El PP sospecha que el PSOE resolvió “líos internos” en Andalucía con los falsos ERE

11 FEB 2011

Los populares creen que con las prejubilaciones se compensó a socialistas que cayeron en las listas. Acusan a la Fiscalía de intentar tapar el fraude.

E. Marín. Madrid

El Partido Popular tiene cada vez más claro que el fraude masivo de los ERE de la Junta de Andalucía no sólo trata de comisiones ilegales sino que le ha servido al PSOE andaluz para solventar sus “líos internos” y acallar voces incómodas o agradecer favores. Los populares están convencidos de que el dinero de las regulaciones laborales y las falsas prejubilaciones, que supone ya un desfalco de 700 millones de euros, ha servido para compensar económicamente a miembros del Partido Socialista que han quedado fuera de las instituciones (principalmente corporaciones locales) tras haber caído de las listas electorales, así como para pagar reubicaciones de altos cargos de la formación. En definitiva, la Junta ha utilizado parte de ese dinero para “recolocar” a compañeros de partido y para que nadie se quede sin un sueldo a fin de mes, según denuncian desde el PP.

Algunos de esos nombres ya han salido a la luz y a uno, en concreto, se le relaciona con el círculo más cercano del actual secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía en la época de Manuel Chaves. Es Antonio Garrido Santoyo, ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén), que aparece en la lista del ERE de una empresa en la que nunca estuvo, Vitalia Vida, y cuyo expediente no se cerró, según las investigaciones, hasta que su nombre figuró en él. Además, también han aparecido como beneficiarios en otras compañías (sin que hubieran pertenecido antes a ellas) otros socialistas como el ex alcalde de Pedrosa, el ex delegado de Asuntos Sociales de la Junta o el ex gobernador civil de Cádiz.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el candidato a la alcaldía de Sevilla, Ignacio Zoido, denunciaron ayer que todo ha ocurrido con la connivencia de Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta, y de su sucesor, José Antonio Griñán, en aquel momento consejero de Economía de la Junta. Pero la responsabilidad no sólo se queda en la cúpula del Gobierno autonómico, sino que los populares la extienden hasta el Ejecutivo central. En primer lugar, porque la Fiscalía, y por tanto el Ministerio de Justicia, se ha dedicado “a tapar en vez de a impulsar” la investigación sobre Mercasevilla y ahora que ha saltado toda la trama de ERE fraudulentos “todavía no se ha puesto a remover”. Pero si Andalucía estuviera gobernada por el Partido Popular, según denuncia la oposición, a estas alturas habría imputados y cámaras de televisión grabando a los detenidos.

En segundo lugar, González Pons elevó hasta el Ministerio de Trabajo la responsabilidad del fraude por no haber pedido los informes preceptivos. Y por último, apuntó directamente a Chaves, que se resguardó en la vicepresidencia del Gobierno cuando las cosas empezaron a torcerse, puesto que se conoce la existencia de esta estafa desde 2005. “Con el problema de paro que hay en Andalucía es sangrante y produce angustia que el dinero se lo repartan en el PSOE”, criticó el dirigente popular.

Ante tal situación, el PP prepara ahora una ofensiva parlamentaria tanto en la Cámara andaluza como en el Congreso para que se aclaren el alcance y las responsabilidades políticas de este caso. En Madrid, los populares preguntarán la próxima semana a Manuel Chaves si la Junta cumplía con la legalidad mientras él era presidente y por su complicidad en las subvenciones ilegales. Retomarán también el ataque a Valeriano Gómez como ministro de Trabajo y guardarán posiblemente en la recámara su pregunta al responsable de Justicia, Francisco Caamaño, por la inacción de la Fiscalía. En Andalucía, los populares formularán hasta seis preguntas en la sesión de control al Gobierno, solicitarán formalmente una comisión de investigación que el PSOE ya ha adelantado que negará y pedirán la comparecencia del Consejo de Gobierno y de los consejeros de Economía y de Empleo.