Vulneración del estado de derecho

Querella contra Rubalcaba por delito de 'desobediencia grave' a la autoridad electoral

22 MAY 2011

El sindicato Manos Limpias también le acusa de omisión del deber de perseguir delitos. La delegada del Gobierno en Madrid, implicada como coautora de los hechos.

Diego Carrasco. Madrid

Los sucesos acaecidos durante los últimos siete días en la madrileña Puerta del Sol pueden tener serias consecuencias jurídicas para las autoridades del Estado. El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias presentará mañana una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, y contra el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por un presunto delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos y otro de desobediencia grave a una autoridad electoral. Y es que “la decisión ejecutiva de la Junta Electoral Central se comunica a las juntas electorales provinciales, que, a su vez, requieren a las delegaciones del Gobierno para que disuelvan las concentraciones”. “Es en este punto donde se incurre en una desobediencia”, afirman fuentes judiciales.

El asunto no es otro que “desde el Gobierno no se ha cumplido con la decisión que el jueves por la noche adoptó la Junta Electoral Central de prohibir las concentraciones y protestas previstas para la jornada de reflexión”, explican. Es más, “ayer continuaban las manifestaciones bajo la atenta mirada de la Policía”. Según se desprende de la querella, que la acusación presentará ante los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, “la concentración adolece de la correspondiente y preceptiva autorización de la delegada del Gobierno en Madrid”. Y es que la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión exige que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquellas, con una antelación de 10 días naturales, como mínimo, y 30 como máximo”. Un requisito que, según la acusación, parece que no se ha cumplido.

Así las cosas, Manos Limpias afirma en su escrito que se “ha producido un doble acto ilícito e ilegal por parte de las autoridades gubernativas. Por un lado, una concentración permanente sin el permiso de la autoridad competente y, por otro, el desafío a las resoluciones de la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo”.

Decisión en vano

En efecto, “ambas decisiones judiciales vinculantes han caído en saco roto porque las protestas siguen produciéndose en los lugares públicos”, subrayan. La querella argumenta que “la conducta de la delegada del Gobierno, que ha omitido perseguir los presuntos delitos, está tipificada en el artículo 408 del Código Penal”. Este precepto establece que “incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años la autoridad o funcionario público que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables”.

Asimismo, el artículo 410 del Código Penal castiga a “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales”. Este precepto eleva la pena de la inhabilitación especial de seis meses a dos años.

Manos Limpias tiene muy claro que “la actuación del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Madrid debe ajustarse al imperio de la ley que recoge taxativamente la Constitución”. Y “no ampararse en razones de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”, según manifestó públicamente Rubalcaba. Es más, a su juicio, “el ministro del Interior se apoya falsariamente en un precepto de la Ley Seguridad Ciudadana para justificar que no disuelve la protesta porque es pacífica”.

Según se desprende de la querella, “las concentraciones y protestas han atentado al bien jurídico protegido por la Constitución, esto es, la libre circulación de los ciudadanos”. Además, “no se han protegido la propiedad y actividades comerciales de la zona del centro de Madrid, ya que varios comercios se han quejado por las pérdidas económicas que han sufrido durante estos días”. Otro de los argumentos que desarrolla la acusación es la “interrupción de los servicios públicos como taxi, metro o tren de cercanías. A los usuarios se les recomienda que utilicen rutas alternativas”. Esto supone un “clarísimo delito contra el orden público y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”, según el colectivo Manos Limpias.

Todo pacífico

Como diligencias de prueba que solicita la acusación al juzgado de instrucción destaca, entre otras, “la declaración de la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, para que aporte la autorización gubernativa de esa concentración durante los últimos días”. También se le pide “que manifieste si ha recibido órdenes superiores del ministro del Interior para no disolver la manifestación”.

Por otra parte, la cúpula del Ministerio del Interior constató ayer en una reunión celebrada por la mañana que no se produjo ningún incidente en las protestas del denominado movimiento 15-M que tuvieron lugar en ciudades de toda España, en las que se calcula que participaron alrededor de 58.000 personas, según explicaron fuentes del Ministerio del Interior. Durante el encuentro se pudo constatar que las concentraciones transcurrieron de forma pacífica y sin ningún incidente, pese a haber sido prohibidas por la Junta Electoral Central.

El Cuerpo Nacional de Policía recibió el viernes la consigna de no desalojar la concentración de la Puerta del Sol ni las de las demás ciudades españolas mientras no se produjeran incidentes. Los efectivos desplegados serán los mismos que durante cualquier jornada electoral.

En cualquier caso, el debate jurídico está abierto por la inactividad del Gobierno, que no ha hecho nada para impedir desde el primer día una concentración que no se ajusta a la ley. Fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron ayer que “actuaciones del Gobierno como las acontecidas en los últimos días suponen cargarse el Estado de derecho”. Máxime cuando se ha pasado por alto una decisión del Supremo y del Constitucional.