“A ETA se le hace daño de verdad con una ley orgánica en la mano”

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El PP ha sorprendido estos días con una ofensiva hasta ahora inédita contra el Ministerio del Interior y la utilización del revolucionario sistema de escuchas y vigilancia Sitel, un software comprado por el PP, pero puesto en marcha de forma generalizada por el Gobierno socialista.

-Piden que las escuchas se regulen por ley orgánica. ¿Por qué?

-En España la Constitución garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal. La Constitución obliga a que sus limitaciones estén reguladas por ley orgánica. Y sin embargo no tenemos tal ley orgánica. Es una garantía que se está incumpliendo.

-Rubalcaba dice que esto ya está regulado por ley orgánica. Habló el sábado de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Telecomunicaciones.

-La Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal tiene sólo un artículo que regula la grabación de conversaciones. El problema es que Sitel no sólo permite grabar conversaciones, sino que además desposee a las personas de su derecho a la intimidad. Su poder es inmenso y los límites que debería ponerle la ley no existen. Rubalcaba mintió, una vez más, al decir que la Ley General de Telecomunicaciones tiene carácter orgánico.

-¿Por qué lo pide ahora el PP y no, por ejemplo, hace cuatro años?

-Sitel es uno de los secretos mejor guardados del zapaterismo. Es el puñal que Zapatero le ha clavado a los derechos civiles de los españoles. Y hasta ahora no nos hemos enterado de cómo se está utilizando contra todos.

-¿Qué cree que está haciendo el Gobierno con Sitel?

-Lo está utilizando sin cobertura de ley orgánica, sin garantizar que los discos duros donde se graba la vida privada de los ciudadanos estén a salvo de manipulaciones y filtraciones y sin haber informado a los jueces de la poderosa máquina con la que ahora se realizan las investigaciones penales. Los gobiernos socialistas tienen la fea costumbre de intentar encontrar atajos en el Ministerio del Interior. Estamos ante la Ley Corcuera de la patada en el móvil.

-¿Están escuchando a estos ciudadanos o pueden hacerlo?

-Sitel no te graba la conversación, te graba la vida. Estoy diciendo que Sitel es un sistema capaz de escuchar y grabar el cien por cien de las vidas del cien por cien de los españoles. Y que no está administrado por la Justicia, sino a las órdenes de los políticos que mandan en la Policía. No digo que se esté escuchando a todo el mundo, digo que la posibilidad de que se escuche a todo el mundo existe. No afirmo que haya escuchas ilegales, afirmo que en España hay un sistema ilegal de escuchas.

-¿No es suficiente control el de la Policía?

-El proceso de Sitel debería estar controlado por la autoridad judicial. Pero hoy por hoy no sabemos cuántos centros de interceptación de llamadas existen ni dónde están físicamente. Y tampoco tiene una ley orgánica que garantice la autenticidad de lo grabado y el encriptado de la información. No sabemos tampoco quién dirige esos centros ni quién asume la responsabilidad de la autentificación y custodia de los contenidos almacenados. La verdad es que la intimidad de los españoles está en manos del Ministerio Nosabemos y el pueblo quiere saber.

-¿Qué le parece que el Gobierno tratase de regular en secreto la interfaz de Sitel, cuando creó la orden y pidió “sigilo” y evitó el trámite público?

-Me parecen muy grave las decisiones que a oscuras María Teresa Fernández de la Vega ha tomado respecto a Sitel. De hecho, son indicativas de algunas cosas que han pasado posteriormente. Ahora bien, lo que me parece más grave es que el Poder Judicial y los jueces ignoren qué es Sitel, cómo opera, y no puedan por lo tanto controlar su funcionamiento.

-¿Usted pide la anulación de los juicios basados en Sitel?

-Ocurriría lo mismo que sucedió con la Ley Corcuera. En cada uno habría que ver si Sitel ha sido determinante para la decisión del juez o no.

-¿Es consciente de la trascendencia de esto?

-Estamos ante una segunda Ley Corcuera. Sitel es a los derechos civiles en España más grave que lo que fue la Ley Corcuera a principios de los 90. Y yo ahora viendo a Conde Pumpido y algunos otros togados me pregunto dónde estaban con la Ley Corcuera y cómo les ha cambiado la vida.

-¿Qué le diría a Conde Pumpido, que ignoró en 2005 un informe elaborado por otro fiscal que hablaba de Sitel de forma negativa?

-Como toda batalla en defensa de los derechos civiles, aunque nos cueste mucho trabajo y mucho sufrimiento, terminaremos consiguiendo nuestro objetivo, asegurando un espacio más de la libertad del individuo frente al Estado y exigiendo explicaciones a quienes utilizaron atajos para saltarse la ley o para evitar hacer la ley orgánica correspondiente por Sitel. Conde Pumpido puede pasar a la historia como el fiscal tramposo, y no sólo por Sitel.  

-¿Van a recurrir Sitel ante los tribunales?

-Nosotros somos un partido político y trabajamos en el Parlamento. Vamos a exigir en el Congreso que haya una ley orgánica que garantice a los españoles su derecho a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones con la revolución tecnológica actual, se ha multiplicado la capacidad de los ciudadanos para comunicarse, pero también la capacidad del Estado para controlarlos. Es urgente realizar una reflexión en el Parlamento sobre la amenaza que los nuevos métodos de control del ciudadano por el poder —propiciados por las nuevas tecnologías— suponen para nuestros derechos civiles.

-¿Por qué dice que Sitel nos trata a todos como sospechosos?

-Sitel no nos trata a todos como sospechosos. El problema es que permite que el Gobierno nos trate a todos como sospechosos. El problema no es el instrumento, sino su utilización. Sitel permite que se escuchen la totalidad de nuestras conversaciones, se graben, se almacenen y mucho más. Eso, si se utiliza mal, es un poder absoluto sobre la vida de cualquiera.

-¿Qué le diría a los que en algún momento podrían sentirse afectados o condenados basándose en escuchas?

-Quien comete un delito debe pagar por él. Pero quien no lo ha cometido no merece ser tratado como un delincuente. Y en cualquier caso los delincuentes tienen algunos derechos limitados, pero no su condición de ciudadanos.

-¿También animaría a Batasuna? Rubalcaba culpa al PP de que el abogado de Otegi haya recurrido tras el escándalo de Sitel.

-Rubalcaba nos ha dicho de todo, pero no ha podido afirmar que mentimos. En lugar de preocuparse por lo que denunciamos, está juzgando las intenciones y consecuencias de la denuncia. Si finalmente se anula algún juicio sobre Batasuna la culpa no será de quien, antes o después, descubrió que las cosas se hacían mal, sino del que, buscando atajos legales, hizo mal lo que se podía haber hecho bien. Más oxígeno le dio a Batasuna el chivatazo del caso Faisán realizado bajo el mando político de Rubalcaba que ningún otro acto político en la historia de nuestra democracia. Rubalcaba puede acabar siendo implicado en el caso del chivatazo a ETA y en su cinismo se permite acusar a los defensores de los derechos civiles de jugar en contra del interés general. A ETA se le hace daño de verdad siempre con la Constitución y una ley orgánica en la mano.

-¿Qué le parece que todos los móviles con tarjetas prepago deban identificarse? Ya nadie escapará al ojo de Sitel.

-Me gustaría que aclarasen las compañías telefónicas cuánto dinero se van a embolsar por todas las tarjetas prepago que ya han cobrado y cuyas llamadas no van a gastar servicios por no identificación de las personas que las compraron. Y dado que ese dinero no puede devolverse propongo que se gaste en una rebaja de las tarifas de móviles de los españoles en las próximas Navidades, para que vuelva a los usuarios lo que era de los usuarios. Al mismo tiempo pienso que quienes compraron una tarjeta con la condición de que mantenían su anonimato sólo pueden ser privados de ese anonimato por ley orgánica. Y esa ley orgánica tampoco se ha dado.

-El Gobierno argumentaba que es una manera de luchar contra los terroristas.

-Pero hay miles y miles y miles de personas que no son terroristas y que tenían asegurado su derecho a la intimidad Mientras esto era legalmente posible.

-Según el ministro, hay aún tres millones de personas sin identificar. ¿Qué les diría?

-Este fin de semana, las compañías telefónicas y el Ejecutivo han llegado a un acuerdo para que estas personas puedan recuperar su línea si se identifican en los próximos seis meses pero nadie ha aclarado todavía a dónde va el dinero que esos tres millones de personas prepagaron y nadie consumirá.

-La ley permite hoy por hoy a los agentes facultados acceder a determinados datos personales, en posesión de las operadoras, sin orden judicial. ¿También va a pedir que esto cambie?

-Ese artículo es inconstitucional.

-La Ley 25/2007 de conservación de datos también permite almacenar información telefónica un año.

-Esa ley debería haber sido orgánica. Es inconstitucional en mi opinión. Porque en el almacenamiento de datos de todas las llamadas telefónicas durante un año está el cien por cien de la intimidad de todos los ciudadanos. Y tal como está redactada la ley, no la custodia una autoridad judicial. Ni siquiera la custodia una autoridad parlamentaria. La custodian operadoras telefónicas privadas. Todas mis llamadas durante un año lo dicen todo de mi vida privada. Y quien está garantizando que esa información no salga no es otro que un empleado de una compañía telefónica, digno y honrado, pero que podría no serlo.

-Ambas normativas sí las conocían, porque están en la ley. ¿Por qué no han protestado antes?

-El mundo de las telecomunicaciones está avanzando tan rápido que pronto necesitaremos una constitución digital, que reconozca nuevos derechos en un universo en el que las amenazas para la libertad surgirán de posibilidades recién descubiertas por el poder. La defensa de los derechos civiles en el mundo digital está empezando poco a poco.

-Me ha dicho antes que se ha llevado con mucho secretismo Sitel. Sin embargo el que contrató el software fue el PP en la etapa de Aznar.

-El PP buscó el software más avanzado que había para luchar contra el terrorismo y ante los informes negativos de quienes los tenían que emitir (CGPJ, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia) decidimos no ponerlo en marcha.

-Pero Rubalcaba dice que en febrero de 2004, aún con el PP en el poder, ya se estaba utilizando Sitel.

-Sólo en pruebas y nunca lo habríamos puesto en funcionamiento sin una ley orgánica que lo hiciera posible.

-¿Se hubiera solucionado esto con más transparencia por parte del Gobierno desde el principio?

-Esto se hubiera solucionado con una actuación responsable y ajustada a la ley por parte del Gobierno. Era tan fácil como hacer una ley orgánica —que es lo que contempla nuestra Constitución— que regule este sistema y sus capacidades. Pero ahora el PSOE se encuentra en un callejón sin salida: sabe que tiene que hacer una ley orgánica de Sitel para legalizar el trabajo de la Policía, pero si lo hace estará cuestionando implícitamente la actuación de Alonso, Rubalcaba y Conde Pumpido en los últimos seis años. Espero que los socialistas sean capaces de elegir el Estado de Derecho antes que encerrarse en la defensa numantina de cualquiera de sus ministros. En caso contrario, el día que se marche Rubalcaba del Ministerio del Interior el monstruo de Sitel seguirá allí para perjuicio de todos.