Madrid. Ramiro García de Dios Ferreiro fue suspendido y separado de la carrera judicial por una resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por haber cometido presuntamente dos faltas graves en 2008. García de Dios recurrió este acuerdo del máximo órgano de gobierno de los jueces y ahora es el Tribunal Supremo quien debe decidir sobre su expulsión definitiva de la carrera judicial. García de Dios, juez de instrucción del Juzgado número 6 de Madrid, ordenó el archivo de las diligencias instruidas por la Guardia Civil del Seprona contra la Clínica Isadora, denunciada por haber practicado presuntamente abortos ilegales.
Según ha podido saber LA GACETA de fuentes del CGPJ, las faltas muy graves que se le atribuyen y que pueden provocar su expulsión de la carrera judicial tienen que ver con el contenido de los apartados 6 y 8 del artículo 417 de esta Ley Orgánica del Poder Judicial. En el primero de ellos se sancionan como faltas muy graves las conductas consistentes en incurrir “en el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”. En el segundo de estos apartados del artículo 417, se sanciona “la inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas”.
Expedientes disciplinarios
Este juez acumula un abultado dossier de sanciones y suspensiones de empleo por su presumible incursión en infracciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece como infracciones graves o muy graves, respecto del reglamento que regula la conducta de los jueces y magistrados. Y es que en la actualidad, además de las dos infracciones ya mencionadas y pendientes de sentencia, le siguen sendos expedientes disciplinarios por dos faltas graves.
Uno de ellos, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este periódico, se basa en los conceptos de “abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales”. Y de nuevo, al igual que sucede con una de las faltas investigadas por el CGPJ, por “incurrir en el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”.
Ramiro García de Dios ya fue suspendido de sus funciones durante un mes en el año 2002, por decisión del CGPJ. En aquella ocasión, este juez estaba de guardia en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Según especifica el informe policial, pasadas las once de la noche unos agentes presentaron ante García de Dios un atestado por el que ponían a disposición judicial a una persona detenida por estar en posesión de 38 gramos de cocaína. El detenido se encontraba en esos momentos ingresado en un hospital en estado de inconsciencia. El juez constató a través del médico forense que el detenido no estaba en condiciones físicas ni psíquicas de prestar declaración. Así que acordó iniciar unas “diligencias indeterminadas” y devolver el atestado a la Policía para que, una vez recuperado, “hiciese lo que estimara conveniente o, en su caso, lo presentara al Juzgado que correspondiese”.
A por la Guardia Civil
Los miembros del Seprona de la Guardia Civil con los que ha contactado LA GACETA afirman que ya conocían la trayectoria profesional “poco ortodoxa” de García de Dios cuando éste decidió no realizar ni una sola diligencia de investigación para aclarar el contenido de la grave denuncia que le presentaron los agentes, en relación con los supuestos casos de abortos ilegales practicados en la Clínica Isadora.
Afirman también que “cumplieron bien y fielmente” las órdenes recibidas del magistrado José Sierra Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, nuevo instructor de las diligencias judiciales sobre las presuntas irregularidades cometidas en las clínicas del doctor Morín. Fue este magistrado quien ordenó los registros y el que imputó por abortos ilegales a tres médicos de la Clínica Isadora.
Cuando los abogados de los médicos abortistas recurrieron la instrucción, la Audiencia Nacional decidió que el caso volviera al primer juzgado donde recayó la investigación inicial de la Guardia Civil, esto es, el Juzgado número 6 que dirige García de Dios.
Este juez, en su auto de archivo definitivo de las diligencias dictado el pasado 15 de octubre, insta a los responsables de la Clínica Isadora a actuar contra la Guardia Civil del Seprona.
Recuerda a los médicos y a esta clínica privada que “tienen derecho a la reserva de las acciones penales que estimen pertinentes, en relación con la actuación concreta de agentes concretos de la Guardia Civil-Seprona, y en relación con las afirmaciones vertidas en las querellas”.
Los miembros de la Guardia Civil que participaron en las investigaciones sobre la Clínica Isadora, –un capitán, un alférez, un sargento y varios agentes–, están condecorados por la Benemérita. Algunos de ellos poseen la Cruz Roja al Mérito de la Guardia Civil por servicios en la lucha contra el terrorismo, y otros hasta tres Cruces de Plata, la segunda en importancia en el cuerpo de seguridad, por su intervención en el descubrimiento y detención de autores de asesinatos, atracos, pedofilia y asaltos a joyerías.
El Ministerio del Interior que capitanea Alfredo Pérez Rubalcaba pretende “depurar responsabilidades” entre estos agentes porque desobedecieron la orden del primer juez instructor, García de Dios, de cerrar las pesquisas y siguieron adelante investigando la clínica abortista. La intención de Rubalcaba es abrirles un expediente disciplinario por falta grave.