
No ganamos para sustos con el Tribunal Constitucional.
No ganamos para sustos con el Tribunal
Constitucional. No sólo acumula retrasos (el de de la
sentencia del Estatuto de Cataluña alcanza la categoría
de bochorno nacional) y aplaza su imprescindible renovación,
sino que, con frecuencia, se conocen entresijos de la postura y
trayectoria de algunos magistrados que contribuyen a desprestigiar
una institución que, desde la decisión de Rumasa, no ha
logrado remontar el vuelo.
Hoy, LA GACETA publica en exclusiva una
información que afecta directamente a la que todavía
(lleva meses de prórroga) es su presidenta, María
Emilia Casas, y también al que es ahora su marido, Jesús
Leguina, que también fue magistrado del tribunal entre los
años 1986 y 1992.
En síntesis, nuestra información
descubre la gran amistad, la relación evidente, que tiene la
pareja Leguina-Casas con un histórico dirigente de Batasuna,
Karmelo Landa, un duro entre los duros que ahora mismo permanece en
la cárcel desde que en febrero del pasado año 2008
fuera detenido junto con otros 13 miembros de la Mesa Nacional,
acusados, lisa y llanamente, de pertenencia a banda armada. Hay que
recordar a este respecto que el Tribunal Supremo ha modificado su
doctrina, la que identifica a la propia Batasuna con la banda
terrorista ETA. Por ello, nosotros en LA GACETA no tenemos el menor
reparo denominar etarra al susodicho Landa.
El vínculo de Leguina y Casas es
desvelado en nuestra información con profusión de
detalles por la madre del mismo Landa, Guadalupe Mendible, la cual no
sólo reconoce la amistad, sino que añade que Leguina
“le echó una mano en los estudios de sus hijos”. Nada hay
que reprochar a esta filantrópica acción; la madre de
Landa no tiene ninguna responsabilidad en las actividades de su hijo
y tanto Leguina como la propia Casas, hicieron perfectamente en
ayudar a quien, además, había asistido domésticamente
en casa de los progenitores del mismo Leguina.
El problema es otro. El 20 de julio de
1999, el Tribunal Constitucional revocó una sentencia judicial
del Supremo y puso en libertad al completo de la Mesa Nacional de
Batasuna, cuyos integrantes habían permanecido 20 meses
encarcelados. El Constitucional consideró que el recurso de
amparo presentado por los abogados de la coalición tenía
perfecto fundamento porque “los vídeos de ETA presentados
por Batasuna en la campaña de las elecciones generales de 1996
no eran constitutivos de un delito de colaboración con banda
armada”.
El fallo, nunca mejor calificado, del
TC desató un vendaval de críticas escandalizadas por
una decisión que propiciaba la continuación de las
actividades de los proetarras —entonces todavía el Supremo
no les había llamado directamente etarras— liberados. Pero
es que, además, cuatro de los magistrados del TC, entre ellos
la propia María Emilia Casas, formularon un voto particular
concurrente en el que enjuiciaba duramente al Supremo, que “había
condenado sin pruebas” a los citados integrantes de Batasuna.
Y de aquí, de la contribución
de Casas a la sentencia del Constitucional, nace el problema porque,
dada la notable relación de la entonces magistrada y ahora
presidenta con Karmelo Landa, lo procedente es que ella se hubiera
abstenido a la hora de emitir un fallo (volvemos a insistir en la
propiedad del término) favorable también
individualmente al mismo Landa. No lo hizo y, como adelantamos en la
información de este número, Casas pudo incurrir, según
opiniones jurídicas muy autorizadas, en una falta muy grave
que tiene incluso una penalización igualmente grave. Claro
está que la posible sanción ya ha prescrito; lo que no
ha prescrito sin embargo es la impresión de que Casas, hasta
por estética procesal, no debió participar en la
liberación de los batasunos.
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