Un mal día para ser del PP

141 comentarios SORAYA PACIOS

Los habitantes de Génova 13 no vivieron ayer el mejor de sus días. Algunos de sus inquilinos protagonizaron portadas por presuntas compras irregulares, cuentas en Suiza e indultos a homicidas.

El Partido Popular no gana para disgustos. Por si tuviera poco con la crisis, los recortes, las manifestaciones y el clima de malestar social, los escándalos se le acumulan.

Primero fue José Güemes, ex consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, que dimitía este martes de su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se publicara que era consejero de esta empresa que gestiona los laboratorios de seis hospitales públicos de Madrid desde que se privatizara siendo Güemes consejero de Sanidad. Unilabs, que contaba con Güemes en su Consejo de Administración, adquirió el pasado noviembre Balaguer, la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó los análisis clínicos de seis hospitales en 2009.

Debido al revuelo causado y a las acusaciones de posibles intereses personales, Güemes aseguró que dejaba el cargo "para entrar dentro del debate sobre la Sanidad pública y privada". "Quiero ser libre para seguir defendiendo mis convicciones sin que nadie me pueda decir que tengo intereses personales; Abandoné el Gobierno hace tres años y he tenido muchas ofertas en el sector de la Sanidad que no acepté, pero la de Unilabs sí porque no contrataba con la Comunidad de Madrid", precisaba Güemes.

Este mismo martes, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, defendía la actuación de Güemes, destacando que el ex consejero "lleva muchos años (tres) fuera de la política" y que haber sido consejero de Sanidad de la Comunidad, "que gestiona el 30% de la sanidad española, le da a uno la capacidad de conocer bastante el sector".

El ático de lujo

Y precisamente Ignacio González provocó ayer el segundo tsunami en Génova. Sólo un día después de que una juez de Estepona ordenase a la Agencia Tributaria -a instancias de la Fiscalía Anticorrupción- investigar quién es el auténtico propietario del ático marbellí que el presidente disfruta en régimen de alquiler, González salía al paso reconociendo que es de su propiedad desde diciembre del pasado año.

El polémico ático fue investigado a raíz de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que advierte de que su compraventa no figura inscrita en el Registro de la propiedad por "tema de impuestos", según el vendedor. "Al momento de la trasmisión", continua la denuncia del SUP, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, "muy inferior" a la media que se paga en la zona -unos "6.000 euros al mes"- y pagados a una empresa "sin actividad" de Delaware. El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y de que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".

La Comunidad de Madrid respondía a la denuncia recordando que el 80% del ático de lujo (566.000 euros) corresponde a la mujer del presidente, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, mientras que el 20% (154.000 euros) responde a González.

Es importante el dato de que el sindicato policial ya había denunciado con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático alquilado por González y que tras abrirse una investigación policial, la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito. Fue precisamente debido a estas pesquisas, por las que dos comisarios fueron cesados. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, culpó entonces al anterior Gobierno de Zapatero de llevar a cabo una investigación "irregular".

González ha destacado que "lo único" que ha reclamado el Juzgado es información para conocer si el antiguo propietario del inmueble ha cumplido sus obligaciones fiscales y ha reiterado que "en nada" tienen que ver con él ni con la Comunidad de Madrid estas averiguaciones, y ha puesto a disposición de todos los medios de comunicación que lo reclamen las escrituras del ático "en aras de la transparencia"

Bárcenas: el ex tesorero con 22 millones en Suiza

Ni dos horas habían pasado cuando se conocían los datos de unos documentos solicitados a Suiza por el juez instructor del Caso Gürtel, Pablo Ruz según los cuales el ex tesorero del PP Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel. El juez Ruz ha trasladado esta información a la Agencia Tributaria y la Policía para que realicen informes sobre cinco cuentas bancarias encontradas en Suiza, cuatro de ellas vinculadas presuntamente a Bárcenas y una quinta a otro imputado en Gürtel, Eduardo Eraso Campuzano.

Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 14.885.976 euros en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de fundación panameña Sinequanon, cantidad que subió a 19.757.330 euros a finales de 2006 y a 22.144.832 euros a finales de 2007, bajó a 13.673.661 euros a finales de 2008 y a 11.853.921 euros en octubre de 2009. Es en 2009, una vez se conoce la investigación contra él e incluso tras su declaración ante el Tribunal Supremo en julio, el imputado habría procedido a realizar diversas transferencias desde su cuenta para finalmente clausurarla, transfiriendo todos sus activos a otra cuenta de la misma entidad a nombre de la mercantil Tesedul SA.

En dicha documentación se indica además que Luis Bárcenas habría tenido otras cuentas en Ginebra diferentes a las detalladas en la documentación que ha recibido el juzgado de la Audiencia Nacional. Merece la pena recordar que en 2011 Bárcenas declaró ante el primer instructor del caso Gürtel, que no tenía cuentas bancarias en Suiza y que si viajaba con frecuencia a ese país se debía a su afición por el esquí y el montañismo. Ese mismo año renunció a su escaño como senador del PP.

El embrollo del kamikaze indultado

La guinda de la jornada llegaba de la mano de los indultos del Ministerio de Justicia. El indultado se trata de un conductor kamikaze que mató a una persona y cuyo indulto había generado ya revuelo mediático debido a la gravedad de su delito. Se sabía ayer que el indultado estaba representado por el bufete Uría y Menéndez, en el que trabaja el hijo de Gallardón.

Pero no sólo eso: el abogado de este delincuente era Esteban Astarloa, hermano del ex subsecretario de Justicia Ignacio Astarloa. Al ser preguntado por ese indulto en rueda de prensa, el ministro dijo que no recordaba, en ese momento, el expediente concreto. 

La familia de la víctima, que ha declarado sentirse "desconcertada", exige una explicación pública, mientras que su abogado, preguntado sobre si esa situación puede haber influido en el indulto, no ha querido relacionarlo, aunque ha calificado de "bastante sorprendente" que se haya actuado "de manera tan rápida" con una pena de trece años y con los informes en contra de la Audiencia provincial, la Fiscalía y las víctimas.

El Ministerio de Justicia ha desvinculado el indulto con el trabajo de un hijo del ministro de Justicia, según estas fuentes el letrado del kamikaze y el hijo del ministro trabajan en áreas distintas del Derecho y no comparten la misma oficina. Además, según Justicia, el indulto se concedió en diciembre, cuando el hijo del ministro "no estaba trabajando en España, ni siquiera en el mismo continente", por lo que "difícilmente se puede vincular una cosa con otra".

'Mañana será otro día', pensaría más de uno al irse a dormir ayer.