Exclusiva: LA GACETA desveló la eliminación de datos

Cospedal llevará ante la Justicia a Barreda por destruir documentos

30 AGO 2011

La presidenta de Castilla-La Mancha confirma la existencia del informe desvelado por LA GACETA y destaca la “desaparición de muchos archivos”. El PSOE arremete contra la “extrema derecha mediática”. La presidenta ratificó toda la información sobre el ‘barrido’.

Miguel Gil.

La secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, anunció ayer en Toledo que su Gobierno acudirá “a los tribunales y presentará la correspondiente denuncia” tras la destrucción de información de los servidores informáticos de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, ordenada por altos cargos del equipo del ex presidente José María Barreda después de su derrota en las pasadas elecciones autonómicas.

Asimismo, la presidenta confirmó la existencia del informe oficial de la Junta, desvelado por LA GACETA, que acredita la eliminación total o parcial de bases de datos de los ordenadores de Presidencia. Un documento que, como destacó Cospedal en rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP en el Parador Nacional de Toledo, ha sido elaborado por el jefe del Servicio de Informática del Gobierno regional, Jesús Serrano Chacón, quien ostentaba el mismo cargo con el anterior Gobierno socialista de Barreda.

El informe “existe”, subrayó Cospedal en respuesta al PSOE (desde donde habían llegado a poner en duda la existencia del mismo después de las informaciones ofrecidas por este diario). En el documento, añadió, se expone la “desaparición de muchos archivos”. Tal y como se informó desde estas páginas, el texto fechado el pasado 22 de julio establece que la eliminación de datos de los ordenadores de Presidencia se emprendió “por indicación del usuario responsable o directamente por los usuarios”, entre los que figuran diversos cargos de confianza de Barreda como la ex portavoz de su Gobierno, Isabel Rodríguez.

Entre la información destruida, parte de la base de datos denominada Subvenciones tarea, donde se eliminaron los campos “Clave1, Clave2, Clave3, Clave4 y Clave5”. Las fuentes populares consultadas por este diario otorgan la máxima relevancia a la desaparición de estos apartados, ya que en este fichero, incardinado a la Consejería de Economía y accesible desde el resto, se detalla “cómo está todo lo relacionado con algún tipo de pago del Gobierno. Desde las facturas hasta las nómina pasando por las subvenciones”.

En la Junta de Castilla-La Mancha desconocen el contenido de la información eliminada –que intentarán rescatar–, pero sospechan “que se trata de diferentes pagos irregulares” referidos a “gastos en publicidad y subvenciones”.

Además, las mismas fuentes destacan que el equipo de Barreda “pudo cometer un delito de infidelidad en la custodia de documentos”, aunque los servicios jurídicos del Gobierno regional establecen que, al desconocer su contenido, aún no es posible establecer imputaciones. Ahora bien, a la espera de que se logren rescatar los datos destruidos, el artículo 413 del Código Penal reza que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

El PSOE negó la evidencia ayer, como el día anterior. Su secretario de Organización, José Manuel Caballero, negó los hechos acreditados en el informe y aseguró que el equipo de Barreda “ha sido absolutamente responsable y respetuoso” con la Administración Pública. También pedía “depurar responsabilidades” por la filtración del informe en el caso de que fuera oficial y privado.

Acto seguido, a por el mensajero y el PP, la “extrema derecha mediática de este país” (tratando de descalificar a LA GACETA) que, según dijo, camparía “alegremente por los despachos de Cospedal”. Así, dejando ya a un lado la veracidad o no de los hechos denunciados, el dirigente socialista recomendó al consejero de Presidencia, Jesús Labrador, que envíe “este asunto a la Fiscalía en la medida en que se han robado o alguien ha entregado un documento de información que no es oficial pero que no es pública”.