Los objetores a EpC llevan su batalla ante la Justicia europea

19 MAR 2010 | David F. Grande.

Piden a Estrasburgo ejercer sus derechos y una indemnización. “No quiero que enseñen esas cosas a mis hijos”, dice una eurodiputada española.

Bruselas.- Hoy unas 300 personas llevarán ante la Justicia europea su lucha contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, y “por la libertad ideológica y el derecho de los padres a educar a los hijos según sus convicciones”, en sus propias palabras.

Los objetores llevarán sus reclamaciones para que sean escuchadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ubicado en Estrasburgo (Francia), corazón europeo de los derechos humanos y la integración comunitaria.

“Lo importante es demostrar que esta cuestión sigue abierta, que no está en absoluto cerrada; queremos llamar la atención del Gobierno español, y de las autoridades internacionales: lo que está en juego es la violación de un derecho fundamental”, argumenta el portavoz de la plataforma Profesionales por la Ética y su presidente en Andalucía, Miguel Gómez de Agüero, que será uno de los que encabecen la expedición al Tribunal de Derechos Humanos.

Por su parte, la eurodiputada del PP en el Parlamento Europeo Teresa Jiménez Becerril mostró ayer su apoyo al gesto de los objetores: “Hay una corriente fuerte de la opinión pública en España que considera que esta asignatura es inadmisible”, argumentó.

Y dado que sienten que no han sido escuchados por la Justicia ni por el Gobierno españoles, estos padres, que gozan de un importante apoyo social, están en lo correcto al acudir al tribunal de Estrasburgo: “Para eso están los tribunales”, afirmó. “A mí no me gusta que en el colegio enseñen esas cosas a mis hijos”, agregó la eurodiputada sevillana.

Aunque apoya la parte de la asignatura que aborda el respeto a los compañeros y al resto de personas, para la popular la asignatura es sobre todo eminentemente “ideológica” y aborda asuntos espinosos como la “educación sexual práctica” u otros similares que ofenden a parte de la sociedad española, reacia a que estas cuestiones se impartan en los colegios.

Una opinión similar es la que mantiene Inmaculada López, madre de tres hijos objetores a la asignatura. En su opinión, “nos encontramos con un Estado que, en lugar de asegurar este derecho fundamental [de educar a sus hijos en libertad], trata de suplantarlo al imponer por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico”.

Según dijo, la “finalidad” de esta asignatura “es conformar la mente de las futuras generaciones según la particular ideología del partido que sustenta nuestro Gobierno, y en un futuro, en todo caso, del Gobierno de turno”, se lamentó en una rueda de prensa para presentar su denuncia.

Confianza en Europa

La delegación que hoy acudirá a Estrasburgo estará compuesta por 45 personas –entre padres, hijos, abogados y otros profesionales involucrados en la cuestión–. Llevarán a los magistrados europeos algo mas de 100 casos de objetores que representan a unas 300 personas en sus demandas.

“Tenemos confianza en el Tribunal de Derechos Humanos, y es por eso por lo que llevamos allí nuestra denuncia”, aseguró el portavoz de Profesionales por la Ética. “En nuestra denuncia”, afirmó Gómez de Agüero, “defendemos derechos amparados férreamente en los tratados internacionales”, y que el propio Tribunal ha protegido en numerosas sentencias.

Por su parte, el responsable jurídico de la iniciativa, José Luis Bazán, explicó que en su demanda solicita a los jueces europeos que adopten las medidas provisionales que “obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de Educación para la Ciudadanía”.

Además exigen que se les indemnice por los daños morales provocados por la asignatura y por el rechazo a la objeción de conciencia que han iniciado. Asimismo demandan que el Tribunal reconozca la vulneración de los derechos fundamentales de los padres y los hijos, y en particular la libertad ideológica, educativa, la no-discriminación; y, en el caso de los menores, el derecho a la intimidad personal y familiar.

Todos estos derechos están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que el Tribunal de Estrasburgo es el máximo garante. Además, pese a que tanto este órgano judicial como el propio convenio no forman parte de la Unión Europea, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la normativa sobre Derechos Humanos ha pasado a integrar el acervo legislativo comunitario.

Por su parte, cuando se le preguntaba por las razones que les llevan a pensar que el Tribunal de Estrasburgo resolverá en un sentido diferente al del Tribunal Supremo español, Gómez de Agüero argumentó que el Alto Tribunal nacional no dio su visto bueno genérico a la asignatura, sino que argumentó que son las violaciones concretas cometidas en determinados manuales o por ciertos docentes las que pueden ser ilegales.

Aun así, explicó que, en su recurso a Estrasburgo, se han cargado de ejemplos concretos sobre la asignatura, como pueden ser los libros de texto, algunos testimonios de padres e hijos, materiales recomendados por el ministerio o los contenidos curriculares, para que el Tribunal de Derechos Humanos se haga una idea práctica sobre la polémica asignatura.