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La deferencia del Gobierno hacia Rabat contrasta con el recorte de inversiones en España. El titular de Fomento acude hoy al Congreso para explicar los reajustes
Las inyecciones de dinero público a Marruecos por parte del Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero para financiar infraestructuras en el país alauí han servido de bálsamo ante posibles conflictos entre ambos Estados vecinos. El Gobierno, pese a la crisis económica, no ha dudado estos tres últimos años en firmar cuantiosos acuerdos de cooperación con Rabat en esta materia. Así, se ha jactado de realizar estas concesiones, mientras en España, por el contrario, ha optado por aplicar un drástico recorte. De hecho, el ministro de Fomento, José Blanco, se ha visto obligado a comparecer hoy en comisión en el Congreso de los Diputados a fin de explicar la reprogramación de inversión en obra pública, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, devolviese al primero 500 millones de euros de los 6.400 millones inicialmente recortados para el próximo ejercicio.
En concreto, este tipo de ayudas a Marruecos han superado los 700 millones de euros desde que se celebrara en marzo de 2007 la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí. Aquella cita fue aprovechada por el Ejecutivo para comprometer la donación de dos créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) de 100 millones de euros cada uno dirigidos a costear la construcción de una central termosolar próxima a la ciudad de Uxda, en la frontera con Argelia, y un parque eólico en Tánger.
La siguiente cumbre, en la misma línea, permitió al Gobierno agasajar al país magrebí con 520 millones, orientados principalmente a proyectos de energías renovables, agua, medio ambiente, transporte y telecomunicaciones. A la espera de que se concierte la décima RAN (entre tanto, ha tenido lugar la cumbre UE-Marruecos del pasado marzo, bajo mandato español en Bruselas), este año el Ejecutivo socialista tiene previsto destinar a infraestructuras y servicios en el reino de Mohamed VI casi 10 millones de euros. Así consta en una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta escrita de la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas.
Este montante en infraestructuras viene a sumarse a las millonarias subvenciones que Exteriores otorga a programas humanitarios y de desarrollo, y sobre todo al dinero que el Gobierno de Rodríguez Zapatero deja en manos marroquíes para que sean las autoridades del país vecino quienes asuman el grueso de frenar la llegada a costas españolas de inmigrantes, en su mayoría, procedentes del África subsahariana.
Tanto el Plan África 2006-2008 como el recién aprobado para 2009-2012 han sido acogidos por asociaciones de Derechos Humanos como un instrumento que se limita al control de los flujos migratorios “sin vigilancia de los métodos empleados”. Anuncios de estas ayudas, aún sin materializarse, provocaron avalanchas de inmigrantes que acabaron con redadas de la Policía marroquí o deportaciones al desierto.
En octubre de 2005, nada más prometer España 20 millones de euros, cerca de mil africanos quisieron saltar la valla fronteriza de la ciudad de Melilla. Hubo seis muertos.
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