La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, fue uno de los miembros del órgano que revocaron la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) de condenar por colaboración con ETA a los miembros de la dirección de Herri Batasuna (HB).
María Emilia debió abstenerse de la votación, ya que entre quienes pidieron el amparo se encontraba Karmelo Landa, con el que tiene una estrecha amistad. Según ha podido saber este diario, la madre del etarra fue niñera de Jesús Leguina, marido de la presidenta del Constitucional; y también trabajó como asistenta en casa de la familia de Leguina.
HB, en libertad
El 20 de julio de 1999, la Mesa al completo de HB, encabezada por Karmelo Landa, fue puesta en libertad tras permanecer 20 meses en prisión. Los 12 magistrados del TC decidieron conceder el recurso de amparo que habían pedido los 23 ex dirigentes de Herri Batasuna y ordenaron su inmediata liberación.
El Constitucional consideró que la emisión de los vídeos de ETA por la coalición abertzale, en la campaña de las generales de 1996, no era constitutiva de un delito de colaboración con banda armada.
Ama Guada
Ni María Emilia Casas ni su marido, Jesús Leguina, han querido contestar a LA GACETA sobre esta relación de amistad con la familia Landa y su posible influencia en las decisiones judiciales de la presidenta del Constitucional.
La historia que une a estas dos familias se remonta a la posguerra española en Ea, un municipio pesquero de la costa nordeste de Vizcaya, a 50 kilómetros de Bilbao. Allí veranaba el matrimonio Leguina-Villa, futuros suegros de María Emilia Casas. Luis Leguina Suárez era un prestigioso médico de Bilbao, especialista en pulmón y corazón. Estaba casado con Isabel Villa.
La madre del etarra Karmelo Landa, Guadalupe Mendibe, prestó sus servicios como asistenta y niñera en la casa de los Leguina, que alquilaban durante los meses de julio y agosto un piso en este pueblo pesquero.
“Me llevaron con ellos para Bilbao cuando tenía 16 años y estuve hasta los 19”, cuenta a este diario Guadalupe Mendibe, de 84 años, echando la vista atrás. Regresó a su pueblo natal porque los padres, según ha explicado, la reclamaban en su casa.
El matrimonio Leguina-Villa tenía siete hijos. Uno de ellos es Jesús Leguina, el marido de la presidenta del Constitucional. Guada —así es como la llaman sus allegados—, explica que desde que estuvo trabajando en la casa de aquel matrimonio de Bilbao mantiene un contacto regular con todos los miembros de la familia. “Los padres murieron, pero los hijos me llaman por Navidad y por mi cumpleaños e incluso vienen a visitarme en verano”, explica.
El padrino
Cuenta que al quedarse viuda y tener que criar sola siete sus hijos, los Leguina-Villa la ayudaron siempre que recurrió a ellos. “Me han echado una mano en los estudios de mis hijos”, señala. Una fuente consultada por este diario asegura que “uno de los hermanos del dirigente es ahijado del esposo de Casas y que en su día le pagó la carrera de abogado”.
Jesús Leguina desarrolló la primera etapa de su actividad profesional en el ámbito universitario del País Vasco, donde fue decano de la Facultad de Derecho de San Sebastián y vicerrector de la Universidad del País Vasco. Uno de los hermanos del etarra, Juan Jesús Landa, es abogado y tiene una empresa de asesorías e investigación en Álava.
Guadalupe comenta que con quien más contacto tiene de los Leguina es con Jesús, marido de Casas, y que aunque ha conocido a todas sus parejas, “con María Emilia ha sido con la que más he tratado”. “Veranean en Donosti y nos visitan mucho”, señala la madre del etarra. Según manifiesta, el matrimonio no ha ido a verla este verano, “pero el pasado sí lo hicieron”. “Siempre que vienen me traen algo”, apunta la madre de Karmelo Landa. “Me quieren mucho”, sentencia.
Fuentes jurídicas han confirmado a este periódico que la no abstención de un juez o magistrado en un asunto en el que tiene amistad íntima manifiesta con alguna de las partes supone una falta disciplinaria muy grave que puede acarrear desde una simple advertencia, multa, traslado forzoso o suspensión durante tres años hasta la separación del cargo.
La posible sanción habría prescrito en la actualidad, ya que la sentencia es de 20 de julio del año 1999 y este tipo de faltas no son sancionables transcurridos dos años.