porcentaje que ha aumentado en un punto en sólo dos años y que ni siquiera se conoció en el mejor momento económico y con las arcas públicas con excedentes.

Este considerable incremento del empleo público, en una etapa de destrucción de puestos de trabajo en el sector privado y que exige rígidas políticas de austeridad, es superado en seis comunidades autónomas socialistas –Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura– y una gobernada por el Partido Popular, la región de Murcia. El caso más dramático se da en la comunidad extremeña, una región en la que uno de cada tres trabajadores recibe su nómina del sector público, mientras que la tasa de paro en el sector privado es una de las más elevadas del territorio nacional.

La mayoría de las Administraciones, que no habían hecho nada para evitar el desmesurado aumento de sus plantillas, se han visto ahora obligadas a emprender duras políticas de ajuste del gasto. Entre éstas, la mayoría han sido anunciadas muy recientemente, se incluyen la rebaja del sueldo de los funcionarios, la eliminación de departamentos “innecesarios” y evitar la cobertura de las vacantes que se produzcan en las Administraciones públicas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha decantado por esta última opción, una vez que ha decidido descontar de la nómina mensual de los funcionarios hasta un 7% del sueldo que cobraban hasta ahora.

Sin haber sugerido siquiera la posibilidad de reducir el número de ministerios, una iniciativa reclamada desde toda la oposición, lo que sí hará el Ejecutivo socialista es cubrir sólo un 5% de las vacantes que se den en la Administración estatal.

Una medida similar ya fue aplicada durante las dos presidencias de José María Aznar. En aquel momento, la tasa de reposición de vacantes se situó en el 25% y la iniciativa fue duramente criticada por los socialistas, que entonces se encontraban en la oposición.

Además, una decisión que pretendía evitar el aumento de la plantilla pública tuvo el efecto contrario, ya que muchas corporaciones locales se saltaron la restricción contratando personal laboral y eventual, lo que provocó que la tasa de temporalidad alcanzase a uno de cada tres empleados, un porcentaje que superaba por primera vez al del sector privado.

La limitación de la tasa de reposición que ahora plantea María Teresa Fernández de la Vega, responsable de la Función Pública, pretende ahorrar cerca de 250 millones en tres años, evitando la cobertura de 10.600 puestos de trabajo, el 75% de ellos funcionarios.

El ahorro por cada empleado que se dejará de contratar en la Administración estatal supera los 23.000 euros. Teniendo en cuenta un coste similar por empleado en el resto de las Administraciones, éstas hubieran evitado en conjunto un gasto de casi 4.800 millones anuales si hubieran mantenido sus plantillas en los niveles del año 2008.

Buena parte del aumento del empleo público se debe a que tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como la mayoría de los 17 Ejecutivos regionales no han dejado de incrementar el número de altos cargos y asesores. Algunos, no todos, han decidido ahora prescindir de ellos.

Sólo el Ministerio de Presidencia cuenta con 430 asesores y con 66 altos cargos. Éstos suman 409 para todo el Ejecutivo, frente a los 341 del último Gobierno de José María Aznar.

Los altos cargos y personal de confianza cuestan cerca de 200.000 euros anuales, según el Partido Popular, mientras que el sueldo de los funcionarios oscila entre los 17.000 euros y los 31.000 durante el primer año de su incorporación a la Administración.

Otra de las causas del aumento de la plantilla pública son las contrataciones de las empresas dependientes del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Las vinculadas a las Administraciones regionales superan ya las 2.100.

El aumento del sector público que han llevado a cabo las Administraciones contrasta con las recomendaciones de numerosos organismos y organizaciones –la última, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales– que abogan por por reducir la maraña pública y burocrática.
El pasado jueves, CEOE reclamaba medidas de “gran calado” para recortar más el gasto público, en el sentido de reducir el número de funcionarios, empezando por los menos productivos, permitir la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos o la privatización de empresas públicas deficitarias. La pelota , si se quiere reducir el gasto, está ahora en el tejado del Gobierno de Rodríguez Zapatero.