Zapatero adoctrina a nuestros hijos con libros de EpC "marxistas"

15 MAR 2010 | Javier Muiña y Pilar López.

La editorial AKAL distribuye 'libros ético-cívicos' que se mofan de la religión. Los autores presentan el sandinismo como la quintaesencia de la democracia.

Pilar López y Javier Muiña. Madrid “Santísima Trinidad, pague uno, llévese tres”, o “envía la palabra Brad Clemente II al 7775 y ¡hazle Papa!”. Estos son algunos de los extractos que pueden leerse en el libro Educación Ético Cívica de la Editorial Akal que actualmente estudian niños de 15 y 16 años en 4º de ESO en, al menos, ocho provincias españolas, según reconoce la propia editorial: Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga, Granada y Ciudad Real. De esta manera, el Ministerio de Educación vela por los “contenidos neutrales” (según muchas veces han explicado desde el interior de la propia cartera) de la asignatura Educación por la Ciudadanía.

 A esto además se suma que los propios autores del libro de la Editorial Akal han declarado abiertamente estar en contra de las asignaturas. Carlos Fernández Liria, definido por la Wikipedia como uno de los “referentes de los movimientos sociales de izquierdas” y marxista declarado, trabaja actualmente como profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. En una entrevista concedida a El otro país declara en este sentido que “también nosotros nos oponemos al perfil que se ha dado a esa asignatura. En efecto, no creemos que “educar para la Ciudadanía pueda consistir en adoctrinar en valores, por muy modernos y progresistas que sean [...] sino porque creemos que el sistema de instrucción pública tiene por tarea la ilustración y debe rechazar, en general, el adoctrinamiento. Por eso, nos oponemos a una asignatura que, como ésta [...]  carece de un perfil científico.”

 Dichos contenidos de la asignatura Educación por la Ciudadanía se regulan en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre de 2007, el cual reza que han de “tratar aspectos relativos a las relaciones humanas, desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales”. Como se puede deducir de las viñetas del libro de la Editorial Akal titulado Educación Ético Cívica, las enseñanzas de este material educativo se saltan a la torera la idea del respeto, cuando menos, a la religión y a la comunidad cristiana. 

 José Ignacio Martínez, portavoz de España Educa en Libertad, denuncia a LA GACETA que, para ellos, “el problema radica en que el Gobierno ha permitido por medio de una Ley (LOE) que en una asignatura (EpC) los decretos, contenidos, objetivos y criterios de evaluación introduzcan contenidos no neutrales y que están en discusión en la sociedad. Además, esto vulnera el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos [...] como estable el art. 27.3 de la Constitución”.

 José J. Escandell y Antonio Páramo, del Instituto CEU de Humanidades, Ángel Ayala, y José Ángel Ceballos, de la Universidad de Comillas, han realizado un amplio y completo estudio de 186 páginas sobre la asignatura y los libros de texto que la imparten desde distintas editoriales como McGraw-Hill, Serbal, Octaedro, Akal o Pearson. Las conclusiones a las que los expertos llegan en dicho estudio son, entre otras, que “la mayoría de los manuales mencionan a los mismos personajes de referencia (F. Savater, V. Camps, K. Annan, Gandhi, F. Mayor Zaragoza,etc.). Como si se hubiera creado un staff de pensadores políticos de referencia obligada, a despecho de los clásicos. Grosso modo, los autores decisivos son los partidarios del Nuevo Orden Mundial y de izquierdas. Faltan (o si no, aparecen con frecuencia deformados) los autores clásicos”. Con respecto a la familia y a la religión concluyen: “Si son aludidas, lo son en sentido más bien negativo. La familia sólo se acepta en una versión moderna, abierta y plural. La religión es generalmente un elemento de freno del progreso”. En algunos casos, como el que nos ocupa, se ataca abiertamente.

Suspenso en EpC

La cifra de padres que se rebelan contra la asignatura Educación por la Ciudadanía asciende ya a 54.000. Y las razones están a la vista. Para ellos, los contenidos de algunos libros no son aceptables.

 La familia Flores, de Boyuyos, en Huelva, fue la primera en denunciar que el contenido del libro de la editorial McGraw-Hill era adoctrinador y, por tanto, no respetaba la obligatoria neutralidad ideológica que debía tener por ley. Ellos fueron los primeros padres que recibieron una sentencia favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor de la objeción de conciencia. Se sumaron dos denuncias más en Andalucía y otra en Asturias. 

 Estas sentencias hicieron que el Tribunal Supremo declarase la posibilidad de la objeción de conciencia. De los 30 jueces, en torno a 20 le dieron la razón al Gobierno y un tercio de los jueces votaron a favor de que existiera la objeción. Estas sentencias estuvieron rodeadas por la polémica: tardaron tres días en cerrarse las negociaciones y no pasó desapercibido el hecho de que la entonces ministra de Educación, Mercedes Cabrera, tuviera grabada la celebración del fallo tres días antes de que se produjera. 

 De este hecho se cumplía un año a principios de este mes. Tan endeble resultó el fallo del Supremo que, posteriormente, varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, en concreto el TSJ de Castilla y León y el Tribunal de lo Contencioso de Aragón, admitieron la objeción de conciencia basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que contradice la jurisprudencia del Constitucional porque veía un alto riesgo de adoctrinamiento en las asignaturas. La consecuencia directa de todo esto es que los padres que deciden que sus hijos no acudan a las clases de EpC reciben un suspenso en la asignatura. Esto ocurre en toda España excepto en Castilla y León y en los mas de 500 casos de padres que han recurrido y han recibido una sentencia favorable. Todos ellos, en lugar de un suspenso, reciben un no cualificado. 

 Este próximo viernes, una serie de familias afectadas se desplazarán a Estrasburgo para denunciar al Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.