Todo lo que la Fiscalía tendría que investigar del patrimonio de José Bono

06 JUN 2010 | Nacho Bosque

El presidente del Congreso acumula bienes por más de 6,5 millones de euros. También ha recibido regalos de Rafael Santamaría.

Madrid.- En la declaración de bienes presentada por José Bono ante el fiscal general del Estado en abril de este año aseguraba poseer una casa en Olías del Rey (Toledo), otra en Salobre (Albacete) y un piso en Estepona.

Sin embargo, tal y como demuestran las notas registrales publicadas por LA GACETA, el patrimonio inmobiliario del presidente del Congreso supera los seis millones de euros.
José Bono olvidó declarar que poseía dos áticos en Estepona. Olvidó declarar que había comprado este año un piso en El Campello (Alicante). Olvidó declarar que tenía un ático en el madrileño barrio de Salamanca.

Y olvidó declarar que había regalado a su hijo un piso en el Madrid de los Austrias.
El presidente del Congreso, a posteriori, ha explicado que todo ese patrimonio, lo han conseguido él y su esposa gracias a los ingresos que ha percibido él como político y su mujer trabajando para la firma de joyería Tous.

Además, a esto, añade que también han recibido beneficios de sus empresas familiares.
Sin embargo, a pesar de que Bono recurre como fuente de ingresos a las sociedades que poseen él y su mujer con sus hijos, lo cierto es que Hípica Almenara, a pesar de haber ganado un millón de euros en los últimos tres ejercicios, no ha repartido dividendos entre sus accionistas, y por lo tanto este dinero difícilmente no ha podido ser el empleado en la compra de los inmuebles, tal y como asegura el presidente del Congreso.

Por otra parte, y en lo que respecta al dinero que pudiera haber provenido de la empresa patrimonial de los Bono, Ahorros Familiares Saja, ésta sólo ha repartido dividendos en una ocasión y fueron en concreto 450.000 euros.

Cohecho impropio

El Tribunal Supremo estableció en la sentencia con la que se reabrió la causa contra el presidente de la Genereralitat, Francisco Camps, y otros miembros del Partido Popular en relación con la trama Gürtel, que aceptar obsequios en política es cohecho. “Basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función del cargo desempleado”.

Esta sentencia podría afectar también a los regalos que ha recibido el presidente del Congreso por parte de empresas como Reyal Urbis o Rafael Hoteles.

Cabe destacar que Reyal Urbis permutó a José Bono dos áticos en Estepona valorados en 1.474.460 euros aunque escriturados por 925.000- por un piso en Madrid de 580.608 euros. Además, la constructora también pagó la decoración de dos casas del presidente del Congreso. Abonó 7.699 euros en la de Olías del Rey y 13.246 euros en la de Salobre.

Además, según publicó ElConfidencial.com, Rafael Santamaría también habría obsequiado a José Bono Rodríguez, hijo del presidente del Congreso, con dos caballos valorados en más de 200.000 euros. Por otra parte, Beatriz Hoteles ha reconocido que pagó remodelaciones en la hípica de la familia Bono.

Respecto a la controvertida relación entre el presidente del Congreso y el empresario Rafael Santamaría también cabe destacar que fue durante el último mandato de José Bono al frente de la Junta de Castilla-La Mancha dio luz verde al macroproyecto urbanístico de Rafael Santamaría en Guadalajara, la Ciudad de Valdeluz.

Consecuencia de estos hechos, el Partido Popular presentó el pasado miércoles una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado contra José Bono, acusándole de haber cometido “cohecho pasivo impropio”.

Además, el PP exigió la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso de los Diputados para explicar la pasividad de la fiscalía en el caso Bono, resaltando la “doble vara de medir” de Cándido Conde- Pumpido. El Partido Popular también ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los “posibles desajustes patrimoniales” entre los bienes declarados por José Bono y los que realmente posee. El PP también ha instado a que se investigue la relación del presidente del Congreso con empresas y empresarios con los que presuntamente podría haber mantenido relaciones ilícitas.

Para esto, el Partido Popular solicita que desde la Fiscalía se recabe información de las adjudicaciones que hubieran podido haber sido concedido La Junta de Castilla-La Mancha a sociedades pertenecientes a Rafael Santamaría.