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    Karmelo Landa y María Emilia Casas
    Editorial

    Casas liberó a Landa

    08 NOV 2009

    No ganamos para sustos con el Tribunal Constitucional.

  • No ganamos para sustos con el Tribunal
    Constitucional.
    No sólo acumula retrasos (el de de la
    sentencia del Estatuto de Cataluña alcanza la categoría
    de bochorno nacional) y aplaza su imprescindible renovación,
    sino que, con frecuencia, se conocen entresijos de la postura y
    trayectoria de algunos magistrados que contribuyen a desprestigiar
    una institución que, desde la decisión de Rumasa, no ha
    logrado remontar el vuelo.

    Hoy, LA GACETA publica en exclusiva una
    información que afecta directamente a la que todavía
    (lleva meses de prórroga) es su presidenta, María
    Emilia Casas, y también al que es ahora su marido, Jesús
    Leguina,
    que también fue magistrado del tribunal entre los
    años 1986 y 1992.

    En síntesis, nuestra información
    descubre la gran amistad, la relación evidente, que tiene la
    pareja Leguina-Casas con un histórico dirigente de Batasuna,
    Karmelo Landa, un duro entre los duros
    que ahora mismo permanece en
    la cárcel desde que en febrero del pasado año 2008
    fuera detenido junto con otros 13 miembros de la Mesa Nacional,
    acusados, lisa y llanamente, de pertenencia a banda armada. Hay que
    recordar a este respecto que el Tribunal Supremo ha modificado su
    doctrina, la que identifica a la propia Batasuna con la banda
    terrorista ETA. Por ello, nosotros en LA GACETA no tenemos el menor
    reparo denominar etarra al susodicho Landa.

    El vínculo de Leguina y Casas es
    desvelado en nuestra información con profusión de
    detalles por la madre del mismo Landa, Guadalupe Mendible, la cual no
    sólo reconoce la amistad, sino que añade que Leguina
    “le echó una mano en los estudios de sus hijos”. Nada hay
    que reprochar a esta filantrópica acción; la madre de
    Landa no tiene ninguna responsabilidad en las actividades de su hijo

    y tanto Leguina como la propia Casas, hicieron perfectamente en
    ayudar a quien, además, había asistido domésticamente
    en casa de los progenitores del mismo Leguina.

    El problema es otro. El 20 de julio de
    1999, el Tribunal Constitucional revocó una sentencia judicial
    del Supremo y puso en libertad al completo de la Mesa Nacional de
    Batasuna, cuyos integrantes habían permanecido 20 meses
    encarcelados. El Constitucional consideró que el recurso de
    amparo presentado por los abogados de la coalición tenía
    perfecto fundamento
    porque “los vídeos de ETA presentados
    por Batasuna en la campaña de las elecciones generales de 1996
    no eran constitutivos de un delito de colaboración con banda
    armada”.

    El fallo, nunca mejor calificado, del
    TC desató un vendaval de críticas escandalizadas por
    una decisión que propiciaba la continuación de las
    actividades de los proetarras —entonces todavía el Supremo
    no les había llamado directamente etarras— liberados. Pero
    es que, además, cuatro de los magistrados del TC, entre ellos
    la propia María Emilia Casas, formularon un voto particular
    concurrente
    en el que enjuiciaba duramente al Supremo, que “había
    condenado sin pruebas” a los citados integrantes de Batasuna.

    Y de aquí, de la contribución
    de Casas a la sentencia del Constitucional, nace el problema porque,
    dada la notable relación de la entonces magistrada y ahora
    presidenta con Karmelo Landa, lo procedente es que ella se hubiera
    abstenido a la hora de emitir un fallo
    (volvemos a insistir en la
    propiedad del término) favorable también
    individualmente al mismo Landa. No lo hizo y, como adelantamos en la
    información de este número, Casas pudo incurrir, según
    opiniones jurídicas muy autorizadas, en una falta muy grave
    que tiene incluso una penalización igualmente grave. Claro
    está que la posible sanción ya ha prescrito; lo que no
    ha prescrito sin embargo es la impresión de que Casas, hasta
    por estética procesal, no debió participar en la
    liberación de los batasunos.

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