El PP acorralará al Gobierno en el Congreso con el "caso Faisán"

06 FEB 2011

El Partido Popular volverá a intentar acorralar al Gobierno a cuenta del "caso Faisán" en la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso, en la que tres ministros deberán responder al principal partido de la oposición, que exige que se depuren responsabildades políticas.

El PP pone ahora en el centro de la diana al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde cuyo teléfono se realizaron llamadas al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado por el "chivatazo" que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, en los días anteriores y posteriores al 4 de mayo de 2006, cuando se produjo la delación.

Uno tras otro, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el de Presidencia, Ramón Jaúregui, y el titular de Justicia, Francisco Caamaño, tendrán que responder a los diputados 'populares' que han decidido dar el protagonismo en su pregunta al "chivatazo" a ETA.

Rubalcaba tendrá que contestar a Ignacio Gil Lázaro qué opinión le merece que en el informe policial sobre las investigaciones iniciales del "caso Faisán" no se considerara relevante "el número de teléfono utilizado por el secretario de Estado de Seguridad".

Es sin duda previsible que el titular de Interior defienda a capa y espada a su secretario de Estado, como ya hizo en la rueda de prensa del pasado viernes tras el Consejo de Ministros, cuando se mostró convencido de que Camacho "no tiene nada que ver" con el chivatazo.

Para sostener este argumento, Rubalcaba cuenta con la última decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ya ha rechazado citar a declarar a Camacho, al estimar que su testimonio sería "irrelevante".

El ministro de Justicia, por su parte, tendrá que abordar este asunto desde otra perspectiva: el diputado 'popular' Jorge Fernández Díaz tiene previsto preguntarle si la nueva situación administrativa del secretario de Estado de Seguridad tiene algo que ver con la reactivación del "caso Faisán".

El PP no descarta que ese cambio de estatus de Camacho, que según publicó el BOE pueda tener relación con la evolución de las investigaciones sobre el "chivatazo", y quiere una explicación del ministro de Justicia.

Y, por último, al ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, le va a preguntar el diputado Ignacio Cosidó, que quiere saber qué datos tiene para haber afirmado recientemente que no hay que depurar responsabildades en el Ministerio del Interior por este caso.

En el PP, por el contrario, están convencidos de que la gravedad de lo ocurrido hace imprescindible la depuración de responsabilidades políticas, que cada vez ven más cerca del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba.