El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional asigna a este órgano del Estado el papel de “intérprete supremo de la Constitución”. Así que cuando nos refiramos al tribunal, seamos conscientes de que en el fondo es la Constitución aprobada en 1978 la que se encuentra afectada y sobre la que se proyectan inevitablemente los desperfectos.
El último episodio radica en la renuncia de tres magistrados a su condición de tales. La versión oficial de los hechos es la siguiente: “Los tres magistrados que han dimitido –Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado– han presentado su renuncia para evitar que se repita en su caso la anómala y prolongada prórroga de funciones padecida durante tres años por sus colegas del cupo del Senado, finalmente renovados en diciembre de 2010”. Con todos los respetos que se deberían mantener y cultivar, esa explicación tiene aromas inevitables de cierta excusa. Máxime cuando se personaliza el desacuerdo en un nombre, Enrique López, “al que los populares quieren hacer magistrado del TC a toda costa, sin importarles que el Senado lo haya rechazado en su momento y que carezca de un currículo con las garantías de cualificación y especialización jurídicas exigibles por la jurisdicción constitucional”. Si fuera cierto que el desmoronamiento –esta es la palabra– de una institución capital como es el Tribunal Constitucional (TC) depende de un nombramiento singular, sin entrar a emitir juicios personales, se evidenciaría más allá de lo tolerable la gigantesca fragilidad del modelo. No creo que nadie se llame a arrebato ni se rasgue vestiduras si sostengo en público que muchos de los nombramientos políticos no han estado siempre edificados sobre una calidad humana y profesional incuestionable. Más bien se han ponderado las obediencias políticas. Y semejante método ponderado no es exclusivo de un partido, sino que forma parte de un modo de pensar de la clase política, precisamente el que provoca que siga incrementándose su consideración como tercer problema nacional.
Creo que el asunto se centra en el desprestigio acumulado de tal instancia debido, precisamente, a su modo de adoptar decisiones. Que un Código Penal tenga que corregir una interpretación sobre el doble abono de prisiones preventivas es más que llamativo. Que se rectifique ad personam una interpretación del instituto de la prescripción para liberar de pena a ciertas individualidades de influencias políticas conocidas, también. Pero lo más grave no reside siquiera en que la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tuviera una fermentación tan accidentada y un resultado tan denostado por muchos, sino en que sea el propio presidente del Gobierno el que diga en público que va a tratar por todos los medios de reparar los “desperfectos” ocasionados por esa sentencia mediante la aprobación de leyes orgánicas o cualquier otro procedimiento parecido.
El Tribunal Constitucional es “independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente ley orgánica”. Eso dice la norma. Pues no. Al menos no del todo. Una vez más, entre la Constitución y la vida se interpone el Sistema de poder con el que convivimos. Los nombramientos de los magistrados derivan de su afinidad, cuando menos conceptual, a los partidos que los designan. Ningún magistrado ni ningún partido parece sentir preocupación seria por que semejante apreciación se convierta en verdad instalada en la sociedad. El PP parece preferir ahora esperar a costa de lo que sea para renovar el Tribunal, porque espera ganar por mayoría absoluta unas elecciones y de este modo controlar ese órgano con mayor fuerza que la que actualmente le es atribuida en función de sus resultados electorales.
El último despropósito no fue el que esos magistrados del Constitucional fueran condenados por el Tribunal Supremo al abono de responsabilidad civil por casi dejación de funciones. Aquello a muchos nos pareció esperpéntico. La legalización de Bildu es lo extremadamente grave, al menos lo es a juicio de muchos españoles. Creo que en este episodio se encuentra la base del final destrozo ocasionado. El PNV amenazó al Gobierno exigiéndole una sentencia legalizadora de Bildu. El Constitucional la dictó. Quizás, como digo, esta renuncia de los tres magistrados que aparentemente no sirve para nada se conecte con esa ultima decisión.
En realidad sí sirve para algo: para evidenciar el desmoronamiento de ese “supremo intérprete”. ¿Quien definirá ahora los contenidos constitucionales? Tengo claro que los magistrados dimisionarios carecen de legitimidad moral para tomar decisiones, y quedan algunas muy importantes, como la doctrina Parot y la excarcelación de etarras, o las referidas a la acción popular que afecta a personas de la significación política y financiera, como Emilio Botín y Baltasar Garzón.
La sentencia es clara: el modelo es insostenible. El vicepresidente dice que se siente en un tribunal secuestrado. En realidad se ha secuestrado buena parte del modelo judicial. O se modifica de manera tajante el modo de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional o lo que procede es su eliminación en la inevitable reforma constitucional que tendremos que abordar. Claro que para ello son necesarios nuevos modos de pensar en la clase política y judicial. Y eso no es tan fácil. Pero la sociedad civil debería exigirlo por cuestión de legítima defensa.
*Mario Conde es abogado del Estado y empresario.
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10 Comentarios
Sr. Conde. Como siempre, sus analisis sobre los temas que toca son tan certeros y de sentido común que es un placer oirlos y leerlos, aunque algún garrulo me tilde de pelota. Soy muy crítico y esceptico con esta clase política de inútiles y sinverguenzas que tenemos y una justicia corrupta y manipulada sin dignidad donde sus togas a falta de cofia y escoba se van a convertir en sinnónimo de falta de democracia en este pais. Cuando dice que la sociedad civil debería exigir a esta gentuza otra forma de actuación, creo que Vd. mismo es consciente de la imposibilidad de educar a un rebaño de borregos, donde, con la que está cayendo haya sido posible que casi 6 millones de aquellos voten a este putrefacto gobierno. El incipiente 15M, bien dirigido podría haber sido el inicio de algo positivo, pero para ello se necesitan personas como Vd. con dos dedos de frente. Si diera el salto a la política,tendría mi voto incondicional y todavía virgen.
Se trata de un TC secuestrado, sí, por los mismos políticos que eligen a los magistrados que se quejan de secuestro, pero que lo consienten y les gusta la elección, en una especie de síndrome de Estocolmo.
Ante la sede del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se acaba de presentar una Eurodemanda contra España por un grupo de jueces, fiscales y abogados de toda España, avalada por 1500 firmas. Estos mismos profesionales son a su vez firmantes del manifiesto por la despolitización de la justicia, firmado nada menos que por 1400 jueces, la cuarta parte del total de jueces en España.
Entre las justificaciones a la demanda están las leyes anticonstitucionales y sexistas apoyadas con el aval del TC, la ilegitimidad del TC al prolongar el mandato de los Magistrados más allá de lo que marca la CE.
Así mismo se critican las prácticas abusivas del CGPJ, con sanciones y persedcución a los jueces críticos con las doctrinas políticas, las misivas y circulares que se envían a los medios de comunicación bajo amenazas de restringir la publicidaqd institucional, con el fin de dar un sesgo feminista a toda infoirmación sobre la vioklencia de género y a cómo se debenm maquillar las cifras de violencia contra el varón, suicidios, muertes de menores a mano de las mujeres, etc.
Así mismo se detalla las formas en que el "Observatorio de Violencia de Género" falsea las estadísticas, elude hablar de las denuncias falsas de malos tratos y detalla como en aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género han pasado ya por los calabozos de toda España un millón de hombres, que el 70 % han sido absueltos o sus causas archivadas, que del 30 % restante la gran mayoría han recibido condenas como "faltas" ni siquiera delitos y que de todo ello se deriva una justicia de género y que muchas de las denuncias son falsas.
El problema radica en la elección de los jueces por el legislativo a propuesta de los partidos politicos. Y es que en una democrácia lo primero que ha de haber es separación de poderes, el principio de división de poderes evitaría esta distorsión causante de todo lo posterior, es un problema de origen que tiene un fácil enunciado: Los jueces no son legitimados por la democrácia,a mi no me juzga ni me condenan en nombre de la mayoria, el juez es un interprete de la Constitución y no tiene que ser elegido por el legislativo porque los ciudadanos no somos juzgados por el voto de la mayoria. El poder judicial ha de ser un poder independiente que elija a los jueces con arreglo a criterios de mérito y capacidad, nadie por tanto ha de legitimarlos, como tampoco legitimamos a los médicos ni a los abogados, sencillamente los elejimos por su mérito y capacidad.
Todos hacemos comentarios y damos nuestra opinión sobre los temas políticos de actualidad y de los problemas e injusticias que se están cometiendo contra la democracia y como consecuencia contra toda la sociedad. Tambien damos pronosticos sobre los cambios profundos y constitucionales que deberían hacerse. Hay quien dice que el arma del demócrata es el VOTO para conseguir el cambio. Mi pregunta es la siguiente ¿A quien hay que votar para conseguirlo y quien me garantiza los cambios? ¿Y si todos los partidos hacen lo mismo cuando llegan al poder? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Pues a pesar de las críticas al 15M donde yo tambien pienso que se han juntado los unos y los otros por decirlo de alguna manera, han tenido la valentia de protestar e indignarse, mientras los demás nos quedamos en casita protestando como borregos en el redil, pero sin mover un dedo y la clase política arrimando al ascua a su sardina.
España es hoy un Estado inconstitucional en vías de desintegración gracias a la acción combinada de un sistema electoral bipartidista que favorece relativamente mucho a los partidos pequeños nacionalistas-bisagra y a la existencia de un Tribunal Constitucional politizado y controlado por unos políticos de pseudoizquierda sin escrúpulos y bastante ignorantes, necios e irresponsables
Anónimo(No registrado)14:09 | 15 de junio, 2011
"*Mario Conde es abogado del Estado y empresario." Y delincuente habitual.
Palabra de delincuente.
Amén.
basura de gente, eso soys intereconomia¡¡¡ espero que sufrais mucho...
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