El Partido Socialista mantiene en sus cargos a dirigentes acusados de corrupción

11 OCT 2010 | J. M. Olmo. Madrid

Las críticas de Ferraz al PP por el ‘caso Gürtel’ contrastan con el respaldo que ofrece a sus cargos investigados. El PSOE tiene políticos imputados en Alicante, Madrid y Baleares. El PSOE llevará en Baleares un imputado en sus listas. La ‘número dos’ de Tomás Gómez pende de una decisión judicial.

El Partido Socialista ha convertido la denuncia de la corrupción política en uno de los vectores de su estrategia electoral. Los casos Gürtel, Palma y, más recientemente, Brugal, han rearmado el arsenal del PSOE, que ha exigido repetidamente que los políticos del Partido Popular imputados o vinculados con estas tramas sean apartados de toda responsabilidad.

Pero de estos casos y de otros se han derivado también implicaciones para cargos del Partido Socialista que han puesto en duda la solidez del discurso de esta formación.

El caso del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante y concejal del Ayuntamiento de Elche, Antonio Amorós, es uno de los que resquebraja los argumentarios del Gobierno y Ferraz. Amorós aparece en repetidas ocasiones en el sumario del caso Brugal, la presunta trama de corrupción vinculada con la concesión pública del servicio de recogida de basuras en varias comarcas de la provincia de Alicante.

La prensa ha publicado imágenes y conversaciones que relacionan a Amorós con el cobro de comisiones ilegales. El dirigente socialista ha renunciado a las funciones de portavoz en la Diputación de Alicante pero mantiene su plaza en la institución, así como su puesto de concejal. El alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler, cercano a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se niega a destituirlo aduciendo que aún no le consta que Amorós esté imputado en el caso Brugal.

La Ejecutiva del PSPV reaccionó veloz retirándole su condición de militante. Pero Soler le respalda. Posiblemente determina su postura el hecho de que los socialistas gobiernan en esta importante localidad alicantina gracias a un delicado equilibrio político que se rompería con la salida de Amorós. El PSOE obtuvo en las últimas elecciones 13 concejales, los mismos que el PP y Soler es primer edil gracias al apoyo del único edil de Compromís. El PP de la Comunidad Valenciana ha denunciado “la doble vara de medir” de los socialistas.

Delito urbanístico

La situación se repite en las Islas Baleares, un territorio especialmente castigado por la corrupción durante la última legislatura. El presidente insular, el socialista Francesc Antich (PSIB-PSOE), ha anunciado que no tendrá en cuenta si los políticos de su formación están imputados a la hora de confeccionar las listas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Se podrían cometer injusticias. Mientras un juez no decrete medidas cautelares, se puede ir en las listas”, declaró Antich hace unos días.

Su postura está en las antípodas de la que ha adoptado el principal rival del PSIB-PSOE en las urnas, el Partido Popular. El nuevo equipo dirigente de los populares baleares, con José Ramón Bauzá a la cabeza, ha decidido expulsar de la formación a todos aquellos cargos y militantes implicados en procesos judiciales. Bauzá ya ha advertido de que ningún imputado podrá participar en las elecciones bajo las siglas del Partido Popular.
Sí podrá concurrir, por contra, el actual presidente del Consell Insular de Ibiza y secretario general de los socialistas ibicencos, Xico Tarrés, imputado en el caso de corrupción urbanística Eivissa Centre y verdadero destinatario del plácet de Antich.

Extorsión

La trastienda del PSOE alberga más ejemplos que tambalean los cimientos de su discurso. El caso de Trinidad Rollán, número dos de Tomás Gómez en el PSM, es uno de los más evidentes. Rollán está imputada en un caso de corrupción urbanística localizado en Torrejón de Ardoz (Madrid), localidad de la que fue alcaldesa entre 1999 y 2007.
Su situación judicial no impidió que el líder del PSM la convirtiera en su secretaria de Organización, a pesar de que Gómez ha sido uno de los dirigentes socialistas que más duramente ha criticado la corrupción durante los últimos cuatro años.

Éstos no son los únicos casos. Hay otros menos conocidos, como el del alcalde socialista de Gerena (Sevilla), Jacinto Pereira, imputado por la construcción irregular de viviendas sobre yacimientos arqueológicos, o el del alcalde de Ontur (Albacete), Joaquín López, también del PSOE, imputado por un presunto delito de extorsión. El primer edil de Navalcán (Toledo), el socialista Jaime David Corregidor, también está imputado por conceder una licencia urbanística en zona protegida al ex ministro socialista Eduardo Serra para que éste se construyera un chalé. Ninguno ha dimitido de su cargo ni ha puesto límite a su mandato. El discurso del PSOE sobre la corrupción es modélico en las formas pero tiene severas disfunciones en la práctica.