Nacho Bosque. Madrid
María Teresa Fernández de la Vega explicaba en su toma de posesión como miembro del Consejo de Estado, el pasado 4 de noviembre, que agradecía al presidente del Gobierno “el haber elevado al Consejo de Ministros mi nombramiento como consejera permanente de esta institución”. Esta designación supondrá que la ex vicepresidenta pasará a cobrar a partir del mes que viene el doble de lo que percibía hasta ahora como miembro del Gobierno.
A partir de ahora De la Vega pasará de ingresar 73.486 euros brutos anuales a alcanzar los 142.367. Esta sustancial mejora en las retribuciones de la ex política es consecuencia de que durante dos años percibirá dos sueldos: 83.578 euros como miembro del Consejo de Estado y el 80% de su salario como vicepresidenta del Gobierno, como indemnización por haber cesado en el cargo (58.789 euros).
El hecho de que haya pasado a ocupar un puesto de categoría permanente del Consejo de Estado le garantiza cobrar de por vida de esta institución, algo que, con su jubilación cercana, es, sin duda, digno de estos agradecimientos de la hasta hace poco número dos del Gobierno hacia José Luis Rodríguez Zapatero, quien la ha aupado a tan cotizado puesto.
María Teresa Fernández de la Vega tiene 61 años y, en caso de que dentro de cuatro años se jubilara, como cualquier ciudadano de a pie, la pensión que le quedaría sería la máxima, que es de 34.526 euros. Esta cantidad la obtendría tanto en su calidad de ex miembro del Gobierno como de ex parlamentaria y funcionaria. Cifra apreciable, que, no obstante, es menos de la mitad de lo que percibirá hasta el fin de sus días la ex ministra como consecuencia de su nombramiento en el órgano consultivo del Gobierno.
En términos comparativos, la retirada de la política proporcionará a De la Vega 18 veces la pensión mínima, que es actualmente de 7.744 euros. Prorrateando las pagas extraordinarias a 12 meses, la socialista ingresaría 11.803 euros mensuales, mientras que quienes reciben la pensión mínima sólo alcanzan los 645 euros.
Además, y de cara al futuro, la ex vicepresidenta ha conseguido, mediante su nuevo cargo en el Consejo de Estado, que su sueldo sea, para el resto de su vida, 10 veces superior al de quienes cobran la pensión mínima en España y más del doble de quienes cobran el máximo establecido por la ley.
De la Vega fue vicepresidenta del primer Ejecutivo de la historia de la democracia que ha bajado el sueldo a los funcionarios. Estas medidas económicas no sólo supusieron recortes salariales para los empleados de la Administración, sino que también implicaron la congelación de las pensiones. Esta decisión, tomada por el Ejecutivo socialista el pasado mes de mayo, fue duramente criticada por la mayoría de los grupos políticos y provocó una huelga de funcionarios el 8 de junio.
En el caso de los trabajadores del Grupo A1 de la Administración, al que pertenece De la Vega como magistrada, alcanza el 7% de las retribuciones. Esta reducción salarial no afectará a la ex vicepresidenta, que parece que no volverá a la carrera judicial. De la misma forma, tampoco la congelación de las pensiones tendrá influencia alguna en la ex ministra, quien, en caso de permanecer como consejera del organismo, nunca tendrá que solicitar esta paga a la Seguridad Social.
Los emolumentos actuales de los miembros del Consejo de Estado, se dividen, tal y como figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 2 de octubre, a 12 meses, en 13.054 euros de sueldo, 22.817 euros de complemento de destino y 35.521 euros de complemento específico. A esto habría que sumarle las pagas extraordinarias que ascienden en total a 5.209 euros y los 6.975 euros de los trienios que la vicepresidenta ha acumulado como funcionaria del Grupo A1 a lo largo de sus 36 años de carrera profesional. Sin contar las productividades, que asigna a discreción el presidente del Consejo, De la Vega percibirá 83.578 del órgano consultivo.