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España fija para 2020 el déficit estructural en el 0% para las Comunidades Autónomas

Redacción

El ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, ha anunciado en Davos que el Gobierno impondrá un déficit estructural del 0 % para las Comunidades Autónomas.

El ministro de Economía Luis De Guindos ha explicado que "la regla será más estricta para las comunidades autónomas que las de la Unión Europea para los Estados miembros en materia de disciplina presupuestaria".

De acuerdo con el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, se deberán aprobar techos de gasto y se sancionarán los incumplimientos en la materia.

Multa del 0,2% del PIB nominal

Las comunidades incumplan con el compromiso de déficit tendrán que realizar un depósito por este importe que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplimiento, se convertirá en multa.

Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma.

"España toma la delantera"

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que esta ley es una "reforma estructural de primer orden", que convierte al país en "referente" en Europa en materia de gobernanza económica y en "pionero" en el control del gasto. "España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido", añadió.

Para la portavoz del Gobierno, la consolidación fiscal es "imprescindible" para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país.

Además, resaltó que la reducción del déficit y la deuda pública es necesaria para coadyuvar al crecimiento económico, ya que, por un lado, contribuirá a la recuperación del crédito y, por otro, es "imprescindible" para asegurar el estado del bienestar, ya que el menor coste de los intereses de la deuda permitirá destinar este dinero a sanidad, educación o servicios sociales.

Sáenz de Santamaría indicó que el anteproyecto, que se envía ahora el Consejo de Estado antes de la aprobación definitiva por parte del Gobierno, cuenta con el consenso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a los que el Ejecutivo espera sumar un "amplio consenso" parlamentario.