Gobierno y oposición argentinos han alcanzado este miércoles un acuerdo para que se discuta en el Parlamento un proyecto sobre el uso de reservas monetarias para el pago de deudas.
Gobierno y oposición argentinos han alcanzado este miércoles un acuerdo para que se discuta en el Parlamento un proyecto sobre el uso de reservas monetarias para el pago de deudas, tras la negativa de la Justicia del país a dar luz verde a los decretos presidenciales.
Este pacto permitiría zanjar el conflicto desatado por la decisión del Ejecutivo de utilizar esos fondos mediante dos decretos presidenciales, que fueron denunciados por los principales partidos aspirantes al poder y que obtuvieron el rechazo del Tribunal de Justicia del país. No obstante, el primero en caer fue el propio presidente del banco central de Argentina al negarse a pagar al Tesoro más de 6.569 millones de dólares.
La vía de solución a la crisis institucional fue pactada por el titular de la bancada de senadores del gobernante Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y jefe de los senadores de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.
Tras el convenio, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha señaldo que apoyará la discusión legislativa. Además, ha agregado que "es un gesto importante, sobre todo porque estamos reclamando desde el Poder Ejecutivo hacia el Parlamento gestos de racionalidad".
La Corte Suprema de Argentina ha pedido "mesura" a la Fernández de Kirchner, después de que dijera que la oposición recurre "a jueces que parecen alquilados" para frenar la intención del Gobierno de pagar deudas con reservas monetarias. La mandataria, por su parte, consideró "poco feliz" la solicitud de los jueces supremos, al señalar que "la palabra mesura tiene mucho sonido a censura".
En un comunicado firmado por seis de sus siete jueces, el alto tribunal, sin nombrar directamente a Fernández, reclamó que "quienes tienen responsabilidad de Gobierno se expresen con mesura y equilibrio".
Para la mandataria, lo importante es mejorar "la confianza del mundo" sobre la voluntad de pago de Argentina, pues "está muy fresco en la memoria el recuerdo de un Parlamento que aplaudió de pie el cese de pagos" con acreedores privados a finales de 2001.
El conflicto se desató en diciembre pasado, cuando Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia por el que ordenó crear un fondo por 6.569 millones de dólares provenientes de reservas excedentes del Banco Central para pagar deudas soberanas. La medida fue rechazada por la oposición, que logró en la Justicia frenar la aplicación del decreto.
Además, el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a habilitar el uso de las reservas, lo que derivó en un serio conflicto institucional que terminó con la remoción del funcionario y su reemplazo por la economista Mercedes Marcó del Pont a inicios de febrero último.
La semana pasada, en la apertura de las sesiones parlamentarias, Fernández de Kirchner anunció la derogación del polémico decreto, pero, en vez de informar que enviaría al Congreso un proyecto de ley -algo que esperaba la oposición-, sorprendió con la firma de dos nuevos decretos.
El primero de ellos, un decreto simple y cuya legalidad no fue objetada por la oposición, ordena dotar con 2.187 millones de dólares de reservas para el pago a organismos multilaterales.
El otro decreto dispone la creación de un Fondo de Desendeudamiento por 4.382 millones de dólares provenientes de las reservas para cancelar compromisos con acreedores privados que vencen este año.
Pese a que poco después de firmados los documentos el Banco Central giró los fondos al Tesoro, el jueves pasado la Justicia frenó la aplicación del decreto destinado al pago a los acreedores privados por pedido de la oposición. Además, el arco opositor, con mayoría en ambas cámaras del Parlamento tras los comicios legislativos de junio pasado, estaba dispuesto a declarar la invalidez del nuevo decreto en los próximos días.
Ante este escenario, los máximos dirigentes del país, que hasta la semana pasada se había mostrado inflexible ante una posibilidad de dar marcha atrás en sus intenciones, inició este lunes contactos con la oposición para buscar una solución.
"Ahora llegó el momento de dejar de lado los adjetivos calificativos y mirar la historia. Lo bueno es que vamos a poder debatir con altura la mejor forma de desendeudar el país", dijo hoy la presidenta.
El proyecto de ley que podría poner fin a casi tres meses de conflicto fue remitido hoy al Congreso por el senador Carlos Verna, del peronismo disidente, quien en términos generales redactó su iniciativa a semejanza del decreto presidencial.
"Es importante el texto de la ley y también sus fundamentos, que son los mismos que tuvo el Poder Ejecutivo para adoptar su decisión de política económica", añadió Fernández de Kirchner, quien dijo que instruirá a los parlamentarios oficialistas para que den tratamiento a la iniciativa.
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