Víctimas y políticos piden la dimisión de Casas

10 NOV 2009 | Rosalina Moreno

Políticos y jueces coinciden en pedir responsabilidades a María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional. Con su voto ayudó a la libertad del batasuno Karmelo Landa.

Madrid.-
“El asunto es muy grave; Casas debería dimitir”. Así de contundentes se muestran personalidades del ámbito político y miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo acerca de que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, no se abstuviese en la votación del alto tribunal que en julio de 1999 sacó de la cárcel a la mesa de Herri Batasuna, encabezada por Karmelo Landa. Tal y como reveló LA GACETA, Casas y su marido, Jesús Leguina, mantienen una estrecha relación de amistad con el etarra Landa y su familia.     La madre de Landa, Guadalupe Mendibe, fue asistenta y niñera en  casa de los padres de Leguina, futuros suegros de María Emilia Casas. Guadalupe Mendibe ha contado a este diario que la familia Leguina le ha ayudado a sacar adelante a sus siete hijos. Según ha revelado, la presidenta del TC y su marido van a verla todos los veranos al pueblo de Ea, en Vizcaya, donde vive.
    “Ese hecho la ha desprestigiado como presidenta del TC y no solamente por ser amiga de un terrorista, sino porque omitió informar a los miembros del TC de esa relación y participó en la votación que lo liberó. Casas se ha inhabilitado  ella misma. Debe renunciar a su cargo”, sentencia a LA GACETA Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza (Guipúzcoa).
    Éste también es el parecer de la presidenta del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar. “Tiene que asumir responsabilidades”, exige Castilla, al tiempo que apunta que “cosas tan graves no pueden quedar impunes”.
     LA GACETA se ha puesto en contacto con el alto tribunal para obtener una respuesta institucional y desde el Constitucional han expresado que no van a pronunciarse. “No hay respuesta, compañera”, señalan.
    La presidenta del Constitucional y su marido tampoco han querido tratar este asunto. Ni algunos de los jueces consultados por este diario.
    “Ante una noticia de esta grandeza lo propio es desmentirla o dar explicaciones”, afirma  José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), toda vez que explica que “lo procedente es que un magistrado de cualquier tipo de tribunal plantee su abstención cuando tenga el riesgo de que su imparcialidad esté en entredicho por una relación de parentesco o de amistad.”
    El presidente de la asociación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), Santiago Abascal,  manifiesta que Casas ha de tener alguna actuación disciplinaria por parte del poder judicial por no haberse abstenido. Aunque Requero matiza que “el poder judicial no tiene vela en este entierro”. Según argumenta, al TC no le son de aplicación las reglas que se atribuyen a jueces y magistrados. “Otra cosa es que se le quiera exigir algún tipo de responsabilidad, no sujeta a norma alguna”, declara.
Perfil nacionalista
“Es sorprendente que personas que muy probablemente no crean en el proyecto común de España alcancen una magistratura tan importante como la presidencia del alto tribunal y tengan la capacidad para decidir sobre la unidad de España”, subraya Abascal respecto a la sentencia sobre el Estatut.     
    Y es que María Emilia Casas, muy apreciada en el PNV, se ha caracterizado por la defensa de posiciones próximas a los nacionalismos. Cuando en una entrevista le preguntaron por la denominación de nación para las autonomías catalana o vasca su respuesta no dejó lugar a dudas.
    Casas aseveró que “términos como nación llevan demasiada carga emocional, sin atender al debate riguroso, del que se han ocupado con rigor los politólogos. Habría que descargar esos términos de su contenido emocional”. Lo cierto es que antes de su elección como presidenta del Tribunal Constitucional en 1998, respaldó con su voto casi todas las sentencias y resoluciones favorables a los intereses del PNV.
    En marzo de 2004 votó en contra de la impugnación del Plan Ibarretxe presentada por el Gobierno de José María Aznar. El pleno no admitió la impugnación por siete votos frente a cinco.
    Respecto a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, que sigue pendiente de resolución, en octubre de 2006 el PP la recusó al considerar que su marido elaboró por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatut. El pleno del TC la rechazó.
    Para Abascal “la sentencia sobre el Estatut va a tener siempre la sombra de la duda con una señora que tiene amistades tan peligrosas”.
    Además de con Landa, dice Abascal que al matrimonio también se le ha relacionado con el representante de Batasuna en el Parlamento Europeo, Koldo Gorostiaga.
    “Ahora entendemos algunas sensibilidades y filias de quien dirige el alto tribunal”, expresa.
    Y es que no  falta quien ha acusado a Casas de cierta laxitud frente a Herri Batasuna y demás etiquetas del brazo político de ETA. Cada vez que tiene que decidir qué candidaturas políticas equivalen en la práctica a una nueva Batasuna, emite votos particulares en el Constitucional pidiendo un mayor plazo de tiempo para resolver el recurso de amparo correspondiente.
    En mayo de 2003, el TC anuló 225 candidaturas de Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y otras agrupaciones electorales que concurrían a las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo de ese año, por su “equivalencia funcional” con la ilegalizada Batasuna, y por intentar la “evasión fraudulenta” de las consecuencias de la disolución de dicho partido político.
    La sentencia fue aprobada por unanimidad de la Sala, aunque Casas emitió un voto particular concurrente, es decir, de acuerdo con el fallo, pero que discrepa de algunos fundamentos jurídicos, haciendo hincapié en el daño que a la tutela judicial efectiva puede hacer el escaso tiempo con que se ha contado para resolver las impugnaciones y presentar los recursos.
    Un año después, el alto tribunal desestimó por unanimidad de sus seis magistrados el recurso de amparo de la agrupación electoral Herritarren Zerrenda (HZ) contra la sentencia del Supremo que anuló la candidatura mencionada para las elecciones del 13 de junio de 2004 al Parlamento Europeo.
    El Constitucional avaló el criterio del Supremo de que HZ continuaba la actividad de formaciones ilegalizadas, como Batasuna. La sentencia volvió a contar con el voto concurrente de María Emilia Casas, que compartía la argumentación y el fallo pero disentía de la constitucionalidad del proceso regulado en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, dada la perentoriedad de los plazos para la tramitación y resolución en el supuesto de exclusión de candidaturas.
    En este sentido, otorgó la razón al abogado defensor de HZ, quien señalaba que en diez días era imposible afrontar con garantías un proceso como ese.
Galardonada
La magistrada lleva 11 años en el TC, donde cobra 146.342,58 euros al año. Se incorporó a este organismo en 1998, después de que fuera elegida por el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE.
    Natural de Monforte de Lemos, hija de un registrador de la propiedad, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.
    Casas formó parte de la comisión gestora de la Universidad Carlos III, a las órdenes de Gregorio Peces-Barba.
    El 16 de noviembre de 2006 fue galardonada con el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.