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El veto de los toros costará 57 euros a cada catalán. La Generalitat tendrá que abonar entre 300 y 500 millones de euros en indemnizaciones
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña supone “un ataque político contra España en toda regla”, explicó Enrique Ponce a LA GACETA en pleno debate sobre la Fiesta española. Hoy se vota en el Parlamento de Cataluña si se prohíben las lidias de toros, tal y como solicita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 180.000 ciudadanos.
La propuesta, impulsada por la Plataforma Prou! -¡Basta!-, aterriza en el Parlamento con una clara ventaja para los antitaurinos. Los nacionalistas de Convergencia y Unión que cuentan con 48 diputados, nueve más que el PSC, y que gozan de libertad de voto, apoyará en su mayoría la ILP, tal y como adelantaba ayer LA GACETA.
“Al principio quisieron ampararse en el antitaurismo de los defensores de los animales para hacer bulto, pero últimamente se han visto obligados a quitarse la careta” y mostrar su verdadero rostro. “Lo más grave es la postura que acaban de adoptar los socialistas catalanes y de manera increíble el PSOE” que, a diferencia de sus socios en Andalucía que son defensores acérrimos del toro, “se traicionan a sí mismos y a los españoles”, explica. Y es que para Enrique Ponce, si alguien tiene “la pelota en su tejado” es el presidente del Gobierno, que “debería dar la cara y mojarse porque prohibir los toros supone coartar la libertad de los españoles con sus tradiciones y sus gustos” y entraña “la humillación para toda la sociedad”.
El sector taurino está de luto. La estocada de los nacionalistas contra su Fiesta, su mundo, su negocio, supondrá pérdidas económicas monumentales y “una intromisión total en las libertades individuales de los españoles”, comenta Julián López El Juli.
“Es un conflicto estrictamente político que ha pillado en medio a un mundo profesional único en todo el mundo y tan digno y respetable como el que más”, explica, “y ahora quieren cargársela los nacionalistas apoyados por los socialistas”, añaden. Porque para Julián López éste no es un debate “ni de izquierdas ni de derechas” sino de “una tradición histórica con la que nadie podrá”, hasta el día de hoy.
Según el joven torero, faltan apoyos. “Evidentemente, el presidente del Gobierno no es aficionado, pero no debería ignorar a cuantos lo somos, sino apreciar los miles de millones que todas las arcas del Estado ingresan gracias a la Fiesta”, explica.
Para otros, no es asunto ni de política, ni de economía. “No estoy metido en política, lo único que sé es que los toros es algo muy nuestro, una tradición que está metida en el alma de los españoles. Hay democracia y se debe dar libertad a todo el mundo”, dice Julio Aparicio a LA GACETA. En la misma línea se expresó ayer Salvador Boix, apoderado de José Tomás, que lamentaría la prohibición que supondría “una pérdida para la libertad de las personas y para mi historia personal ligada a los toros”.
No sólo es sentimiento y tradición... El veto a las corridas de toros en Cataluña tendrá repercusiones económicas sobre el Estado y sobre cada uno de los catalanes. Según un informe de la Plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta (PPDF), el veto a los toros costaría 57 euros a cada catalán en indemnizaciones al sector. Es más, el estudio, elaborado por Vicente Royuela, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y miembro de la plataforma, explica que las arcas públicas de la Generalitat deberán desembolsar entre 300 y 500 millones de euros si el Parlament finalmente aprueba la ILP a los afectados por el veto.
Del estudio se desglosa que en 2007 la plaza de toros de Barcelona recibió a un total de 111.060 espectadores que, multiplicados por una media de 40 euros la entrada –es una de las plazas más caras de España–, sumaba una facturación anual de más de cuatro millones de euros.
Teniendo en cuenta estos datos, el informe cuantifica la indemnización a la que tendría que hacer frente la Generalitat a partir de varios datos como el coste de los bienes que se verían afectados por el veto, como la empresa gestora, el arrendador del coso o los toreros. Tomando como dato los cuatro millones de euros que suma cada año la Monumental, las pérdidas serían eso, grandiosas. Su multiplicamos esta cifra por los 99 años de permanencia de la gestión de la plaza implica una cifra cercana a los 400 millones de euros de indemnización. Si se aplicara una tasa de descuento en términos reales, la cifra quedaría en 253 millones.
Además, según el estudio, la Generalitat tendría que pagar entre 50 y 150 millones de euros para comprar las plazas de toros afectadas. Así, en total, el informe concluye que el veto a los toros costaría entre 300 y 500 millones de euros.
Hoy, en el Parlament, además de hablar catalán y español, se escucharán palabras en inglés, francés e italiano, por lo menos. El debate ha suscitado tal expectación a nivel internacional que 11 medios de comunicación de primera línea como la BBC, France Presse, la CNN o The Times están acreditados para asistir al pleno.
Además, el debate ha contado con el apoyo total de las redes sociales que se han volcado tanto con el sí como con el no a los toros. El grupo creado en Facebook por el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal, ha impulsado una concentración a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol de Madrid.
Los defensores de las corridas de toros también invaden las redes sociales con una nueva convocatoria para protestar contra la prohibición. “Miércoles 28 de julio, a las nueve de la mañana en el Parlament. Pásalo”.
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