Gullón y su ex director general se verán mañana ante el juez para tratar la indemnización por despido

08 SEP 2010 | Agencias

El ex director reclama cerca de 9 millones de euros por despido improcedente. Se trataría de la mayor indemnización impuesta en España por despido.

El Juzgado de lo Social número 2 de Palencia ha citado mañana a Galletas Gullón y a su ex director general Juan Miguel Martínez Gabaldón a una vista para tratar la ejecución de la sentencia por despido improcedente del directivo, al no haberse producido un acuerdo previo entre las partes.

El fabricante de galletas fue condenado a readmitir al ex director general, destituido a finales de 2009 tras 22 años en la empresa, o a indemnizarle con 8,2 millones de euros más unos 700.000 euros de salarios de tramitación, la mayor indemnización impuesta en España por despido improcedente.

Para acatar las sentencias, el consejo de administración de Gullón accedió el pasado agosto a reincorporarle en el mismo puesto, pero Martínez Gabaldón consideró inviable esta opción mientras la empresa mantiene abiertas acciones civiles y penales contra él.

Por este motivo, el ex director general solicitó ante el Juzgado la ejecución de la sentencia y el cobro inmediato de la indemnización o, en caso de no pagarse, la ejecución del aval ya en poder del Juzgado por importe de 8,94 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes de la empresa. Ante esta petición, Galletas Gullón presentó un recurso de reposición que no ha sido tenido en cuenta. La compañía, que mantiene la oferta de readmisión del directivo, ha advertido de que el pago de esta indemnización "pone en peligro" los planes de expansión y crecimiento previstos para el ejercicio 2010-2011.

La sentencia por despido improcedente considera que la salida del directivo afloró "en el contexto de un conflicto intestino por el control de Galletas Gullón", en referencia a la lucha que mantiene la ex presidenta ejecutiva, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, con sus tres hijos varones por el control de la empresa.

CASI UN AÑO DE CRISIS INTERNA

María Teresa Rodríguez fue relevada del cargo de presidenta del consejo en septiembre de 2009 y al mes siguiente fue nombrada presidenta de honor de la compañía, en una reunión en la que el consejo --controlado por sus hijos varones y sus hermanos-- acordó el despido de Martínez Gabaldón, también segundo accionista de la empresa (con un 16%), por pérdida de confianza en su gestión. El órgano de gobierno acusa al ex director general de la "compra irregular" de terrenos sobre los que se asienta una de las fábricas y de la adquisición de acciones de la empresa sin su conocimiento, por lo que mantiene cinco acciones penales contra él, entre las que figura una querella criminal por presuntos delitos de apropiación indebida y estafa.