La portavoz del CGPJ escenifica una censura artificial al líder socialista

08 MAR 2010 | D. C.

La Comisión Permanente estudia hoy el escrito de Garzón que pide la recusación de tres vocales. La suspensión del juez, en manos de la vocal Margarita Robles.

Madrid. Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, fingió ayer una censura artificial al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que salió días pasados en defensa del juez Garzón. Fuentes jurídicas aseguraron a LA GACETA que debió ser más contundente, crítica y voraz para defender la independencia del Tribunal Supremo. Por tanto, “Bravo tendría que haber acusado al presidente del Gobierno de injerencia en la independencia del Poder Judicial al realizar manifestaciones a favor de Garzón”. Es más, “debería haber censurado a Zapatero porque se ha puesto de parte de un juez y en contra del Tribunal Supremo, que le ha admitido tres querellas por presuntos delitos de prevaricación”.

    En consecuencia, la actitud de Bravo “es muy sospechosa porque tendría que apostar por defender la independencia del Poder Judicial”, puntualizó un miembro de la carrera judicial. Y es que las aguas están un tanto revueltas en el CGPJ tras las últimas actuaciones y manifestaciones del vocal Gómez Benítez que ha pretendido desprestigiar al Consejo.

    Fuentes políticas han señalado que Bravo y el número dos del Ministerio del Interior, Antonio Camacho, tienen una gran amistad. La estrategia es ayudar también desde el CGPJ a Garzón. El vocal Gómez Benítez ya está haciendo su trabajo, demostrado en los días pasados.

    En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional se ha entrevistado con Camacho, según apuntaba ayer un diario digital. El motivo de la reunión no puede ser otro que un cambio de cromos nada fácil para el Gobierno de Zapatero. En otras palabras, fuentes políticas señalaron a este diario que “Garzón está chantajeando al Ejecutivo con el caso del chivatazo a ETA. Esto es, el Gobierno mueve a toda su maquinaria para evitar la suspensión cautelar del juez y éste archiva el ‘caso Faisán”. De esta manera, “Rubalcaba y compañía descansarían tranquilos”, comenta otra fuente política.

    En cualquier caso, el caso Faisán, que actualmente investiga Garzón trae de cabeza al Gobierno por las presuntas implicaciones y responsabilidades jurídicopolíticas en que pudieran incurrir. Es más, un miembro de la carrera judicial apuntó que “Garzón ya ha demostrado lo que es capaz de destruir a un Gobierno”.

Suspensión

Por otra parte, la más que probable suspensión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por parte del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) puede agilizarse en función de la decisión que hoy adopte la vocal del órgano de gobierno de los jueces Margarita Robles. En efecto, la Comisión Permanente se reúne hoy para estudiar el escrito de alegaciones que Garzón presentó el pasado viernes y que solicitaba la recusación de tres vocales, Fernando de Rosa, Margarita Robles y Gemma Gallego, por enemistad manifiesta.

    Según fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA, Robles es partidaria de suspender cautelarmente al juez Garzón cuanto antes. Para ello, “en la reunión de hoy debería abstenerse y reconocer la recusación aportada por el juez, para que así entre el sustituto de la vocal previsto y no se pare el asunto de la suspensión en la comisión permanente”, apuntan. De lo contrario, “si no se abstiene, entonces su recusación tendría que resolverla el pleno que se celebrará el próximo día 24, lo que dilataría, todavía más, los trámites de la suspensión de Garzón”, señalan las fuentes. La razón es obvia, ya que la ley establece que los procesos de recusación requieren el nombramiento de un instructor por cada recusado, a los que se les encarga estudiar el caso concreto y realizar un escrito con su propuesta que debe aprobarse por el Pleno. Además, hay que tener en cuenta que las recusaciones de los otros dos vocales sí se producirán por el conducto ordinario del pleno. Pero lo más urgente es la decisión que adoptará la comisión permanente sobre la suspensión del magistrado.

Inminente

En otro orden de cosas, el instructor del caso de la Memoria Histórica, Luciano Varela, dictó ayer un auto por el que aplaza la práctica de pruebas solicitadas por Garzón hasta que la Sala Penal resuelva el recurso, de apelación que se presentó contra la resolución que le imputaba indicios sólidos de prevaricación.

    El auto explica que una vez se decida sobre el recurso se resolverá sobre la admisión de dichas diligencias”. Entre las pruebas solicitadas por Garzón figura la declaración como testigos de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

    Según fuentes jurídicas, la decisión de la Sala Penal es inminente y lo más seguro es que se conozca en los próximos días. Todo apunta a que los magistrados confirmen la decisión de Varela, que apreció “indicios sólidos” de que cometió un presunto delito de prevaricación”. Es más, la Sala está compuesta por los mismos magistrados que en su día admitieron por unanimidad la querella. Por otra parte, Luciano Varela también dictó ayer otro auto por el que admite como parte acusadora de este caso a Falange al consignar la cantidad de 6.000 euros de fianza.