Familiares de fusilados por milicias republicanas esperan que el Gobierno de Mariano Rajoy revise la Ley de Memoria Histórica que lanzó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Especialmente críticos se muestran con la concesión de subvenciones que contempla esta normativa. José Manuel de Ezpeleta, nieto de una víctima de la República durante las matanzas de Paracuellos, califica la ley de “sectaria” porque la adjudicación de las ayudas se debe a “intereses partidistas e ideológicos”. Buena parte de estas asignaciones va destinada a organizaciones no gubernamentales y sindicatos para libros y conferencias en perjuicio de las solicitudes para exhumaciones.
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