El PP denuncia la presencia de cargos públicos del PSOE en las marchas de apoyo a Garzón

24 ABR 2010

Representantes del PSOE, IU, sindicatos y el mundo de la cultura encabezan la manifestación convocada en el centro de Madrid contra la impunidad del franquismo y en apoyo al juez Baltasar Garzón. El PP ha denunciado la presencia de cargos públicos en las manifestaciones pro-Garzón que han tenido lugar en una veintena de ciudades, con escasa participación.

El coordinador de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, calificó hoy de "impresentable" la presencia de dirigentes socialistas en los diversos actos convocados en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acusado de un presunto delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.

Moreno recordó que los políticos "no son un ciudadano más", puesto que deben "atender al decoro y al respeto institucional", por lo que condenó la presencia de cualquier responsable político o miembro del Gobierno en alguno de los actos previstos para el día de hoy en diversas ciudades españolas.

 "Los ciudadanos que se dedican a la política tiene ciertos privilegios y ciertas obligaciones", argumentó el dirigente 'popular', para quien resulta "impresentable" que los socialistas acudan a este tipo de actos.

La manifestación convocada esta tarde en Madrid por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se asegura que el procedimiento abierto al juez Baltasar Garzón "ensucia" la memoria de las víctimas de la dictadura.

El cineasta Pedro Almodóvar, la escritora Almudena Grandes y el poeta Marcos Ana han sido los encargados de leer el texto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional al término de la marcha de Madrid, una de las convocadas simultáneamente este sábado en varias ciudades españolas y extranjeras a través de las redes sociales de internet.

Durante la lectura del manifiesto, al que ha seguido un minuto de silencio, los tres han lamentado "las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia" la memoria de las víctimas del franquismo, "desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas".

Un proceso que, promovido por "organizaciones de extrema derecha" -en referencia a Falange Española de las JONS, Libertad e Identidad y Manos Limpias- podría interpretarse "como una lamentable prueba de la minoría de edad de la democracia española", lo cual "representa un escándalo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país".

Se han referido así a la causa abierta por prevaricación contra Garzón en el Tribunal Supremo (TS) al haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.

"Nadie puede siquiera comprender que un estado democrático impute un delito de prevaricación a un juez que ha asumido los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por aplicar en España la doctrina del Derecho Penal Internacional que, hace unos años, le permitió actuar contra crímenes semejantes cometidos en países como Argentina o Chile", han asegurado.

Por ello, creen que "España no puede continuar siendo una excepción para la Justicia española".

Han pedido así que el impulso democrático que supuso la aprobación de la Ley de Memoria Histórica se profundice "para impedir que en el futuro se reproduzcan hechos tan vergonzosos como el auto del juez Varela".

Previamente, Reed Brody, representante de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch, ha calificado de "irónico, desafortunado e hipócrita" que España no aplique "en su propio país los mismos estándares que en su día sirvieron para perseguir delitos similares cometidos en el extranjero".

De esta forma, procesar a un juez por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo "hace posible que tanto España como Europa puedan ser acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de ambas en la lucha contra la impunidad", ha concluido.