
El Parlamento Europeo dio hoy su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea de reducir las cargas administativas a las compañías más pequeñas.
El Parlamento Europeo dio hoy su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea de reducir las cargas administativas a las compañías más pequeñas eximiéndolas de presentar sus cuentas anuales para facilitar su supervivencia.
Tras lograr el respaldo de la Eurocámara, la iniciativa, que según Bruselas ahorraría unos 1.200 euros anuales a estas compañías, permanece bloqueada por los estados miembros, que aún no han dado su aprobación. La reducción de las cargas administrativas para las pymes es una de las medidas incluida en el paquete de reactivación que los líderes de la UE se comprometieron a sacar adelante.
Según lo aprobado hoy por el PE, para ser considerada microempresa, una compañía debe reunir dos de los tres criterios siguientes: un balance total inferior a los 500.000 euros, volumen de negocios neto inferior a un millón de euros y tener como máximo diez empleados de media durante el ejercicio financiero.
La iniciativa, apoyada por 445 votos a favor, 196 en contra y 21 abstenciones, especifica que los países podrán escoger si quieren o no aplicarla, dependiendo del impacto de la medida en cada país y, en cualquier caso, estas empresas estarían obligadas a seguir llevando un registro de sus transacciones comerciales y su situación financiera.
Cerca de 7,2 millones de empresas en la UE están obligadas a informar de su situación financiera, de las cuales un 75% (5,4 millones) son pequeñas compañías que operan fundamentalmente en mercados locales y regionales, sin desarrollar casi ninguna actividad transfronteriza.
"El alcance de las microempresas se suele limitar a los mercados regionales y locales. En este sentido, carecen de impacto transfronterizo en el mercado único europeo. Por tanto, lo lógico es que se las incluya en las normas europeas de mercado interior", ha dicho el eurodiputado popular alemán Klaus-Heiner Lehne, ponente de la propuesta.
La evaluación de impacto publicada por la Comisión cuando presentó la iniciativa, en febrero de 2009, estima que si todos los estados miembros eximieran a estas pequeñas empresas de presentar las cuentas anuales y no impusieran ningún requisito adicional, ésta podría suponer un ahorro de 6.300 millones de euros.
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