Uno de los promotores de Garzón, condenado por lucrarse con la Memoria Histórica

30 MAY 2010 | Rosalina Moreno. Madrid

Luis Miguel Cuervo se apropió de una base de datos realizada por investigadores de la Universidad de Oviedo, que costó cerca de 300.000 euros. Realizó viajes de placer a costa de su asociación.

En abril de 2009, José Antonio Landera, presidente en funciones de la asociación de la Memoria Histórica Todos los nombres de Asturias, presentó una demanda contra el anterior directivo, Luis Miguel Cuervo, al sospechar que “se podría estar lucrando personalmente de la organización”.
Se da la circunstancia de que Luis Miguel Cuervo es uno de los convocantes de manifestaciones en apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

A juicio del portavoz de esta asociación, Cuervo Fernández convocó, sin estar legitimado, una concentración en Gijón el 24 de abril “en contra de la Impunidad del franquismo y contra el procesamiento del juez Garzón”.

Cuervo también es uno de los firmantes del manifiesto en contra del procesamiento del magistrado, acusado de haber instruido unas diligencias penales sin estar legitimado para hacerlo.
Tal y como se desprende del fallo judicial, al que ha tenido acceso LA GACETA, y que todavía no es firme, Cuervo Fernández ha sido condenado por el juzgado Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gijón (Asturias) a restituir a la actual junta directiva “todos los objetos y elementos a los que obran en su poder”, “a realizar los trámites precisos ante la entidad Cajastur para desbloquear la cuenta de la asociación” y “a ceder la administración de las cuentas de correo de la asociación y personales de la directiva actual”. Además, el juez Luis Roda, titular del Juzgado número 4 de Gijón, reconoce en la sentencia que el comportamiento de Cuervo no se corresponde con los intereses de la asociación que dirigía.

Los objetos reclamados en la demanda se refieren al libro de socios, la base de datos de 17.000 republicanos muertos o desaparecidos en la Guerra Civil, las llaves de la sede, las del apartado de correos, dos teléfonos móviles y la relación de facturas que forman parte de la contabilidad de la asociación.

Aparte de esta reclamación, Cuervo Fernández se enfrenta a una querella criminal que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón.

La actual junta directiva presentó esta denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias. Según ha explicado José Antonio Landera a LA GACETA, “a raíz de demandarlo empezó a verter insultos y difamaciones de tipo personal contra los miembros de la junta directiva”.

300.000 euros

Según ha podido saber este periódico, por fuentes de Todos los nombres de Asturias, Luis Miguel Cuervo se apropió de la base de datos realizada por investigadores contratados por la Universidad de Oviedo, que le supuso un gasto aproximado a los 300.000 euros.

En abril de 2007 Cuervo Fernández –electricista de profesión, militante de CC OO y con buenas relaciones con Izquierda Unida y la Federación Socialista Asturiana– fundó junto a otras seis personas esta entidad relacionada con la investigación de las víctimas y desaparecidos republicanos durante la Guerra Civil en Asturias. Su principal objetivo era la creación de una base de datos. Curiosamente, Cuervo eligió como sede social de la asociación un local en la calle Belice de Gijón, propiedad de la inmobiliaria Gala Costa Verde, donde trabaja su mujer, Luisa Mauri Toral.

A principios de 2009 miembros de la directiva de la asociación se percataron de una serie de presuntas irregularidades en la gestión de Cuervo Fernández: “Gastos sin aparente justificación”, “facturas falsas para justificar ayudas públicas”, y la “falta de información a los socios sobre el estado de las cuentas”. Asimismo, descubrieron que la base de datos, a la que sólo tenía acceso Luis Miguel Cuervo, repentinamente creció de forma desmesurada, pasando de 5.000 nombres a más de 20.000.

Frente al aluvión de quejas que se le venía encima Cuervo presentó su dimisión en marzo de 2009 alegando “motivos personales”. “Cuando se le pidieron cuentas, dimitió”, ha explicado taxativamente Landera a este diario. También cuenta que Cuervo convocó “una asamblea ilegal de socios para seguir gestionando la asociación”.

Subvenciones

Durante los tres años que duró el mandato de Cuervo Fernández la sociedad recibió, al menos, 18.650 euros de subvenciones.

El Ayuntamiento asturiano de Gijón, dirigido por la socialista Mª Paz Fernández Felgueroso, le concedió en febrero de 2009 una subvención de 9.000 euros repartidos entre los siguientes conceptos: 3.000 euros para financiar un congreso; 1.000 para la exposición y 5.000 para la “oficina de investigación de desapariciones forzadas”.

En enero de ese mismo año, la Fundación Rosa de Luxemburgo le dio 3.550 euros para financiar la exposición titulada La Memoria de los Nietos.

En noviembre de 2008 recibió una subvención del Consistorio de Avilés de 2.800 euros por “actividades culturales”.

En diciembre del mismo año el Ayuntamiento de Caravantes le favoreció con 3.300 euros por un trabajo histórico sobre la represión en aquella localidad.

En ese mismo mes, Cuervo pidió al Ministerio de la Presidencia una partida presupuestaria de 59.984, 92 euros, destinada a “actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”. Tras su dimisión la rechazó “para que no se beneficiaran de ella sus antiguos compañeros de asociación”.

Facturas falsas

Según la documentación que obra en poder de LA GACETA, “Cuervo solicitaba a los socios con los que tenía un trato cercano que pidieran en los establecimientos que frecuentaban facturas a nombre de la sociedad”.

Entre estas facturas se encuentran las relativas a compra de ordenadores, cámaras de fotos y discos duros. También destacan dos facturas que solicitó en un restaurante por valor de 1.050 euros, cada una, en concepto de 43 platos consumidos.

“Cuervo realizaba viajes de placer a costa de la asociación; gastaba sin mesura ni fiscalización. En cambio, al resto de los investigadores les restringía los gastos ocasionados por las visitas a distintos archivos”, expresa Landera.