Vic no cede y aprueba la exclusión de los 'sin papeles' en el padrón municipal

13 ENE 2010

El consistorio gobernado por CiU, PSC y ERC sostiene que la medida es legal y desoye al Gobierno y la Generalitat. El PSC no actuará contra sus concejales.

El pleno municipal de Vic (Barcelona) aprobó ayer de forma inicial por mayoría la nueva normativa que impedirá la inscripción en el padrón municipal de los extranjeros en situación irregular. Se prevé que el debate y la aprobación definitiva se produzcan en el pleno del 3 de febrero.

El equipo de Gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, sacó adelante la propuesta en contra del criterio del Gobierno y de la Generalitat. El alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, de Unió, aseguró que los servicios jurídicos municipales avalan la decisión, aunque se mostró abierto a retirarla si se demuestra que es ilegal. Los cuatro concejales del PSC en Vic respaldaron la propuesta, en contra del criterio de su partido y pese a las advertencias de la Generalitat y del Ejecutivo. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reiteró ayer que la medida adoptada en Vic “no está cubierta” por la ley. También el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, advirtió al consistorio de que si el acuerdo es ilegal las denuncias les llegarán de las instituciones y de las asociaciones que trabajan con inmigrantes. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló que se tomarán las medidas que procedan cuando dictamine la Abogacía del Estado.

 La responsable de inmigración del PSC, Consol Prados, aseguró que el partido no actuará contra sus regidores en Vic, aunque el partido está en contra de su postura. Prados remarcó que la propuesta aún no ha sido aprobada definitivamente y dijo que la ejecutiva del PSC mantiene el diálogo con los concejales de Vic. En el pleno municipal se opuso a la propuesta ICV, y el presidente de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, que tiene cuatro concejales, celebró que el ayuntamiento tome medidas contra la inmigración ilegal, aunque considera que son insuficientes. Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se manifestó prudente al respecto y aseguró que esperará al informe que realice la Abogacía del Estado sobre la decisión del Ayuntamiento de Vic de impedir a los inmigrantes en situación irregular que se puedan empadronar en el municipio, según informó Europa Press.