Ceder jurisdicción a Kenia o retirar acusación a los piratas, únicas vías legales para modificar su situación

06 NOV 2009 | Ep

La denuncia de la Abogacía del Estado motivó la intervención de Garzón, al estimarse que el delito era competencia española. La denuncia de la Abogacía del Estado motivó la intervención de Garzón, al estimarse que el delito era competencia española.

Madrid.-  Así, una de las vías legales para afrontar la actual situación pasaría por que una de las partes personadas planteara al juez Pedraz una cesión de jurisdicción en favor de las autoridades keniatas (en función de los convenios de colaboración firmados con el país africano), si bien la Audiencia no se pronuncia sobre el modo en el que se resolvería esta cuestión. Otra posibilidad, si bien muy improbable, sería que el Ministerio Público retirara la acusación contra los corsarios por falta de pruebas.

Por ello, la Audiencia Nacional considera "muy complicado" que los dos presuntos piratas detenidos tras el secuestro del atunero español 'Alakrana' pudieran ser trasladados y puestos a disposición de la Justicia de Kenia para facilitar la liberación de los 36 tripulantes de la embarcación que permanecen capturados, tres de los cuales fueron este jueves trasladados a tierra.

En fuentes de la Fiscalía, además, se llama la atención sobre el poco o nulo efecto que la citada cesión de jurisdicción tendría en los secuestradores, que lo que exigen es la liberación de los dos detenidos.

Competencia española

Defensa tardó siete días en hacer efectiva la orden dada por el juez Garzón el 5 de octubre para que los piratas fueran entregados de forma "urgente" en la Audiencia Nacional. Desde el principio se les acusó de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas.

Al regreso de Pedraz al Juzgado, el pasado día 23, la situación se vio complicada casi hasta el esperpento por las dudas sobre la edad del más joven de los apresados, "Abdu Willy", que motivó la peregrinación del presunto corsario por prisión, centros de acogida y centros de menores hasta que la séptima prueba médica que se le realizó (en la clavícula) despejó las dudas sobre su mayoría de edad.

Precisamente en el auto dictado el pasado lunes por el Pleno de la Sala  de lo Penal, en el que se determinó que el juez competente para investigar al supuesto corsario era Santiago Pedraz y no el juez de menores, se establecía con claridad que el caso debe ser investigado y juzgado por los tribunales españoles. 

La Sala de lo Penal justificaba su competencia para actuar penalmente contra los dos detenidos al tratarse de los presuntos autores de un acto de violencia ocurrido "a bordo de un buque español" que se corresponde con delitos recogidos por el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y la Convención sobre el Derecho del Mar.

Por su parte, la Fiscalía ya se pronunció sobre esta cuestión en el escrito que dirigió al juez el pasado 5 de octubre para solicitar la prisión de los dos detenidos por 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas.

Al margen de Atalanta

En ese escrito, el fiscal Jesús Alonso defendía con claridad la competencia de los tribunales españoles argumentando que la acción de piratería que se imputa a los dos detenidos se produjo "fuera de la zona de seguridad de la Operación Atalanta y, por lo tanto, al margen de las previsiones operativas y legales acordadas por la Unión Europea en el marco de la citada operación".

De esta forma, el Ministerio Público defendía que en este caso "no resultan aplicables" los acuerdos de colaboración y el Canje de Notas que la Unión Europea y Kenia firmaron en febrero pasado y que establece que la jurisdicción de este país es la única competente para juzgar a los detenidos en el marco de esta operación. La Fiscalía también destacaba que la Justicia española debe hacerse cargo de esta causa por tratarse de "una agresión contra un buque español y contra ciudadanos españoles".