Presidencia de Gobierno y cuatro ministerios descargan archivos piratas

29 MAR 2010 | Javier Muiña.

Las funcionarios se bajan más de 50 ficheros al mes. Defensa aparece como la cartera donde más se incumple el 'copyright'.

La expectación se cierne en torno a los Ministerios del actual Gobierno tras el anuncio hecho en la página web del hacker Ángel Badía en el que anuncia un exhaustivo informe en el que desvelará las descargas que actualmente realizan desde las carteras del Ejecutivo.  

 En su particular batalla contra la aprobación de la denominada Ley Sinde –que permite el cierre de páginas que faciliten la descarga de contenidos protegidos por copyright en un plazo máximo de cuatro días–, este informático residente en EE UU sitúa en la cúspide de la piratería gubernamental al Ministerio de Defensa.

Desde la cartera dirigida por Carme Chacón se han descargado películas, música, revistas, videojuegos, números de serie para falsificar programas informáticos, incluso calendarios eróticos y fotografías de una famosa modelo de Playboy, según reconoce uno de los propietarios de la información, Javier Silvestre.

    Sin embargo, el ministerio de Carme Chacón no es ninguna excepción. Desde Fomento e Industria se suman a estas prácticas y se han bajado software para grabar CD y DVD y desde Cultura se han decantado por dos discos de músicos ingleses y una serie de televisión. Presidencia de Gobierno no se libra tampoco de esta corriente y han bajado desde sus ordenadores un juego para entrenar la capacidad cerebral a través del móvil. En total, más de 50 archivos descargados incumpliendo los Derechos de Propiedad Intelectual en el último mes.

Guardan silencio

Desde Defensa, la cartera más damnificada por las acusaciones de Badía, afirman que “hasta que no exista una denuncia oficial ante un magistrado, el ministerio no tomará ninguna decisión”. Cultura, por su parte, ha preferido no realizar declaración alguna.

    Badía se ha mostrado muy crítico desde un comienzo con la aprobación de la Ley Sinde, a la que califica de “aberrante y totalmente inútil”.

    Esta ineptitud de la normativa se sustenta –según explica Badía– en que la mayor parte de las páginas que contienen enlaces o que técnicamente infrigen la ley se encuentran situadas fuera de España, algo que impedirá intervenir a los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual. La Ley de Economía Sostenible contempla este supuesto y lo resuelve mediante el diálogo con los proveedores de Internet para que prohíban el acceso a la web, un detalle que para Badía se convierte en una demostración inequívoca de “censura pura y dura”.

    Badía se guarda un as en la manga en caso de que la Comisión opte por esta opción. “Los proveedores sólo pueden bloquear un dominio, pero el usuario podrá librar este escollo cambiando la dirección de DNS (Sistema de Nombre de Dominio, en sus siglas en inglés)”, defiende.

    En caso de que esto ocurriera, Cultura amenaza con bloquear la dirección IP del ordenador (el DNI de la máquina), algo “ilógico”, según afirma Badía desde su domicilio en Houston (EE UU), puesto que una misma IP puede albergar “multitud de dominios”.