Rubalcaba y Caamaño se enfrentan por salvar a Garzón

16 FEB 2010 | D. Carrasco.

Fuentes políticas apuntan que el magistrado está echando un pulso al Gobierno.

Madrid.- “Claro, contundente y duro” son los tres calificativos que resaltan las fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA respecto al auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que ordena al juez Garzón “especial diligencia y celo” en la investigación del chivatazo a ETA. Además, “se trata de un asunto de extrema gravedad porque estaríamos hablando de delitos de colaboración con banda armada y de encubrimiento”, apuntan dichas fuentes.
 Por tanto, “es un asunto que representa una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España”, subraya el auto de la Sala. “Ello significa que hay que agotar todas las pruebas y no contentarse con realizar una investigación preliminar”, indica un jurista. En este sentido, “el proceso penal no está para el capricho de un juez de instrucción, sino para practicar las diligencias que sean útiles”, señala un magistrado.
Esta medida judicial, de gran calado, ha provocado cierta división entre los miembros del Gobierno de Zapatero. Según fuentes políticas, “el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el de Justicia, Francisco Caamaño, mantienen posiciones distintas respecto a la imputación del Tribunal Supremo sobre Garzón. Según estas fuentes, “Rubalcaba apoya al juez en su presunta actuación correcta respecto a los delitos de prevaricación en el caso de la Memoria Histórica y cohecho, estafa y prevaricación en los cobros de la Universidad de Nueva York”. En cambio, “Caamaño tiene que avalar y defender la legalidad del Supremo y no a un juez concreto”, comenta una fuente cercana al Ministerio de Justicia. Es más, “a este ministro lo llevó al Gobierno la vicepresidenta primera María Teresa Fernández, que nunca ha sido partidaria del modo de actuar y proceder del juez Garzón”, añade. Un ex vocal del Consejo General del Poder Judicial ha señalado a este diaro que “Fernández era muy contraria al uso que hacía Garzón del juzgado para su promoción personal y, sobre todo, la carga política de sus actuaciones jurisdiccionales”.
En cualquier caso, lo que si parece claro es que Garzón le está echando un pulso al Gobierno. Y la moneda de cambio no es otra que “si el Ejecutivo sale en defensa del juez, éste hace todo lo posible por archivar el caso Faisán”, señalan fuentes políticas.
 “Garzón sabe perfectamente qué órgano político dio la orden en el chivatazo de ETA. Esto colocaría en una situación muy comprometida al Gobierno y al Ministerio del Interior”, afirman. En consecuencia, agregan estas fuentes, “el Ejecutivo está buscando una salida airosa al magistrado, para cuando se produzca la posible suspensión de la carrera judicial”. Para ello, “quieren colocarlo en un puesto de cierto nivel y relevancia. Se habló de ocupar el cargo de juez de enlace con Iberoamérica, pero sería imposible al estar imputado por un delito de prevaricación”, subrayan. El asunto está claro: cambiar el archivo del caso por una salida profesional airosa.
Reacción
Por otra parte, Garzón no ha tardado ni 24 horas en obedecer las indicaciones dadas el lunes por Sala Penal de la Audiencia Nacional. De este modo, el juez ha citado hoy a tres policías que participaron en la investigación sobre el chivatazo a ETA contra su red de extorsión en 2006.
En la providencia, el juez solicita a la Policía que le facilite los datos de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, realizó las llamadas, así como que informen sobre si estaba intervenida y si existe una relación de llamadas entre Elosua y Cau Aldanur, miembro del aparato de extorsión de ETA.
El magistrado también cursará comisión rogatoria a Francia una vez que reciba el informe de la Policía, para que las autoridades galas le informen sobre si existe algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006.
 Los tres policías a los que el magistrado tomará declaración mañana son el responsable principal de la investigación y dos miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián a los que la sala identifica como Unai y Sugoi. No hay que perder de vista que la Fiscalía solicitó el pasado mes de octubre el archivo de la causa al considerar que tres años después de iniciar la investigación no se ha averiguado quién fue el responsable. En cambio, los magistrados Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego consideran que la investigación apunta “en otra dirección” que no ha sido objeto de análisis ni de la Fiscalía ni del juez instructor ni de la Policía Judicial.
Ganar tiempo
En otro orden de cosas, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer dar un plazo de 10 días hábiles al juez Garzón para que formule las alegaciones que considere oportunas antes de decidir si lo aparta cautelarmente de la carrera judicial. La decisión fue adoptada por unanimidad de los vocales.
Este trámite se ha acordado porque lo ha solicitado en propio magistrado, apuntan fuentes del CGPJ. En este sentido, esta actuación administrativa supone dar más garantías al proceso contra el juez, ya que así no podrá alegar que ha tenido indefensión. Además, se trata de la primera vez que un magistrado solicita ser oído antes de decidir sobre la suspensión.
Con esta estrategia es evidente que el juez estrella quiere ganar tiempo de cara a ser apartado cautelarmente de la carrera judicial. Al plazo ganado ahora hay que sumarle también el tiempo que se tome la Fiscalía para remitir el informe solicitado por el CGPJ. Después, hay que esperar a que la comisión resuelva.
Así las cosas, en el caso de que se produzca la suspensión de Garzón, el juez que se encargaría inicialmente de continuar con la investigación del chivatazo de ETA sería su compañero Pedraz. No obstante, el CGPJ deberá nombrar un sustituto legal, en comisión de servicios, para que se haga cargo de los asuntos del juzgado central de instrucción mientras dure la suspensión.
La comisión también acordó archivar la petición de la nieta de Negrín que pretendía que Dívar se abstuviera de decidir sobre Garzón porque había jurado los principios del Movimiento. El CGPJ dice que se trata de una causa jurisdiccional.