La empresa embotelladora de Coca-Cola Cobega ha iniciado un proceso de reorganización de sus operaciones en las Islas Canarias que implicará el cierre del área productiva y logística de Ingenio (Gran Canaria), que cuenta con 49 trabajadores, y la concentración de esta actividad en su fábrica de Tacoronte (Tenerife).
Según informaron a Europa Press en fuentes de la compañía, esta decisión se debe a la "importante" caída de ventas en este mercado como consecuencia de la crisis, a lo que se suma el impacto de las importaciones "descontroladas" de latas de Coca-Cola de países de fuera de la Unión Europea.
La empresa señala además que se ha producido un descenso "acusado" de la productividad de este centro productivo como consecuencia de la disminución de actividad.
En cualquier caso, mantendrá en sus instalaciones de Ingenio las actividades de distribución, marketing, ventas y servicio técnico, así como el manantial de Aguas del Toscal.
La dirección de Cobega, que ha abierto un proceso de negociación con los sindicatos para estudiar posibles prejubilaciones o recolocaciones de los trabajadores del área productiva, afirma que su decisión afectará a menos del 10% de su plantilla en esta zona. La empresa, que también tiene plantas en Cataluña y Baleares, tiene un total de 395 empleados "distribuidos entre todas las islas".
Las citadas fuentes advirtieron del "problema" que representan las importaciones de latas de refrescos de países como Egipto o Estados Unidos, que están entrando en Canarias a siete céntimos por unidad.
Según informaron a Europa Press en fuentes del sector, el sistema Coca-Cola España, integrado por la filial del fabricante de refrescos y siete empresas embotelladoras de capital 100% español, deja de ingresar más de 60 millones de euros anuales como consecuencia de las ventas de Coca-Cola importada.
Se trata sobre todo de partidas comercializadas por importadores independientes en el canal de la hostelería y que proceden de países como Egipto, Mauritania, Argelia, Polonia y otros países de Europa del Este. Para el consumidor no existe diferencia de precio, pero adquiere un producto cuya trazabilizad se desconoce, y además algunos incumplen la normativa que obliga a que el etiquetado vaya en español.