Patricia Rojo firmó al menos cuatro presupuestos falsos de Urbanismo

• ENVIAR
• IMPRIMIR

• Share
• Menéame

Madrid.- Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, figura entre los 68 imputados en la trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento socialista de Estepona (Málaga). A Rojo se le atribuye su “presunta participación en los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental”.

De ella dice el concejal de Urbanismo que “la han utilizado para cuando les da la gana”. Esta conversación, extraída del sumario del caso Astapa, que se instruye en el juzgado número 1 de Estepona, se produce después de que el mismo edil de Urbanismo se niegue a firmar los presupuesto de 2008 por ser falsos.

En otra de las conversaciones intervenidas, la hija del presidente del Senado reconoce haber firmado “cuatro presupuestos con éste, incluido el del lío”. La investigación del caso de corrupción socialista llevada a cabo por la Brigada de Blanqueo de Capitales señala a José Flores, jefe de Gabinete del Alcalde, Antonio Barrientos, como el que manejaba las fuentes de ingresos extras del consistorio.

Describe la relación de Rojo con él como de extrema confianza, le identifica como el hombre ante el que ella reportaba todo su trabajo, y con el que compartía “confidencias”.

Ingresos ficticios

En el sumario se recoge que “Flores da instrucciones a Patricia para que incremente las previsiones de ingresos, como es el caso de los realizados por aprovechamientos, respecto a los cuales le dice que en lugar de poner los dos millones 400 que tiene ella, que los suba a seis millones sin justificar nada”.

Destaca el detalle de que Rojo reconoce el hecho de que “no se va a recaudar nada”. En consecuencia, la instrucción señala que pese a que es Flores quien dicta las previsiones de ingreso, ella “reconoce firmar algo, en el ejercicio de sus funciones, conociendo que su contenido no es veraz”.

Financiación ilegal

Durante cinco años largos, en los que Patricia Rojo desempeñó diversas funciones relacionadas con el área de Urbanismo del consistorio de Estepona, “la Delegación de Urbanismo (...) fue una fuente de ingresos”. El sumario explica el funcionamiento de esta fuente y su destino: “Es especialmente importante la influencia que José Flores ejerce sobre Patricia Rojo, el personal técnico del ayuntamiento y el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dando instrucciones para que le busquen licencias, convenios o aprovechamientos que reporten dinero”.

“Una vez que Patricia encontraba alguno de esos conceptos urbanísticos, José Flores era el encargado de negociar con los interesados (normalmente empresarios) para ver qué cantidad les podían sacar”, añade.

La finalidad de la labor recaudatoria consistía en “distribuir el dinero obtenido (que carecería de contabilidad) entre los concejales del PSOE de Estepona (para sufragar deudas afectas a sus respectivas delegaciones) y bolsillos particulares, de manera que vendría a configurarse el sistema de tres cajas”.

Dilación indebida

Patricia Rojo le comunica a Flores que “a un señor, un tal José María, del que no se aportan más datos, se le ha tenido paralizado un expediente relativo a una licencia durante dos años, a pesar de tener toda la documentación en regla”. Rojo comenta que el concejal de Urbanismo le dijo que “seguramente le diera la licencia, pero primero habría que sacarle algo”. Eso sí, la hija del presidente del Senado asegura en la misma conversación que ella no piensa hacerlo directamente, así que el de Urbanismo le replicó que “se lo mandara a José Flores, para que éste lo sacase”.

Los investigadores destacan el “empleo de la palabra sacar para referirse al dinero de aquellas personas que tienen pendiente de ser resuelto por el consistorio algún asunto y cuya consecución se vería supeditada al desembolso, no deseado, de cantidades de dinero exigidas fundamentalmente por José Flores”.

En la instrucción se señala que la forma de obtener este dinero sería bajo la “amenaza de dificultar la consecución de una resolución a la que tendría derecho sin necesidad de ver sometido su expediente a una dilación indebida”. Añade que la alternativa era “pagar una cantidad de dinero que excedería toda tasa legal (...) bajo la denominación de colaboraciones voluntarias, patrocionios o esponsorizaciones”.

Por todo lo anterior, la Unidad de Blanqueo de Capitales concluye que Patricia Rojo, por el puesto que desempeñaba, “estaría en posición de controlar, supervisar o conocer, al menos, documentos o informes que, en nombre del ayuntamiento, afectarían al interés de los ciudadanos en Estepona”.  

Más aún, que “Rojo consiente (al igual que Rafael Duarte, como se dice en las comunicaciones), manifiesta y contribuiría” a que “conociendo de la injusticia que conllevaría la dilación de algo que está en regla, no sólo lo toleraría sino que además colaboraría con José Flores en un procedimiento encaminado a solicitar a los interesados cantidades de dinero”.

La hija del presidente del Senado negó, en junio de 2008, su implicación en el caso de corrupción durante las más de cuatro horas en las que prestó declaración.