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Según el estudio de la Universidad de Barcelona, la violación de los derechos de la UE y de la OMC puede originar litigios con la Comisión Europea, en el primer caso, y con todos los miembros de la OMC, y en particular Estados Unidos, en el segundo.
Barcelona.- El proyecto de Ley del Cine de Cataluña en su actual redacción es incompatible con la normativa de la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), según un estudio del catedrático de la Universitat de Barcelona (UB) Ramon Torrent.
Torrent compareció hoy en la Comisión de Política Cultural del Parlament de Cataluña, donde explicó el contenido del dictamen que ha elaborado por encargo del Gremi d'Empresaris de Cinema de Cataluña.
Según Torrent, la ley iría en contra de la normativa comunitaria porque la "discriminación" de las películas que no están rodadas en castellano o en catalán es "contraria a las obligaciones de acceso al mercado y de trato nacional que han figurado siempre en el Tratado de la Comunidad Europea y a la obligación de trato de la nación más favorecida (no discrimnación entre extranjeros) que figura en el acuerdo sobre servicios de la OMC".
Además, aseguró que no cumple uno de sus principales propósitos: la promoción del catalán como lengua de exhibición. Para el catedrático, la nueva ley es "una medida de promoción y protección de las películas rodadas en castellano frente a las películas rodadas en todas las otras lenguas del mundo excepto el catalán".
Así, los artículos principales del proyecto que conceden un trato "más favorable" al castellano serían el artículo 18, que impone las cuotas de doblaje, y la disposición final segunda.
La conclusión es que las películas españolas, por ser europeas, no tienen que doblarse si salen con un máximo de 15 copias, mientras que las películas del resto del mundo tienen que doblarse desde la primera copia. La contradicción es que las películas latinoamericanas, al ser en castellano, tendrían el mismo beneficio que las españolas, con lo que no se cumpliría el objetivo de la ley.
Torrent también advirtió que la violación de los derechos de la UE y de la OMC puede originar litigios con la Comisión Europea, en el primer caso, y con todos los miembros de la OMC, y en particular Estados Unidos, en el segundo.
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