Madrid.- Uno de los proyectos estrella de la primera legislatura socialista, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), pierde anualmente más de tres millones y medio de euros.
Se trata de un organismo creado en 2005 por la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, con el objetivo de incrementar el alquiler de viviendas como forma de frenar el aumento de precio de los pisos y profesionalizar el mercado de alquileres. Funciona como una empresa privada que capta casas en el mercado y busca inquilinos.
El Ministerio de Vivienda estableció, como margen óptimo, que en cada operación se debe obtener un beneficio del 21%. La SPA ha pedido a sus empleados que se llegue al 23%.
Pese a que oficialmente, según afirma el Ministerio de Vivienda, “se encuentra en equilibrio”, la base de datos real de esta sociedad es clara al respecto. De los pisos arrendados, 8.656, el 24% está generando pérdidas puesto que la renta que pagan los inquilinos es considerablemente inferior a la que la SPA paga a los propietarios.
Como resultado, todos los meses se pierden en estas operaciones 300.000 euros, lo que al año suma 3,6 millones. A ello hay que añadir el sueldo de los más de 60 empleados de la sociedad (que supone casi dos millones de euros al año), el coste de las instalaciones y los gastos de gestión.
Todo esto hace que las pérdidas de la SPA asciendan a casi seis millones de euros en lo que va de 2009. Una situación que dista mucho de ser de equilibrio presupuestario, pese a que así lo haya afirmado la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en el Congreso de los Diputados.
El portavoz en la comisión de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, en declaraciones a LA GACETA, ha calificado los resultados de la SPA como “totalmente desastrosos”. Y lo explica aportando los siguientes datos: “Las pérdidas acumuladas en 2007 eran de 14 millones y medio, en 2008 sumaron otros ocho y medio y si ahora añadimos otros seis en 2009, estamos hablando de 30 millones”.
Según el diputado popular, ya han recibido 13 millones de inyección desde el Estado y en 2010 recibirán un nuevo crédito del Gobierno por valor de 6,4 millones.
Por eso, afirma, la ministra ha manifestado su intención de rendir cuentas económicas en 2010, cuando la deuda se haya reducido a 10 millones tras estos "movimientos de dinero público”.
Para Matos, “la Sociedad Pública de Alquiler es un agujero negro”, y no sólo en lo económico, ya que “si por lo menos hubiera dinamizado el mercado podría ser justificable, pero mantener, cuatro años después de su creación, un volumen de alquiler tan escaso es algo injustificable”.
Por eso ha pedido en dos ocasiones la disolución de la sociedad, moción para la que ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos del PSOE.
Cambio directivo
La situación que atraviesa la SPA ha hecho que se hayan sustituido los cargos de la directiva de la sociedad en los últimos meses. Esta remodelación ha sido realizada por la nueva presidenta Nieves Huertas, una antigua amiga de la actual ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
Se trata de una ejecutiva que estaba a punto de ser despedida del grupo Sacyr-Vallehermoso y que pidió una excedencia para sustituir a Alejandro Inurrieta, a quien se obligó a dimitir para dejar su puesto a Huertas.
Su nombramiento coincidió con la inyección de 8,5 millones de euros para que se encontrase la sociedad en mejor situación económica. El plan diseñado por la presidenta se ha ido aplicando por etapas, pero no ha conseguido solucionar los problemas.
Un año después de su nombramiento cambió a los dos directores que más responsabilidad tenían en la gestión económica y nombró a José Antonio Pascual como nuevo director comercial y a María del Mar Baena como directora financiera.
A partir de enero de 2009 se eliminó la clausula más llamativa de los contratos que la sociedad firmaba con los propietarios de las viviendas. Consistía en el compromiso de abonarles la totalidad de la renta durante cinco años, a partir del primer alquiler gestionado por la SPA, aunque la casa se quedase vacía.
Se intentó compensar a los dueños de las casas introduciendo mayores garantías frente a destrozos y daños en las viviendas. El problema es que se tienen que seguir pagando las más de 2.000 viviendas contratadas antes de esa fecha cuyos contratos recogen la claúsula.