Editorial

Engaño y malversación

04 NOV 2009

La Sociedad de Alquiler, una ocurrencia carísima.

El colmo de la nefasta administración pública y peor gestión de los recursos de los ciudadanos es la creación de una agencia pública inútil, que realice una función que puede hacer mejor o de forma más eficiente el sector privado. Que, además, actúe reconociendo tal hecho y que encima sea costosísima, torpe en su cometido y opere en condiciones de quiebra técnica y económica, aunque amparada en su condición de “pública” no quiebre de facto, porque algo que diferencia al Estado del resto de agentes económicos es su imposibilidad de quebrar, ya que en todo momento puede recurrir a la obtención coactiva de recursos. Aunque podrían mencionarse varios organismos públicos con tales características, tal es el caso de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) de la que, en sede parlamentaria, hemos sabido de sus dificultades financieras, no sin las correspondientes dosis de ocultación. Y es que en la comparecencia del secretario general de Vivienda, Javier Ramos, el pasado mes de octubre, para explicar los Presupuestos Generales de 2010 correspondientes a su ministerio, reconoció que la SPA había contabilizado pérdidas durante el ejercicio de 2008 (22 millones de euros) superiores a su capital social (20 millones), por lo que el departamento que dirige Beatriz Corredor tuvo que realizar una aportación extraordinaria de 8,5 millones de euros a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

 Para enmarañar un poco más los datos, Vivienda decidió presentar las cuentas de Sepes como grupo consolidado, donde se engloban los resultados de la SPA y de Sepes Urbana, justificándolo en la creación del mismo a principios de año. Pero los trucos contables o estadísticos no pueden ocultar que, desde su instauración en 2005 hasta la fecha, la SPA ha suscrito apenas 11.220 contratos de arrendamiento.

 Sabido es el raquitismo que padece nuestro mercado de alquiler inmobiliario, cuyas causas o problemas no van a resolverse con la actuación de Vivienda o del SPA, como es obvio. Pero cualquier empresa privada de alquiler que presentase tal magro número de operaciones y resultados en casi cinco años (algunos de ellos con un mercado inmobiliario boyante) no habría resistido el más mínimo análisis de gestión y, desde luego, sus propietarios habrían tomado cartas en el asunto con celeridad.
 La situación es aún peor. Las pérdidas acumuladas entre 2007 y 2009 alcanzan los 30 millones de euros y a los 13 millones inyectados por el Estado como atenuante habrá que añadir otro crédito por valor de 6,4 millones más para que la ministra del ramo pueda presentar una reducción maquillada de deuda en 2010, cuando rinda cuentas.

 De los apenas 8.656 pisos en alquiler en la actualidad, el 24% genera una renta inferior a la que la SPA se ha comprometido a pagar a los propietarios. De manera que con los impuestos de todos beneficiamos a un pequeño grupo de propietarios y arrendatarios: una auténtica transferencia de riqueza, aunque de dudosa justicia y moralidad.

 Y eso no es todo, pues además determinadas inmobiliarias privadas sacan tajada al traspasarles la SPA, en clara dejación de funciones, la formalización y gestión de los arrendamientos de los que se supone debería encargarse, lo que no ha impedido que varias de ellas, afectadas por la crisis, hayan desaparecido, como es el caso de Fincas Corral, que ha gestionado arrendamientos de pisos cuyos propietarios son organismos públicos, como la Tesorería General de la Seguridad Social.