La pasividad de la Fiscalía abre la puerta a la indemnización a 'Egunkaria'

28 FEB 2010 | Javier Ruiz de Vergara.

El Ministerio Público renunció a pedir penas en la causa. Los procesados reclamarán daños y perjucios por el cierre del periódico. Podrían denunciar un “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”.

En los próximos meses, tal vez semanas, el tribunal que ha juzgado a los directivos del diario Egunkaria deberá dictar sentencia. Su futuro está en manos de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside Javier Gómez Bermúdez. Se encausa, como en el caso EGIN, al presunto aparato mediático de ETA.   

Por ello, Martxeko Otamendi, el ex director del diario, que se publicaba íntegramente en euskera, y los directivos del mismo, Ignacio María Urúa, Juan María Torrealday, José María Auzmendi y Javier Oleagaos se enfrentan a penas de entre 12 y 14 años de cárcel por un delito de pertenencia a banda terrorista. Pero, paradójicamente, pese a la gravedad del presunto delito que se les atribuye, la Fiscalía renunció a participar en la acusación en un sumario que se remonta a 2003, cuando el juez Juan del Olmo ordenó la clausura del periódico, el referente de la izquierda abertzale tras el cierre de EGIN, en este caso por decisión del magistrado Baltasar Garzón.

    Siguiendo instrucciones jerárquicas del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, pidió la absolución de los cinco acusados, pese a que el juez Del Olmo dio por hecho que “ETA intervino en la creación, designación de directivos y dinamización del diario”.

    El magistrado consideraba que el objetivo de Egunkaria era “facilitar el amparo y difusión con apoyo del idioma euskera o vasco como cobertura cultural para ello” del ideario terrorista “y de los valores e intereses defendidos por dicha organización terrorista”.

Financiar la paz

La actitud del Ministerio Público, –ya bajo sospecha por su actitud en el anterior proceso de paz–, provocó estupor, sorpresa y una profunda indignación en las víctimas de ETA. Con los antecedentes del caso EGIN, nadie entendía por qué, en esta ocasión, no se aplicaban las mismas pautas que en ese antecedente.

    Pero lo cierto es que, sin la acusación de la Fiscalía, el futuro de los acusados se tornaba mucho más favorable. Según las fuentes consultadas por LA GACETA, jurídicas y del entorno de los colectivos de víctimas, esta actuación puede tener además consecuencias perniciosas para la lucha antiterrorista. Si la absolución de Otamendi, Uria, Torrealdai, Auzmendi y Oleaga se consuma, y así lo prevén la mayoría de los analistas, se abriría la puerta a una cuantiosa indemnización. El motivo, tal como contempla la propia ley, “el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”.

    La indemnización que el Estado deberá sufragar será obligada si los acusados acreditan “daños y perjuicios”. Lo tienen fácil, si son absueltos siete años después del cierre del periódico podrán argumentar que han sido encarcelados injustamente, que esta injusticia los señala como terroristas y que, además, han perdido su trabajo.

    Por ahora es tan sólo una hipótesis que algunas fuentes comienzan a barajar. Fuentes que relacionan esta supuesta indemnización con un término que comienza a acuñarse o que, mejor dicho, se acuñó en la anterior y fracasada negociación. Se trata de la llamada financiación de la paz. Antes de la voladura de la T-4, que dinamitó también la negociación, algunos medios desvelaron supuestos planes que permitirían la financiación de aquellos presos etarras o dirigentes batasunos que salieran a la calle si el diálogo entre el Gobierno y ETA hubiera tenido éxito. El ministro del Interior se vio obligado a desmentir que el Ejecutivo hubiera pactado con la banda un “plan” de financiación de los presos veteranos y refugiados, que recuperarían la libertad. Sería parte del proceso de “inserción social” de centenares de terroristas que no han hecho otra cosa que militar en ETA.

    Dada la precariedad en que se encuentran las arcas de la banda y de su brazo político, en bancarrota, cualquier vía de recursos económicos que se abra será bien recibida. Por eso, las víctimas comienzan a alertar ante la hipótesis de que el fracaso del caso Egunkaria acabe siendo un flotador para la izquierda abertzale, un flotador con horizonte en las municipales y forales de 2001. ¿Casualidad o plan prediseñado?

El diario ‘Egunkaria’, que se publicaba íntegramente en euskera, fue cerrado en 2003 tras una
investigación del juez Juan del Olmo.